El lío judicial de Acciona por la adjudicación de la gestión del suministro de agua a 4,5 millones de catalanes ha sumado otro nuevo frente. La Oficina Antifraude de Cataluña ha emitido un informe en el que aprecia irregularidades en el funcionamiento de Aigües Ter Llobregat (ATLL), una contrata en la que Acciona es el máximo accionista. El documento exige la resolución del contrato sin indemnización, así que el grupo de la familia Entrecanales se quedaría sin los casi 300 millones de compensación que pedía por la posible anulación del concurso de adjudicación si esta se llegaba a producir finalmente.
Acciona aún estaba esperando el veredicto del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la concesión de ATLL cuando, de repente, la Oficina Antifraude se ha metido en su camino.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había declarado nula la adjudicación de ATLL a Acciona, que exigía 296 millones de euros como compensación si este veredicto era ratificado por el Supremo. Y ahí estaba el tema, en el alto tribunal, hasta que Antifraude ha abierto otro melón diferente.
La Oficina, adscrita al Parlament catalán, se ha puesto en contacto con la Fiscalía para transmitirle sus reservas acerca del funcionamiento de ATLL, participada en casi un 80% por Acciona. Un informe de la Oficina se hace eco de una demanda del sindicato CGT y refleja unas posibles prácticas de desviación de fondos de la concesionaria hacia sociedades de la multinacional española.
Aunque las sospechas iniciales del sindicato apuntaban a un supuesto enriquecimiento irregular de 7,5 millones de euros, las pesquisas de la Oficina habrían aumentado esta cifra hasta 13,3 millones. El organismo pide que se cancele la concesión sin indemnizaciones, una medida que se anticiparía a la decisión del Supremo sobre la nulidad del concurso.
La Oficina Antifraude habría destapado un enriquecimiento irregular de 13,3 millones
Desde Acciona criticaron el contenido de este documento y, en un comunicado al que se remiten, tacharon sus conclusiones de “absolutamente infundadas y desproporcionadas”.
“Acciona Agua y ATLL han cumplido en todo momento de forma rigurosa la legalidad y las condiciones contractuales exigidas por el pliego de licitación y por el contrato de concesión”, explicó la compañía de la familia Entrecanales, que también advirtió de que las conclusiones del informe de la Oficina Antifraude “bajo ningún concepto pueden dar lugar a la reversión del contrato de concesión”.
Por su parte, la Generalitat mostró su preocupación ante las graves acusaciones que se vierten sobre la adjudicataria y su accionista mayoritario.
En una declaración en el Parlament, el consejero de Territorio, Josep Rull, habló de “actuación irregular” por parte de la empresa. Rull afirmó que el Govern, mediante una auditoría, detectó pagos por trabajos no realizados, tras lo que informó a la compañía y a la Agencia Tributaria.
Se trata de una postura sobre ATLL que dista de la del Ejecutivo previo, ya que el anterior conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, aseguró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se había “extralimitado” al declarar nula la adjudicación de ATLL a Acciona.
Indemnización multimillonaria
Fuentes del Govern han explicado a SABEMOS que la existencia del informe de la Oficina Antifraude cambia la situación. Ahora el Parlament tiene que investigar la base jurídica de las conclusiones incluidas en el documento para estudiar los pasos a seguir. Y hay mucho dinero en juego.
La Oficina exige en su dossier la extinción de la concesión sin compensaciones como consecuencia de las supuestas irregularidades de la compañía, una conducta que Acciona niega de plano.
La anulación del contrato sin indemnización que pide Antifraude podría dar al traste con las aspiraciones de Acciona, que calculaba que se embolsaría una cantidad mínima de 296 millones si alguna resolución judicial suspendía el contrato de concesión.
Si finalmente los tribunales asumen como ciertas las presuntas irregularidades y atienden las peticiones de la Oficina Antifraude de Cataluña, Acciona podría despedirse de la compensación. Por su parte, el Govern saldría limpio de polvo y paja al ahorrarse un desembolso multimillonario, así que le vendría como agua de mayo.
La compañía Aigües Ter Llobregat (ATLL) distribuye agua a las comarcas de Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Selva, Vallès Oriental y Vallès Occidental.
Después de recibir el líquido elemento de las instalaciones de tratamiento de ATLL, los municipios de estas comarcas pasan a distribuir el agua a sus vecinos.
En total, la compañía abastece a unos 4,5 millones de habitantes.
