La disolución de la agrupación local de Valencia ha sido, al menos oficialmente, una medida consensuada entre la dirección del Partido Popular y sus dirigentes autonómicos. Por lo que los populares valencianos ya conocían qué iba a pasar antes del anuncio, y ya estaban preparados para el nuevo rumbo que se quiere que tome el PP de la capital del Turia. Los populares ya sabían el qué de la noticia que llenaría los titulares del viernes 29 de enero, pero esa no era la pregunta que más preocupa a una formación que está en el ojo del huracán.
Cuatro son las preguntas que preocupan a los populares valencianos, y estás responden a otras tantas consecuencias colaterales que envuelven la disolución de la representación del PP en la tercera capital del Estado.
¿Por qué?
El PP valenciano llevaba tiempo preparándose para la llegada de la Operación Taula, pero no para la entrada de los agentes en los despachos de su grupo municipal. Es cierto que María José Alcón, exconcejal de cultura en el consistorio valenciano con el PP, aparecía en las grabaciones realizadas por Marcos Benavent, pero siempre relacionadas con la adjudicación de contratos y no sobre la presunta devolución a altos cargos de las donaciones realizadas al partido de las que de repente han empezado a hablar los medios. Según confirman fuentes internas de los populares valencianos los estrategas del partido esperaban una acción judicial más centrada en la empresa Imelsa y la Diputación de Valencia—entornos para ellos más manejables al ser el coto cerrado de una figura política ya fuera del partido como es Alfonso Rus—, y la propia Rita Barberá aseguró que eran dos actuaciones separadas cuando en la defensa de su gestión que realizó ante los micrófonos de la cadena COPE declaró:“No entiendo cómo se mete y se mezcla una situación como Imelsa con el Ayuntamiento de Valencia”.
En las largas esperas de los medios a las puertas de los registros se empieza a hablar de que alguno de los detenidos ha realizado acusaciones inesperadas durante los interrogatorios, y el rumor ha instalado en el cada vez más crispado ambiente entre los populares valencianos. Saber por qué se sospecha más de la gestión del ayuntamiento que del escándalo de la diputación es prioritario para el PPCV, ya que de ello depende la respuesta que dará al partido al votante conservador, una bolsa de votos en la que aún aspira a pescar la rama valenciana de Ciudadanos.
¿Quién?
El quién es una cuestión importante tanto para los populares como para la oposición. Cincuenta cargos investigados por la policía es la pesadilla de cualquier encargado de relaciones públicas, pero de momento los dirigentes populares tienen con qué trabajar. La mayor parte de los nombres que han trascendido son cargos de poder en la estructura del partido pero segundos o terceras espadas en lo que a conocimiento del electorado se refiere. Los nombres más importantes son políticos con demasiados años de actividad a sus espaldas, o figuras polémicas como la del asesor Luis Salom, y estos dos perfiles son de los que uno se puede fácilmente desprender, y más en un proceso de renovación como el que vende el PP valenciano desde que pasó a ser oposición. Sin embargo a los populares les quita el sueño que la investigación acabe señalando a la máxima autoridad que ha tenido en el ayuntamiento de Valencia: Rita Barberá, a la que la oposición ya trata de vincular con el escándalo.
El aforamiento de la actual senadora Barberá más que una protección es una pesadilla para el Partido Popular que—en el peor escenario para la formación-, podría encontrarse en plena negociación por la investidura con una presión mediática y política asfixiante para que la ex alcaldesa de Valencia renunciara a su protección como senadora y compareciera ante el juez.
¿Dónde?
Pocas preguntas son más importantes ahora mismo para el PPCV que el dónde.
La investigación judicial tiene ahora mismo dos frentes abiertos, Diputación y ayuntamiento de Valencia, y otro al que se lleva apuntando varias días sin confirmarse,—dentro de la ceremonia de la confusión en que se ha convertido estos días Valencia— la mismísima la Generalitat Valenciana. Lidiar con dos frentes ya está desbordando la capacidad de relaciones públicas de los populares valencianos, tener tres frentes abiertos a la vez sería una batalla mediática al nivel de la de Stalingrado. Sí, el triunvirato valenciano de PSOE-Compromís-Podemos sueña con la imputación de Rita Barberá, pero también se relame pensando en que el escándalo alcance al ex-conseller de Hacienda, y único Vicepresidente Segundo que ha tenido nunca la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, un nombre que ha sido señalado por los medios pero a quien la justicia aún no ha llamado a declarar.
Para los populares valencianos es importante que la investigación quede en la diputación, y especialmente en los presuntos sobrecostes en bombillas LED. No todos los tratos que se hicieron allí fueron con políticos del Partido Popular, y hay más probabilidades de que el escándalo llegue a alcanzar a la izquierda, lo que permitiría repartir la culpa. Esquerra Unida ya ha empezado a lanzar indirectas sobre la implicación de más partidos, y recordemos que está es la única formación que ha tenido acceso a las grabaciones realizadas por Marcos Benavent, porque fue la diputada Rosa Pérez Garijo quien realizó la denuncia que inició la Operación Taula.
¿Cuándo?
Bajo el mando de Isabel Bonig el Partido Popular de la Comunidad Valenciana había iniciado una nueva estrategia política basada en recuperar la autoestima de los populares valencianos, y lanzar ataques feroces a la oposición. Pero los dos pilares de esta táctica fallan cuando la operación judicial más grande la historia de tu autonomía explota en la cara de tu partido. Por ello los populares han apostado por responder al escándalo como si fuera estrictamente un asunto de la agrupación valenciana y no del partido autonómico. Esta postura ha permitido que la líder Bonig se resguardara ante el escándalo mientras Vicente Betoret, presidente provincial del PP en Valencia, y Eva Ortiz, coordinadora del PPCV, han sido quienes han salido a dar explicaciones a la prensa.
Sin embargo los populares valencianos tenían inicialmente pendiente celebrar entre finales de enero y mediados de febrero su congreso regional, un acto de reafirmación de autoestima del partido donde se tenía que decidir si Bonig seguía al frente de la estructura autonómica, y que hoy por hoy parece imposible de celebrar.
Para el PP es importante encontrar un “cuándo” adecuado para la celebración de este congreso, pero no es fácil. Están acosados por un escándalo que se vive con intensidad en su fase previa, pero promete ser aún más espectacular cuando empiecen los juicios y el paseíllo ante los tribunales, y las declaraciones de los testigos llenen los titulares.
