El bloqueo institucional provoca que España lleve diez meses sin aprobar leyes orgánicas, ordinarias y decretos, un hecho sin precedentes. La prórroga del Programa de Activación para el Empleo, en abril, ha sido la única iniciativa legislativa validada en las Cortes desde otoño de 2015. Lo normal es que salgan adelante entre 50 y 80 proyectos al año.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Esa fue la última iniciativa legislativa de calado que aprobó España, hace nueve meses y medio. El bloqueo político surgido de las generales del 20-D y prolongado tras las del 26-J tiene al país sumido en una parálisis legislativa sin precedentes, hasta el punto de que podría cerrarse el 2016 en blanco. Un hecho insólito. La disolución de las Cortes el 26 de octubre de 2015 dio inicio a un periodo de interinidad que no se superó al inicio de la XI Legislatura (13 de enero) y tampoco una vez arrancada la actual (19 de julio). Lo que normalmente había sido un periodo de transición entre mandatos, de unos tres meses, dura ya más del triple y no tiene visos de concluir en breve. De hecho, la investidura de Mariano Rajoy sigue estando muy complicada pese al pacto en ciernes PP-Ciudadanos y la hipótesis de unas terceras elecciones es perfectamente materializable.
El Gobierno cesó el 21 de diciembre y sus miembros permanecen desde entonces en funciones. Tres de ellos han abandonado el Gabinete en este tiempo –José Manuel Soria, Ana Pastor y Alfonso Alonso– y el resto no tiene permitida la iniciativa política. Por eso, no hay ni decretos leyes, ni proyectos de ley ni actividad alguna desde el Ejecutivo más allá del despacho ordinario de asuntos administrativos. El archivo del Congreso que clasifica la actividad de la Cámara aparece completamente desangelado en el apartado de 2016, con la excepción de la convalidación del decreto ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo.
Esa prolongación por un año del paquete de medidas dirigido a asistir «a los trabajadores desempleados con mayor dificultad de inserción» fue la única iniciativa que salió adelante en la legislatura fallida. Incluida dentro de las “urgencias” que según la Ley del Gobierno facultan al Gabinete en funciones a tomar según qué decisiones, recibió el aval del Congreso sin problema. La Cámara baja no aprobó nada más, ni proveniente del Ejecutivo, ni diseñado en la sede de la soberanía nacional ni por supuesto procedente de la iniciativa popular.
En la legislatura fallida llegaron al Congreso 45 propuestas; todas salvo un decreto decayeron al disolverse las Cortes
Y ello pese a la intensa agenda que los diputados desarrollaron de febrero a abril, con hasta 5.376 iniciativas presentadas y 229 debatidas en pleno o comisión. De ellas, el 86% salió adelante, según los datos recopilados por la consultora Political Intelligence. En el apartado estrictamente legislativo, llegaron al Congreso 45 propuestas: 37 proposiciones de ley de los grupos, cuatro de las comunidades autónomas, una de diputados, un real decreto-ley y dos propuestas de reforma de Estatuto de Autonomía. Todo lo que fue pasando los preceptivos trámites decayó en mayo, al disolverse las Cortes por la ausencia de un acuerdo de investidura y convocarse nuevas elecciones.
Así, aparecen vacías las casillas de leyes orgánicas, leyes y decretos legislativos. Únicamente el apartado de decretos leyes cuenta con la citada convalidación de la prórroga para el Programa de Activación de Empleo, la casi obligada excepción a este año que podría concluir también sin la elaboración de la ley anual más importante, la de los Presupuestos Generales del Estado. O se produce rápido una investidura, o el Gobierno tendrá muy difícil presentar a la Cámara el borrador de esa norma, que según la Constitución debe llegar antes del 1 de octubre. De no ser así, se prorrogarán las cuentas del año anterior, sin que sea posible incluir ajuste alguno para cumplir la nueva senda de reducción del déficit pactada con Bruselas.
De no constituirse un Gobierno y haber investidura fallida, enfrentaríamos dos meses con las Cortes activas y la guadaña de la disolución automática esperando a laminar cualquier iniciativa que se desarrolle en ese tiempo. Así, la aprobación del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, junto a las otras cuatro normas que se implementaron al término de la X Legislatura, seguirían siendo las últimas acciones relevantes de la Cámara.
No habrá leyes orgánicas, ni ordinarias, ni decretos salvo que surja algún imponderable. Podría darse el caso de que el marco jurídico español no contara con ninguna norma X/2016, en contraste con lo prolíficos que han sido todos los anteriores desde 1977. El año pasado, por ejemplo, se aprobaron en el Congreso 86 iniciativas legislativas (16 leyes orgánicas, 48 ordinarias, 13 decretos leyes, 9 decretos legislativos). En 2014, fueron 61. Y la media desde el año 2000 se sitúa en 58’5. El récord lo tiene, con 140, el año 1978.
En el siglo XXI, los años de menos actividad legislativa fueron 2008 (18), 2004 (26) y 2000 (38). Todos ellos presentaron periodos de interinidad a consecuencia de las elecciones generales, pero nunca se llegó al extremo actual.
El Gobierno en funciones ha llegado a alertar de que si no hay investidura y los Presupuestos se prorrogan, aparte de arriesgar una multa por no cumplir los compromisos con Europa -hay que presentar un informe a la Comisión antes del 15 de octubre explicando cómo se va a alcanzar el objetivo de déficit-, sería imposible actualizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios, entre otras cosas. Ninguna de estas circunstancias han movido de modo determinante a los actores políticos, que siguen lejos de articular un pacto susceptible de desbloquear el país.
