Miles de personas llevan más de un año con sus ahorros bloqueados y la justicia sigue sin encontrar evidencias claras de que hubiera blanqueo de capitales en el banco
La historia sobre la intervención de la Banca Privada d’Andorra (BPA) ha tomado un giro inesperado cuando, por primera vez, los propios clientes de la entidad han decidido dar un paso a delante y exigir responsabilidades legales a la Administración andorrana por su gestión en la liquidación de la entidad. Hace apenas unas semanas, la agencia contra el blanqueo estadounidense FinCen retiró la nota emitida en marzo del año pasado por la cual se activó el protocolo 311 y se dio inicio a la intervención de BPA y de Banco Madrid, su filial española, que a día de hoy continúa abierta. Sin dar más explicaciones de que BPA ya no es una amenaza para el sistema financiero, los reguladores dan carpetazo a un dramático año para los clientes que todavía están a la espera de saber qué ocurrirá con sus ahorros.
Ante la paralización del proceso, un grupo de 222 clientes de BPA -a través del despacho Cremades-Calvo Sotelo y de dos bufetes independientes andorranos- han demandado al Principado de Andorra por el desmantelamiento de uno de los bancos más importantes del país sin justificación aparente y le reclaman un total de 366 millones de euros. Los damnificados exigen explicaciones sobre por qué una entidad que cumplía con todas las normas y protocolos a nivel nacional y europeo fue intervenida de la noche a la mañana y bloqueado todo el patrimonio de sus particulares. Según su interpretación, una actuación tan agresiva viola el derecho constitucional a la propiedad privada y pone en riesgo tanto la imagen como la credibilidad de un país como Andorra.
La nota que nunca debió de llegar
El principio del fin en el caso de BPA fue la nota emitida por el FinCen el 10 de marzo de 2015 sobre las supuestas prácticas de fraude fiscal llevadas a cabo dentro de la entidad. Desde el principio, la respuesta del Gobierno andorrano fue completamente arbitraria –ya que no contaba con una Ley de intervención bancaria y en tan sólo cinco días se creó un decreto para bloquear todos los depósitos- y sus medidas desproporcionadas. Tras establecer la prohibición de sacar más de 2.500 euros en efectivo semanales, la cual a día de hoy se mantiene, se procedió al desmantelamiento completo de BPA y de sus filiales.
La cuestión es cómo un banco que cumplía con todos los requisitos legales y superó ampliamente los test de stress pudo ser descartado en apenas una semana. Independientemente de la nota del regulador estadounidense, el cual nunca dio explicaciones sobre la base de sus conclusiones, los afectados se preguntan hasta qué punto justifica esto la fiscalización de una entidad con más de 29.000 clientes particulares y la creación de un riesgo sistémico a nivel nacional.
Otro misterio en la toma de control de BPA fueron las conversaciones previas a la nota entre el FinTen y los reguladores andorranos. Según los demandantes, este comunicado nunca debió emitirse y menos aplicarse. En varias ocasiones se ha solicitado a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) que muestre el contenido de dichas comunicaciones, sin embargo, el organismo se ha negado incluso en sede parlamentaria.
¿Por qué no España o Estados Unidos?
La decisión de incluir únicamente en el pleito al Gobierno andorrano se basa en que sólo él podía haber evitado la intervención desde el principio. Ni Estados Unidos, que emitió la nota con el conocimiento del Principado de Andorra, ni España, la cual tiene su propio calvario judicial con Banco Madrid, son en última instancia los responsables patrimoniales del desmantelamiento de la entidad. La falta de explicaciones y el estancamiento en el proceso son debidos al mal funcionamiento de las administraciones públicas, en opinión de los afectados.
Por su parte, Banco Madrid sigue inmerso en un proceso concursal con vistas a alargarse en el tiempo. Todavía no se ha definido la fase común -qué se debe y qué se tiene- por lo que no se espera ninguna resolución hasta dentro de un año como mínimo. Algunos de los afectados en España aseguran que los administradores concursales no lo han puesto “nada fácil” de cara a recuperar sus inversiones. Sin embargo, la mayor parte de los clientes ya han recibido de vuelta sus ahorros, aunque los que todavía quedan pendientes no descartan tomar nuevas medidas legales.
Un proceso más dentro de una larga lista
Actualmente existen otros dos casos en los tribunales que implican a BPA y a sus accionistas mayoritarios, los hermanos Cierco. Por un lado, está el informe de PwC sobre la situación de BPA que determina que el banco tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales, lo que supone el 3% del total. A raíz de esto, la Areb anunció hace esta semana una investigación al respecto que descubrirá definitivamente si existió fraude fiscal dentro de la entidad. Los clientes participantes de la demanda consideran que se trata de una estrategia para justificar la intervención del banco y eludir sus responsabilidades.
Por su parte, la familia Cierco considera que estas “insinuaciones” no tienen ningún tipo de fundamento y advierten de que tomarán todas las medidas necesarias para defender su “honestidad”. Ya interpusieron una demanda el año pasado para forzar a la FinCen a retirar su nota. Además, se encuentran también en litigios legales con el Gobierno de Andorra al que le reclaman una responsabilidad administrativa y patrimonial.
