Si creían que lo habían visto todo porque Rato siga como asesor internacional de Telefónica; nunca se haya conocido la labor de Zaplana en la teleco, Felipe González se haya aburrido en Gas Natural hasta hace unas semanas o Solbes tenga mando en Enel, que se quedó con Endesa, vean cómo acoge la gran empresa española a exaltos cargos de otros países donde tiene negocio.
Sentar a políticos españoles en los consejos de administración o darles las llaves de uno de los despachos de las grandes empresas de este país es mucho más que habitual. A pesar de las críticas y la situación política, están por todas partes y ni se les echa salvo casos extremos ni hacen méritos para que se deje de hablar de ellos. Ya pueden mimarlos con un sueldo de 127.000 euros al año, como le ha pagado Gas Natural al expresidente Felipe González hasta que lo dejó hace unas semanas, que igual se aburre y encima lo va contando. Ya pueden abrirles las puertas de la histórica sede de Gran Vía 28 para que tengan su despacho, como Telefónica con Eduardo Zaplana, que lo mismo no va por allí más que para alguna entrevista, alentando la teoría de que su labor más destacada fue firmar el ERE de 15.000 trabajadores de la teleco siendo ministro de Trabajo.
En los consejos de administración del Ibex siguió habiendo hueco en 2014 para exministros del Interior como Ángel Acebes (Iberdrola); de Exteriores, como Abel Matutes (Banco Santander), Ana Palacio (Enagás), Marcelino Oreja (FCC) o Josep Piqué (OHL); de Comercio y Turismo, como Javier Gómez-Navarro (Técnicas Reunidas); de Medioambiente, como Isabel Tocino (Santander y Enagás); de Obras Públicas, Transportes y Medioambiente, como Josep Borrell (Abengoa); de Administración Territorial y Presidencia, como José Pérez-Llorca (IAG); de Industria y Energía, como Luis Carlos Croissier (Repsol); de Trabajo, como Juan Carlos Aparicio (Indra) o de Sanidad y Consumo, como Ángeles Amador (REE). El número se multiplica si se baja a las categorías de exsecretarios y exsubsecretarios de Estado y más si se incluyen directores generales. Hay expresidentes de diputación y destacados expolíticos autonómicos, como Josu Jon Imaz (Repsol), hay hasta un exjefe de la Casa Real como José Fernando de Almansa Moreno-Barreda (Telefónica). No son los únicos políticos que se sientan en los máximos órganos ejecutivos del Ibex.
España se les quedó pequeña a las grandes empresas de este país hace tiempo. La expansión a América Latina con el ancla del idioma y el bazuca de la caja de ingresos que generaban aquí les sirvió para triunfar en la otra orilla del Atlántico y después para intentarlo en otras partes del mundo. España ha exportado telefonía, ADSL, centrales de ciclo combinado y molinos aerogeneradores, placas fotovoltaicas y servicios financieros y, cuando las cosas se han puesto feas en la madre patria, quienes tenían cestas dispersas por el planeta han podido sobrellevar la crisis con mucha más holgura que quienes basaban su negocio en lo que generaban aquí.
¿Es lo único que ha exportado la gran empresa o se ha llevado también las puertas giratorias allí donde ha ido? La respuesta correcta es la B. Varias han sido las fórmulas. La más visible son los nombres foráneos que han ido ocupando asiento en los consejos de los grupos españoles. Una docena de esos nombres corresponde a expolíticos que ocupan puesto de consejero en el Ibex. Mucho más evidente es el cruce con la política en los consejos de las filiales o en los cargos ejecutivos de algunas de ellas.
Telefónica y América Latina
Un ejemplo de ambas cosas es Telefónica en Brasil. Luiz Fernando Furlan, quien fuera ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior en el Gobierno de Lula de Silva en Brasil, ha sido consejero de ida y vuelta del grupo español. Estuvo en el consejo de Telefónica entre el año 2000 y 2003, lo abandonó cuando fue llamado por el Gobierno de Brasil, y volvió a Telefónica en 2008, donde permanece. Brasil es el mercado más importante para Telefónica, después de España. El 21,4% de los ingresos del grupo procedió de ese país en 2014. Ha sido y es el escenario de grandes inversiones y apuestas constantes, capitaneadas por la filial Vivo, líder de telefonía móvil del país y de la que Telefónica consiguió hacerse dueña única después de una larga lucha con su antiguo socio Portugal Telecom. Incluso en 2014, con la economía brasileña dando muestras ya de debilitamiento, Telefónica comprometió 7.500 millones de euros para comprar a Vivendi la operadora brasileña GVT y otros cerca de 900 millones de euros en nuevos bloques de espectro para su servicio de telefonía móvil.
La apuesta es clara y Telefónica parece pensar que en su éxito pueden tener mucho que ver quienes tengan buenos contactos con el mundo de la política brasileña. En el consejo de administración de Telefónica Brasil casi es difícil no encontrar a alguien que proceda de la política, tanto brasileña como española. Empezando por el presidente, Antonio Carlos Valente da Silva, exmiembro del comité directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el poderoso regulador de la competencia del sector en Brasil que tan de cerca vigila al grupo español dado su peso en el mercado. Valente da Silva fue vicepresidente de Anatel durante siete años. Telefónica no lo puso al frente de sus negocios en Brasil nada más dejar su puesto en el árbitro de las telecos brasileñas, en 2004. Lo nombró Presidente de Telefónica en Perú. Tres años después le llegó el turno de volver a su país ya como presidente de Telefónica Brasil y Telefónica Sao Paulo. Junto a él, en el consejo de la filial se sienta también el citado Luiz Fernando Furlan. Tres políticos españoles ocupan también cargo de consejero en la filial: Narcís Serra, imputado por su gestión al frente de Catalunya Banc; el socialista Javier de Paz y el diplomático José Fernando de Almansa Moreno-Barreda, hoy consejero del Rey Juan Carlos I.
Fernando de Almansa ocupa cargo de consejero también en Telefónica Móviles México, otra de las filiales de Telefónica con una curiosa historia de puertas giratorias. En este caso es por su presidente, Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda de México con Vicente Fox. Gil Díaz tenía motivos propios para enfrentarse al gran enemigo de Telefónica en América Latina, el magnate mexicano Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Las prácticas de Slim en su mercado de origen, México, provocaron, que Gil Díaz, entonces empresario, tuviera que vender su empresa de telecomunicaciones Avantel en el año 2000. Ya en el Gobierno de Fox, Gil Díaz siguió combatiendo a Slim, defendiendo frente a sus compañeros de gabinete (alguno de ellos procedente de las empresas de Slim) que aumentar la competencia en telefonía sería beneficioso para todo el país. En 2007, Telefónica le ofreció seguir combatiendo a Slim desde el sector privado, como presidente de su filial mexicana. Enfrente tenía a un español, Felipe González, que se había convertido en asesor de Slim, aunque ahora vaya diciendo en las entrevistas que si ha estado en consejos de administración de españolas ha sido para ayudar a los llamados campeones nacionales.
El lado americano de Iberdrola
La eléctrica Iberdrola sienta desde 2013 en el consejo de administración del grupo a Georgina Kessel Martínez. Como reza en su currículum colgado de la web del grupo español, no es una consejera cualquiera. Fue secretaria de Estado de Energía del Gobierno de Felipe Calderón en México entre 2006 y 2011 y la primera presidenta de la Comisión Reguladora de Energía del país en 1996, «lo que le aporta un profundo conocimiento regulatorio e institucional por su participación directa en el proceso de transición energética y en el diseño e instrumentación de la regulación del sector eléctrico del país». Iberdrola es el primer operador privado de México. Su apuesta por esta región, como es lógico, ha hecho que la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán se haya cruzado en más de una y de dos ocasiones con Kessel en su calidad de secretaria de Estado del sector en el que opera la española.
Si se atiende al consejo de administración de una de sus filiales, la de EEUU, también se encuentran conexiones relevantes con la política. El él se sienta John E. Baldacci en calidad de vicepresidente no ejecutivo. Baldacci fue gobernador del Estado de Maine, en el que opera Iberdrola, y durante su segundo mandato mantuvo una fuerte defensa de la promoción de las energías alternativas y la independencia en energética de dicho Estado. También en el consejo de la filial estadounidense de Iberdrola se sienta Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad de México, entre otros cargos públicos. Y no falta un político español con su puesto en el órgano ejecutivo de EEUU. Es Santiago Martínez Garrido, exjefe de gabinete del Ministerio de Justicia español.
Iberdrola cuenta también desde el año pasado entre sus consejeros del grupo con la presencia de Denise Mary Holt, exembajadora del Reino Unido en España, además de haber sido embajadora británica en México y Andorra. Una diplomática de cuna austríaca y afincada en Londres que sigue compaginando sus funciones en organismos internacionales con su puesto de consejera en el HSBC. Ha sido primera secretaria de la Embajada del Reino Unido en Brasil (1990-1993), directora de Recursos Humanos (1999-2002), de Inmigración (2005-2007) y de los Territorios de Ultramar (2005- 2007) del Ministerio de Asuntos Exteriores británico y de la Commonwealth. La eléctrica española ha dicho públicamente que la mayor parte de su esfuerzo inversor en internacionalización del futuro inmediato va a ir destinado a crecer en el Reino Unido, incluidos 8.300 millones de euros en redes eléctricas hasta 2023, 1.400 millones para interconectar Escocia y Gales y 2.800 millones en su segundo parque de eólica marina en el Mar del Norte.
Repsol y Brasil
Repsol tiene a Henri Philippe Reichstul sentado en el consejo. Reichstul fue secretario de la Oficina de Presupuestos de las Empresas del Estado y viceministro de Planificación de Brasil, un político pero también un economista. Lo peculiar de su caso es que presidió la estatal Petrobrás hasta pocos días después de firmar un acuerdo de intercambio de activos con Repsol, allá por 2001. Reichstul había conseguido convertir Petrobrás en una empresa que daba más de 5.000 millones de beneficio al año, reestructurándola y preparándola para la apertura a la competencia que estaba teniendo lugar en el país. Los números fueron brillantes, las manchas de vertidos que dejó tras de sí, mucho menos. En los pocos más de dos años que estuvo Reichstul al frente de Petrobrás logró dejar atrás la oscura etapa anterior y el escándalo que hoy tiene contra las cuerdas a la presidenta del país, Dilma Rousseff, no parece sino mostrar que las malas prácticas y la corrupción volvieron en cuanto Reichstul cerró la puerta. Atrás dejó también millón y medio de litros de petróleo derramados en la bahía de Guanabara, frente a Río de Janeiro, o cuatro millones de litros en el principal río de Paraná. Bajó su gestión naufragó también a mayor plataforma marítima del mundo, causando una docena de muertes. Reichstul fue nombrado consejero de Repsol en diciembre de 2005.
La consejera estadounidense del Santander, del dicho al hecho
También resulta como poco curioso el caso de la consejera estadounidense del grupo Santander, Sheila Colleen Bair. Además de secretaria adjunta para instituciones financieras del Departamento del Tesoro de EEUU y vicepresidenta senior de Relaciones con el Gobierno de la New York Stock Exchange, lo relevante es que durante la crisis financiera estuvo al frente del Fondo de Garantía de Depósitos de EEUU (FDIC por sus siglas en inglés), una agencia federal independiente del Gobierno que se encarga de velar porque se garanticen al menos 250.000 dólares por depósito a los clientes de entidades financieras del país. Mientras estaba al frente de la FDIC, Sheila Colleen fue una férrea opositora de las puertas giratorias, defendiendo incluso que se prohibiese por ley que los vigilantes acabasen en los órganos de gestión de las entidades vigiladas. Ese principio se le olvidó en enero de 2014 cuando recibió la llamada del Santander.
IAG sienta en su consejo a la Baroness Kingsmill, vicepresidente de la Comisión de Competencia de Reino Unido entre 1997 y 2003 y protagonista de una veintena de investigaciones en todo tipo de sectores. La puerta la giró ya con British Airways y se integró en el consejo de IAG tras la fusión con Iberia.
Abengoa cuenta con Ricardo Hausmann, ex ministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le tiene desde hace años en su larga lista de enemigos de la patria por haber escrito un artículo advirtiendo de la suspensión de pagos del país.
Amadeus tiene a Pierre Henri Gourgeon, ex miembro del gabinete de la ministra de Infraestructuras y Transportes de Francia, uno de esos consejeros que entró como dominical en representación en su caso de Air France (Amadeus nació de la alianza de Air France, Lufthansa, Iberia y Scandinavian Airlines) y cuando le cumplió el mandato le dejaron allí en ese cajóngrupo indefinido bajo el epígrafge «Otros». Gourgeon ocupó varios puestos como ingeniero en el Ministerio de Defensa francés, en los departamentos de técnica y de producción aeronáutica y fue director general de Aviación Civil de Francia.
Por su parte, Técnicas Reunidas tiene en su consejo a William Blaine Richardson, exgobernador del Estado de Nuevo México, exsecretario de Comercio con Obama, cargo del que tuvo que dimitir al aparecer informaciones que lo ligaban con presuntos favores a una empresa.
