La central cacereña iniciará el próximo año los primeros trámites del proceso para renovar su licencia de explotación, que expira en 2020. Los planes pasan por solicitar ampliar su funcionamiento hasta 2030, con lo que sus dos reactores superarían la barrera de los 40 años de vida útil.
Las eléctricas españolas ya han abierto el melón de la ampliación de la vida útil de sus centrales nucleares más allá de los 40 años. Nuclenor, la empresa propietaria de la central de Garoña y controlada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, ha solicitado la reapertura de la planta y la ampliación de su explotación hasta 2031, justo cuando cumpliría 60 años desde su construcción.
La reapertura de la central de Santa María de Garoña, la más vieja de Europa, puede acabar siendo la puerta a otros escenarios de mayor calado y que condicionarían el modelo energético español. Entre la legión de detractores a la reactivación de Garoña se extiende el temor de que el visto bueno primero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y eventualmente también del Gobierno serviría para abrir la puerta para que el resto de centrales nucleares españolas se lancen a solicitar la ampliación de su vida útil por encima de la barrera de los 40 años (o directamente hasta los 60)
Almaraz, la siguiente en renovar
La central de Almaraz, en Cáceres, es la siguiente instalación que debe renovar la licencia de explotación. El actual permiso expira en julio de 2020, y el próximo año la compañía propietaria de las instalaciones (controlada por Iberdrola con un 52,7% del capital, Endesa con un 36% y Gas Natural Fenosa con un 11,3%) pretende iniciar los trámites legales para prolongar su funcionamiento. “A la espera de que se dirima qué sucede con Garoña, nos va a tocar liderar el debate sobre la ampliación de la vida útil de las nucleares”, dicen desde la central.
Los planes de la dirección de Almaraz pasan por solicitar la renovación del permiso por un plazo de diez años, para ampliarlo así hasta 2030, según confirman a SABEMOS fuentes de la central. [Nuclenor se convirtió en el primer operador en pedir –para Garoña- la ampliación del funcionamiento de una central española más allá de 10 años, como era la práctica común desde los noventa, para acompasar las licencias a las revisiones periódicas de seguridad (RPS) que realiza el CSN también cada 10 años.]
En julio de 2017 Almaraz remitirá al CSN el primer informe preceptivo para obtener la nueva licencia y en julio de 2019 se completará el proceso con un segundo informe, según el calendario previsto por la compañía. La renovación de la licencia se realizará simultáneamente para los dos reactores de la planta cacereña. En ambos casos, la prolongación del permiso hará que la vida útil de las dos instalaciones se prolongue más allá de los 40 años.
Almaraz I realizó su primer acoplamiento a la red en 1981 (aunque el inicio de la operación comercial se produjo en septiembre de 1983) y Almaraz II se acopló en 1983 (y empezó a volcar electricidad comercialmente en julio de 1984). Se tome como inicio de la vida útil uno u otro proceso técnico, Almaraz superará la cota de las cuatro décadas con la renovación de licencia.
Desde la dirección de Almaraz se subraya que no hay ninguna limitación técnica para ampliar la vida útil de la central, que el año pasado marcó su máximo histórico de producción eléctrica con más de 16.700 GWh. “Hoy la central de Almaraz está mucho mejor que en su primer día de funcionamiento. En los últimos diez años se han invertido 600 millones de euros en renovar y mejorar los equipos”, subraya un portavoz de la central, que califica de simple «polémica en los medios resuelta por el contundente informe del CSN» los problemas advertidos por un informe de los técnicos del propio supervisor.
La barrera de los 40 años
Tradicionalmente, la vida de diseño de las centrales (el tiempo en que se espera que funcione según las especificaciones técnicas de su construcción) es de 40 años, aunque algunos países han ido ampliando ya la vida útil de las instalaciones (el tiempo que efectivamente transcurre entre la puesta en funcionamiento y su cierre) más allá de ese límite.
En España, tradicionalmente se daba por hecho que las ocho centrales nucleares operativas (siete sin contar Garoña) cerrarían cuando cumplieran las cuatro décadas. Sin embargo, fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien abrió el melón al permitir funcionar a la propia central de Garoña hasta los 42 años. Y, sobre todo, fue ese último Ejecutivo socialista el que hizo legalmente posible que las nucleares puedan seguir funcionando más allá de ese límite de 40 años con la Ley de Economía Sostenible, aprobada en 2011 en los últimos estertores de la legislatura.
El Gobierno de Mariano Rajoy, ahora en funciones, fue en la pasada legislatura un paso más allá. Aunque de momento no se trata de un paso definitivo. El pasado septiembre, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, desveló que el borrador del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) plantea la ampliación de la vida útil de las centrales hasta los 50 años.
El Ministerio de Industria tiene listo el nuevo PGRR para iniciar su tramitación y en él se establecen dos escenarios posibles para el futuro del sector nuclear en el país: uno con las centrales funcionando 40 años y otro que las lleva hasta el medio siglo. Se trataría así de la primera ocasión en que el Gobierno plantearía en un documento oficial la posibilidad de ampliar el funcionamiento de las centrales a un plazo concreto que se situaría más allá de los 40 años.
La ampliación de la vida útil de las centrales más allá de las cuatro décadas es una reclamación tradicional del sector eléctrico español. Y así lo recordaron las grandes eléctricas en plena campaña electoral. La patronal Unesa –que agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP- subrayó como “imprescindible” para el sistema eléctrico nacional que se mantengan activos todos los reactores actuales más allá de 2030. Lo que, en la práctica, implicaría superar la cota de las cuatro décadas de funcionamiento.
Frente a un PP proclive a llevar el parque nuclear más allá del límite de los 40 años de funcionamiento, el PSOE incluía en su programa electoral para el 20-D (y posteriormente en el pacto de Gobierno con Ciudadanos) el cierre progresivo de las centrales según vayan cumpliendo las cuatro décadas, con lo que España se quedaría sin ninguna planta nuclear en 2028. Podemos tiene aún más prisa y propone clausurar las centrales en el momento mismo en que expiren sus actuales licencias de explotación, lo que la última central operativa dejaría de estarlo ya en 2024.
