La asociación ciudadana, uno de los impulsores del proceso que se sigue en la Audiencia, quiere que se pruebe que Caja Madrid consideraba un complemento retributivo el dinero dispuesto con las tarjetas por una docena de exdirectivos, como ha mantenido el juez para archivar sus causas.
Tarjetas black. 82 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y posteriormente de Bankia. 15,5 millones de euros gastados en todo tipo de productos y servicios con toda la pinta de ser muy personales y algunos de considerable lujo. Spas, electrodomésticos, joyas, trajes, arte sacro, gasolina, tabaco, lotería… Los datos le suenan a cualquier español con televisión en casa pero algo obvio no encaja en la historia de las tarjetas black. De todos los investigados, una docena de exdirectivos de Caja Madrid fueron desimputados a comienzos de este mes por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por considerar probado que se trataba de un complemento retributivo en lugar de un medio de pago para gastos de representación.
Si los cargos de las tarjetas black se hubieran considerado gastos de representación, lo que habría justificado que la entidad madrileña se los intentase deducir a la hora de pagar el Impuesto de Sociedades, la actuación de los exdirectivos habría sido constitutiva de un posible delito, dado el uso personal que hicieron de las tarjetas. Sin embargo si, como sostiene el juez Fernando Andreu para haber archivado la causa contra estos exdirectivos, se trataba de complementos retributivos, la entidad debió retener el IRPF correspondiente, cosa que desde los correos de Blesa que destapó eldiario.es allá por diciembre de 2013 hasta ahora todo apunta que no hizo. Al menos así lo entiende la agrupación #15MpaRato, asociación ciudadana impulsora del proceso frente a Bankia (y las cajas que la formaron) que sigue la Audiencia Nacional.
«Vamos a pedir a la Audiencia Nacional que requiera a Bankia que concrete si, respecto a las teóricas retribuciones que recibieron los exdirectivos, Caja Madrid retuvo el correspondiente IRPF», explica Carmen Herranz, abogada del Colectiu.Ronda que está trabajando en el proceso para #15MpaRato. La respuesta parece bastante probable. Primero porque no se llaman black porque el plástico sea de color negro sino porque eran black a efectos fiscales, no tributaban. Otra prueba son los exdirectivos que han regularizado su situación ante el Fisco tras hacerse pública la existencia de las tarjetas. La regularización de las personas físicas no exime a Caja Madrid de la obligación de haber efectuado las retenciones de IRPF adecuadas.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia se basó, para el archivo de la causa, en que los entonces directivos de Caja Madrid eran empleados por cuenta ajena y no podía atribuírseles un delito de administración desleal como sí cabía con los exconsejeros de la entidad o los antiguos miembros del Comité de Control. Sí les mantiene como responsables a título lucrativo del presunto delito que pudieran haber cometido los consejeros.
La regularización de las personas físicas no exime a Caja Madrid de la obligación de haber efectuado las retenciones de IRPF adecuadas.
Sostiene el juez que los exdirectivos han podido demostrar que se trataba de un complemento retributivo y de libre disposición para el titular de la tarjeta, lo que ha permitido el archivo de la causa contra Rafael Spottorno, ex jefe de la Casa del Rey (que cargó 223.900 euros a su black); al exdirector general de Caja Madrid, Matías Amat (429.000 euros); al exsecretario del Consejo de Administración Enrique de la Torre (304.000 euros), el exdirector de Sistemas y Organización de Caja Madrid Ricardo Morado (que gastó 443.000 euros); el ex director general de Banca Comercial Ramón Ferráz Ricarte (390.000); el exdirector de Banca Comercial y ex consejero delegado de la Corporación Caja Madrid Mariano Pérez Claver (354.000 euros), el exdirector de Comunicación Juan Manuel Astorqui (287.000), el exdirector gerente de la Obra Social Caja Madrid Carlos María Martínez (271.900); la exdirectora de Auditoría Interna Carmen Contreras (277.000); el director de Banca de Negocios Carlos Vela (246.000); el exdirector de Riesgos Ramón Martínez Vilches (99.000) y el exdirector del Gabinete del Presidente y exdirector de Gestión de Activos Luis Gabarda Durán (134.800 euros).
La demostración que considera el juez Andreu de que se trató de complementos retributivos no es el único motivo que ha llevado al archivo de causas contra beneficiarios de las tarjetas black. El juez también archivó recientemente otras 13 causas por considerar que el delito ha prescrito y con ello se ha extinguido la responsabilidad penal. (Bajo estas líneas, uno de los 13 autos). De este modo, la línea que sigue viva en la Audiencia en lo que a las tarjetas black se refiere es la que imputa delitos de administración desleal a 27 exconsejeros de la entidad.
La Agencia Tributaria, a la espera de reanudar su Inspección
Al margen de las posibles responsabilidades penales, cabe también la posibilidad de que se reanude la inspección por parte de la Agencia Tributaria a exdirectivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia, así como a las propias entidades, que fue paralizada por el juez Andreu. De hecho, según fuentes jurídicas, una vez archivadas buena parte de las causas por las tarjetas eso es lo que cabría esperar. La Agencia Tributaria envió al juez Andreu un listado de contribuyentes, incluidos consejeros, directivos y entidades, para conocer si procedía realizar actuaciones por posibles irregularidades en el pago del IRPF en caso de las personas físicas y de no retención del mismo en el caso de las entidades y/o una mala imputación al Impuesto de Sociedades. El juez paralizó las actuaciones inspectoras a Rodrigo Rato y otros 61 consejeros porque el resultado de dicha inspección podía depender de los hechos que investigaba la Audiencia.
En caso de que reanude la inspección, la Agencia Tributaria podría reclamar a Caja Madrid y a Bankia por la retención no practicada lo que conllevaría una sanción tributaria.
Imagen | Flickr – Borkur Slgurbjornsson
