Dos fiscales, ocho secretarios judiciales, treinta y tres registros policiales repartidos en tres provincias, doscientas cincuenta y dos cuentas bancarias bloqueadas, ciento cincuenta coches de alta gama embargados y una lista de investigados —la figura judicial conocida anteriormente como imputados— que aumenta a la misma velocidad que la pedrea del Sorteo de Navidad. La Comunidad Valenciana se ha despertado este martes con la operación policial más grande que se recuerda y que es sólo el teaser tráiler de lo que se espera por venir.
Porque aunque la Operación Taula (mesa en castellano), ha sacudido la agenda política y mediática del martes lo cierto es que su explosión no ha cogido a nadie por sorpresa. Desde que el pasado verano Izquierda Unida presentara una denuncia por presuntas irregularidades en la empresa pública Imelsa, y lanzara una web con filtraciones del llamado Dipugate, todo el mundo esperaba su plasmación en una operación policial. Los medios de comunicación hablaban desde principios de semana del hecho como ‘bomba de relojería’ para el PP de la Comunidad Valenciana, e incluso advertían de que la trama alcanzaría a la Generalitat con la detención de un alto cargo de los gobiernos del PP y que acabará salpicando a algunos de los partidos de izquierda, extremos aún no confirmados pero que no se descartan en una operación que según han asegurado fuentes judiciales puede exceder fácilmente las 24 horas de actuación. Los partidos políticos han tenido tiempo para preparar este momento.
PPCV: Salvar a la soldado Bonig
Un escándalo en tiempos de Periscope no es una escándalo normal, y el Partido Popular lo sabe. Cualquier votante con una conexión a internet ha podido acceder esta mañana, desde su oficina, el transporte público, o en la cama sin quitarse el pijama , a una sobredosis de información perjudicial para la imagen del Partido Popular Valenciano. Fotos de policías a las puertas de su despacho en el Ayuntamiento de Valencia, conexiones constantes desde la entrada del domicilio del que el fuera su presidente regional hasta esta primavera, goteo de cargos públicos y figuras del partido imputadas… El estrés mediático del PP Valenciano ha superado al que se encontrara este verano cuando todas las portadas de la prensa aparecieron con la foto del Delegado del Gobierno llegando esposado a los juzgados detenido por la policía a la que supone que debería dirigir. Ante tanta modernidad los responsables de comunicación del PP han optado por el latín como estrategia de defensa y se han acogido al famoso primus non nocere—primero no dañar—imponiendo un velo de silencio que acalló la noche del 25 de enero tanto las cuentas oficiales del PP en la comunidad como las de los diputados autonómicos.
Con esta medida el PP valenciano ha buscado aislar de la polémica a su presidenta regional, y portavoz en las cortes autonómicas, Isabel Bonig, derivando cualquier explicación a la secretaria de organización del partido, Eva Ortiz, y al presidente provincial de Valencia, Vicente Betoret, únicos militantes que han dado la cara compareciendo en una rueda de prensa obligada por la intervención policial. Los populares valencianos interpretan los resultados del pasado 20 de diciembre como una demostración de que su partido ha empezado la senda de la recuperación electoral y por lo tanto intentarán no exponer a su cabeza de cartel a una batalla en la que difícilmente se puede ganar.
Las previsiones del PP, en todo caso, es que este primer envite puede salvarse con relativa tranquilidad. Rus es una figura políticamente amortizada y lleva meses fuera del partido, con lo que confían en una estrategia mourinhista para manejar la situación: cuanto menos lleven la iniciativa en el conflicto menos errores podrán cometer, y si no cometen errores quizás este mal trago podrá venderse como una mala gripe que había pasar dentro del proceso de depuración que ya todos reconocen que necesita la rama valenciana del Partido Popular.
Objetivo Rita Barberá
Pero si el Partido Popular confía en canalizar todo el escándalo hacia el cadáver político que es Alfonso Rus, al actual gobierno valenciano sueña con que la corrupción acabe salpicando a la anterior alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Barberá no sólo es uno de los símbolos más importantes de las dos décadas de dominio de los populares en la Comunidad, sino que es una política que todavía participa en la vida política valenciana lanzado dardos a PSPV, Podemos y Compromís desde Madrid. No existe constancia de que Barberá esté en el punto de mira judicial, pero de momento se ha detenido a una de sus concejales —María José Alcón, ex concejal de cultura y esposa de Vicente Grau, vicealcalde con Barberá— y una de sus personas de confianza en el ayuntamiento —María del Carmen García Fuster, ex secretaria del grupo popular en el ayuntamiento de Valencia—; a estas dos detenciones hay que sumar que se investiga al ex concejal de urbanismo Alfonso Novo, elegido para sutituir a Barberá, y a uno de los asesores que contrató su ayuntamiento, Luis Salom, famoso por haber registrado la marca Guanyem València antes que lo hiciera Podemos y por sus constantes polémicas en twitter.
Lo que está por llegar
Pero el mayor reto con el que tendrá que bregar el Partido Popular es que el caso Imelsa ha venido para quedarse. La diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, entregó 10 horas completas de grabaciones de Alfonso Rus, un político conocido por tener incontinencia verbal delante de las cámaras, y del que se teme todo lo que puede haber dicho creyendo que no le escucha nadie. También tendrán que bregar con Marcos Benavent, antiguo hombre de confianza de Rus y testigo clave del juicio—es el autor de las grabaciones—quien no pudo ser más contundente esta semana al declarar: “La mierda va a salir a palazos”. El año más largo del PP valenciano sólo acaba de empezar.
