El actual presidente, José Manuel Vargas, y su antecesor, Juan Ignacio Lema, declararán como investigados por un presunto delito de desobediencia por incumplir las sentencias que obligan a evitar que los aviones sobrevuelen la urbanización Ciudad Santo Domingo.
La batalla legal de los vecinos urbanización Ciudad Santo Domingo contra el ruido de los aviones del aeropuerto de Barajas da un paso más y ahora se dirige personalmente contra los máximos responsables de Aena, el grupo que gestiona los aeropuertos españoles.
Un juzgado de Instrucción de Madrid ha citado a declarar como investigados al actual presidente de Aena, José Manuel Vargas, y a su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Lema, el próximo 4 de julio, informa Europa Press. Ambos ejecutivos se pueden acabar enfrentando a cargos por sendos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente por no haber ejecutado las sentencias que obligan a que los aviones sobrevuelen la urbanización.
Vecinos de Ciudad Santo Domingo interpusieron una querella criminar directamente contra Vargas al considerar que está incumpliendo de manera sistemática los pronunciadmientos judicailes ya firmes para cesar el ruido de Barajas en la zona.
Y es que ya en 2008 el Tribunal Supremo ordenó la adopción de medidas para que los vecinos de la urbanización dejaran de sufrir las consecuencias de la contaminación acústica que provoca el tráfico aéreo. El Alto Tribunal emitió otros dos pronunciamientos en 2011 y 2013 por el incumplimiento de su resolución anterior por parte de Aena.
Desde que se inició la ya larga batalla legal, los vecinos vienen defendiendo que el ruido es evitable mediante aterrizajes desde el Norte hacia Barajas por la izquierda, con lo que se evitaría el sobrevuelo de toda población y con lo que se cumpliría con las exigencias de la organización mundial de seguridad OACI, y haciendo posible mantener en uso de todas las pistas.
Los querellantes consideran que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de desobediencia, que puede conllevar una multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Y, en paralelo, el delito contra el medio ambiente estaría castigado con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio público de uno a tres años.
IMAGEN: El presidente de Aena, José Manuel Vargas.
