El pacto de Gobierno suscrito por los líderes de Partido Socialista y Ciudadanos contempla impulsar un Pacto de Estado que convierta en estable la política energía y que haga posible la transición hacia un sistema eléctrico basado fundamentalmente en las renovables en 2050 y que permita reducir las emisiones de CO2 en línea con los compromisos internacionales sobre cambio climático.
Y en el marco de los planes de transición hacia un nuevo modelo energético más sostenible y que contribuya a la lucha contra el cambio climático, se articulan varias herramientas concretas que van muy en línea con las reclamaciones que en los últimos años –o, en según qué materias, incluso décadas- se han enarbolado desde la izquierda y desde los movimientos ecologistas.
Y es que el pacto firmado por ambos partidos de cara a la constitución de un nuevo Gobierno se incluye el fin de las renovables la próxima década, la aplicación de una moratoria durante toda la legislatura a los proyectos de fracking o acabar con el denominado impuesto al sol creado por el Ejecutivo de Rajoy para impulsar el autoconsumo eléctrico.
El pacto recoge el compromiso que el PSOE incluía en su programa electoral de echar el cierre de todas las centrales nucleares españolas según vayan cumpliendo los 40 años de vida útil, lo que implicaría que España clausuraría su última planta en 2028 (cuando cumple la cuarentena la central de Trillo, en Guadalajara). Una medida que llega en plena batalla por la reactivación de la central de Garoña y el intento de que sea la punta de lanza para que las centrales amplíen su vida hasta los 60 años.
Asimismo, PSOE y Ciudadanos se comprometen a aplicar una moratoria durante toda la legislatura a las prospecciones en búsqueda de hidrocarburos que utilicen fracking (la polémica técnica de fracturación de las rocas mediante inyección a alta presión de aguas y aditivos). En los cuatro próximos años todos los proyectos de fracking quedarían paralizados a la espera de tener más conocimiento sobre las consecuencias de su utilización. En paralelo, se propone “restringir” las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas y petróleo en general, como las realizadas en aguas de Canarias.
El eventual nuevo Ejecutivo que salga del pacto pretende impulsar el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala. Para ello, existe el compromiso de acabar con el impuesto al sol, que es como se denomina al conjunto de cargas que creó el año pasado el Gobierno del PP para gravar el autoconsumo. Socialistas y C’s pretenden implementar un nuevo sistema que contemple el balance neto, esto es, compensar al usuario particular por la electricidad que genere y que vuelque a la red, y restar su aportación del coste de la luz que consuma.
En paralelo, el pacto abre la puerta a poner fin a las ayudas al consumo de carbón nacional para su uso en generación eléctrica, como ya ha exigido la UE para 2018. Y también se contempla la realización de una auditoría del sector eléctrico para determinar los costes regulados que se incluyen en las tarifas de luz y gas, así como para conocer el coste real de cada tecnología utilizada para generar energía.
Multiplicar por diez la rehabilitación de viviendas
Ambos partidos, por otra parte, pretenden lanzar un plan estatal de rehabilitación sostenible de viviendas, con el objetivo de disparar desde las 23.000 viviendas por año que se rehabilitan actualmente para hacerlas más sostenibles hasta las 200.000 viviendas/año en 2025. Una medida que, calculan, serviría para crear 200.000 nuevos empleos.
En el caso de los edificios públicos, se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General –edificios de servicios administrativos– y se marca como objetivo trasladar la obligación al resto de administraciones.
