El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear posterga al menos una semana la aprobación de las modificaciones técnicas que permiten avanzar en la reactivación de la planta nuclear burgalesa. Los consejeros del organismo pueden aplazar la votación si piden más información sobre el asunto.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pretendía dar este miércoles un empujón al proceso de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. El pleno del centro –el órgano colegiado de cinco miembros que adopta todas las decisiones- tenía previsto analizar toda una serie de modificaciones de criterios técnicos aplicables a la planta en el marco del proceso para su reactivación.
El orden del día de la reunión del pleno incluía hasta siete puntos relacionados con la puesta en marcha de la central de Garoña, la más vieja de España y que dejó de funcionar en diciembre de 2012. Pero las prisas que parece que existen en la cúpula del organismo –dada la acumulación de aspectos que se preveían aprobar ligadas a Garoña- se han topado con la petición de alguno o algunos de los consejeros de aplazar la votación.
El artículo 34 del Estatuto del CSN contempla que los miembros del pleno puedan solicitar el aplazamiento de la toma en consideración de cualquier asunto si explica los motivos, aunque basta con que argumente que se requiere más información para ello. Así que el CSN explica en un comunicado oficial que se han aplazado los puntos del día ligados a la reactivación de Garoña y también otro sobre el cementerio nuclear de Villar de Cañas. Pero sin explicar las causas… cuando la causa parece que sería la división que existe en el propio pleno del centro.
Y es que todas las decisiones en el pleno del CSN sobre la reapertura de la central de Garoña –controlada por Iberdrola y Endesa- nunca se adoptan por unanimidad. Y, muy al contrario, existe ya una extensa bibliografía de votos particulares en contra –expresados por la exministra socialista Cristina Narbona- y también de contraargumentarios para combatir esos votos particulares elaborados por el presidente del CSN, Fernando Marti, y uno de los consejeros propuestos por el PP, Fernando Castelló.
Con el aplazamiento provocado en la reunión de ayer (no se conocerá cuál de los consejeros es el promotor hasta que se apruebe el acta en la próxima reunión) se posterga la aprobación del empujón que desde la cúpula del CSN se pretendía dar a la evaluación del expediente de reapertura de la central más vieja del parque nuclear español. En la próxima reunión, prevista para el miércoles 27 de enero, otro de los consejeros puede pedir un segundo, y último, aplazamiento de la deliberación sobre estos asuntos. Pero ha de ser otro consejero distinto al que lo solicitara ayer.
Nuclenor, la empresa propietaria de la central (controlada a partes iguales por Endesa e Iberdrola), solicitó la reapertura de la planta y en los últimos meses ha ejecutado parte de las inversiones que les exigían los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear para hacerlo factible.
Nuclenor presentó en mayo de 2014 ante el Ministerio de Industria su solicitud para reabrir la central y ampliar su vida útil hasta 2031, cuando cumplirá los 60 años desde su construcción. El CSN exige inversiones millonarias previas a dar el visto bueno a la reapertura y la compañía ha estado frenando durante meses la decisión sobre si realizar las reformas que le reclama el regulador.
¿Por qué este parón? Pues por razones técnicas, económicas… y también políticas. Y es que desde la compañía controlada por Endesa e Iberdrola no se ocultaba hasta hace unos meses que no se quería tomar una decisión por las dudas sobre el escenario que se abriría tras las elecciones del 20-D. Y es que tras el eventual visto bueno del CSN a la renovación de la licencia de explotación, la autorización definitiva la debe dar el Gobierno. Y será el próximo Ejecutivo, que aún no se conoce cuál será, el que debería otorgarla.
El Partido Popular apoya la reapertura de Garoña, pero PSOE recogía explícitamente en su borrador de programa electoral el cierre inmediato de la central burgalesa, Podemos también reclama su clausura definitiva y pretende promover una proposición no de ley en las Cortes recién constituidas para impedir la reapertura de la planta, y Ciudadanos apoya no alargar la vida útil de las centrales españolas más allá de los 40 años así que… el escenario se complica. Iberdrola y Endesa podrían encontrarse con que, tras ejecutar inversiones millonarias, el próximo Gobierno no permite la reapertura.
Mientras que Iberdrola y Endesa se deciden a relanzar los trabajos en Garoña, el propio Consejo de Seguridad Nuclear sí avanzó hace un par de meses en el proceso para la reapertura. El pleno del supervisor de la seguridad nuclear ya aprobó el pasado 4 de noviembre nuevas especificaciones técnicas de funcionamiento de la vasija de la central de Garoña. El pleno del CSN aprobó la revisión de esas especificaciones técnicas para Garoña, y lo hizo con cuatro votos a favor y uno en contra, el de la exministra Cristina Narbona, que volvió a emitir un voto particular para explicar su posición.
La oposición prácticamente al completo rechaza la reapertura de Garoña. Pero parece que PSOE y Podemos, cabezas visibles del rechazo, en lugar de trabajar codo con codo se disputan el protagonismo en el rechazo a la reactivación de la central. Si el martes Podemos (a través del partido verde Equo, con el que se presentó en coalición el 20-D) anunciaba que trabajaba en la redacción de una proposición no de ley contra la reapertura para presentarla en el Congreso de los Diputados, el PSOE se le ha adelantado y ya ha presentado su propio texto en las Cortes este miércoles.
El PSOE ha registrado hoy una iniciativa en el Congreso en la que pide al Gobierno en funciones del PP que no adopte «ninguna decisión» encaminada a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. Los socialistas quieren que se mantenga «sin ninguna modificación» el cese definitivo de la explotación de la central de Garoña vigente desde el 6 de julio de 2013 y piden a Nuclenor que continúen con el proceso de obtención de la autorización de desmantelamiento de la central.
