PSOE y Ciudadanos se comprometen a eliminar todas las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, de modo que no tengan que exigirlo de forma individual los consumidores, y también acabarán con todas las condiciones hipotecarias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado abusivas en diferentes sentencias.
Así consta en el documento que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han firmado este miércoles tras negociar el apoyo de la formación naranja a la investidura del dirigente socialista. Según el texto, ambas formaciones se comprometen a revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, incluyendo la «eliminación completa» de la cláusulas suelo. Igualmente, reformarán la Ley Hipotecaria para eliminar de forma automática todas las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales «sin previa exigencia del titular de una hipoteca».
Contra el sobreendeudamiento
En este sentido, el acuerdo recoge también nuevas medidas para luchar contra el sobreendeudamiento y los desahucios, tales como reconocer el derecho de quienes pierdan su vivienda a un alquiler social y a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente, que «no debe superar el 30% de sus ingresos».
En este sentido, se compromete la puesta en marcha «urgente» de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la Sareb y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías. Sin embargo, no se habla sobre dación en pago aunque en la propuesta de revisión de la Ley de Segunda Oportunidad sí se prevé reducir las condiciones para acogerse a las quitas y garantizar la inembargabilidad de la vivienda habitual en caso de familias con dificultades.
Además, se incorporarán las deudas con Hacienda y Seguridad Social a los mecanismos de concurso de acreedores personal, con el mismo tratamiento que las de las entidades mercantiles y se eliminará el periodo de cinco años que el PP permitió en su ley para revisar las condonaciones de deuda si cambiaban las circunstancias económicas del deudor.
Socialistas y ‘ciudadanos’ aceptan además reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargables las ayudas sociales –renta activa, prestaciones, dependencia, Plan Prepara, renta agraria, etc.– y reforzar la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares para evitar «intereses usureros y abusivos», fraudes y estafas.
En materia energética, ambas formaciones se comprometen a aprobar una Ley de Protección de los Consumidores Vulnerables para prevenir la pobreza energética, que acompañe un Pacto de Estado de la Energía que permita una transición hacia un modelo verde, basado en renovables, autoconsumo y «moratoria» del fracking durante esta legislatura.
Control de los bancos
En materia de control y supervisión bancaria, el acuerdo pasa por «reorganizar» la estructura institucional creando, por una parte, una Autoridad de Control Macroprudencial en el Banco de España que vigile tanto a las entidades financieras como a las compañías de seguros y las empresas de servicios de inversión; y una Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor Financiero en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que «unifique y refuerce» los servicios de reclamación y protección de banca, valores y seguros y supervise a las auditoras.
Además, las dos formaciones abogan por integrar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias en materia de defensa del consumidor, a la par que se dota de mayor «independencia funcional» y recursos humanos y materiales a este organismo.
PSOE y Ciudadanos abogan también por avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales –salvo los no económicos de interés general–, lo que daría cumplimiento a una exigencia de la Comisión Europea (CE) a España y que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha llevado a efecto esta legislatura.
