Sindicatos y asociaciones civiles señalan que el consistorio madrileño no ha cumplido con las “expectativas” en algunas materias, aunque reconocen la dificultad de cambiar el sistema en menos de un año.
Un cambio en el modelo productivo con el eje puesto en los ciudadanos y sus derechos. Esta es la principal petición que han expuesto el conjunto de los agentes sociales tras su reunión ayer en la sede de UGT en la capital. Del documento fruto de la “Cumbre Social de Madrid” se pueden extraer diversas conclusiones.
Por un lado, la crispación en torno a la gestión presupuestaria que está llevando a cabo el ejecutivo de Cifuentes. Por otro, que no es oro todo lo que reluce, ya que el Ayuntamiento tampoco cumple con todos los buenos propósitos que planteó en campaña. A pesar de que este no era el objeto de la reunión, sindicatos y asociaciones reconocieron cierta lejanía de las instituciones en la toma de decisiones, en referencia por ejemplo a las negociaciones con el grupo Wanda respecto al edificio España. Los grupos señalaron que respetan la discreción en torno al acuerdo y las conversaciones entre los interesados, aunque exigen por otro lado cierta participación en las fases del proceso; desde la tarea informativa, hasta el momento de la deliberación.
A pesar de no contar inicialmente con ellos, los órganos representativos valoran positivamente la gestión por el cambio que propone la actual alcaldesa, y reconocen que no es fácil transformar un sistema que lleva más de dos décadas funcionando. “Venimos de la nada y ahora estamos en un gris oscuro”, señalaba el representante de FAPA Giner de los Ríos.
Respecto a la situación de urgencia social en la Comunidad de Madrid, los sindicatos y asociaciones mostraron su preocupación sobre la falta de soluciones e iniciativas eficaces en materias tan sensibles como el Empleo, la Educación o la Sanidad Pública. La principal queja gira en torno a unos presupuestos poco enfocados en los verdaderos problemas de los madrileños –con más de un millón de personas en riesgo de exclusión, una media anual de 7.000 desempleados y un 12% de “trabajadores pobres”-, que han recortado el peso de la partida destinada a Servicios Sociales respecto al año pasado y han reducido las políticas de ayuda a la inmigración un 32% en comparación a 2015, según recoge el informe. El aumento del gasto en las partidas básicas, el cambio hacia una fiscalidad más progresiva, el apoyo a los sectores más vulnerables de la población y la apuesta por unos servicios públicos de calidad son las principales reivindicaciones de los grupos al Gobierno autonómico.
“Hay que respetar los espacios”
Entre los temas más sensibles de cara al consistorio madrileño está la política sobre desahucios. De los grandes proyectos y soluciones que se plantearon en campaña pocos se han podido llevar a la práctica. Por un lado, los representantes civiles alaban la paralización de la venta de pisos a los fondos buitre tanto por parte de la Comunidad como del Ayuntamiento. Éste último ha ido un paso más allá y prometió revertir dichas operaciones como medida de compensación a los afectados.
Sin embargo, la polémica la última semana giró en torno a la creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria dentro del ámbito municipal para la gestión de dichos procesos. El nuevo organismo no ha tenido una buena acogida entre las asociaciones relacionadas con el problema, como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que calificó de “traición” la decisión tomada por el ejecutivo de Carmena. Por su parte, las agrupaciones civiles advierten al consistorio de que sería “un error” suplantar las funciones que ya realizan las organizaciones sociales desde hace tiempo, y que la clave está en buscar la “coordinación” entre todos los organismos con el fin de representar de la mejor manera posible los intereses de las personas afectadas en dichos procesos.
