El comité dependiente del ministerio lleva más de dos años sin pasar revisión médica a sus empleados y con sus funciones paralizadas ante la falta de comunicación con las administraciones. Aproximadamente 3.000 trabajadores se ven afectados por la “indiferencia” del actual Gobierno en funciones.
Un trámite puramente formal y burocrático fue el inicio de la disputa entre el comité de seguridad y salud y el Ministerio de Sanidad hace ya un año. Con motivo de las elecciones sindicales del 18 de junio, dicho departamento fue llamado a constituir un nuevo comité, que incluiría también al personal del Imserso y de los dos laboratorios dependientes del ente público.
El antiguo departamento, ante las dificultades de reunir en un solo organismo a tanta diversidad de agrupaciones, solicitó en el mes de marzo a la Función Pública poder constituir diferentes comités y en cualquier caso retrasar la fecha de formación del nuevo organismo. Mientras, el objetivo del departamento era continuar desarrollando sus funciones de manera provisional hasta que se alcanzara algún acuerdo común.
El problema surge porque la Función Pública, dependiente directamente del Ministerio de Hacienda, nunca contestó a la petición. Es más, dicho organismo lleva sin reunirse desde octubre de 2015, según explican fuentes de CCOO.
La consecuencia de esto es que la Administración se ha “desentendido” literalmente de los empleados que forman parte tanto del antiguo como del todavía inconcluso nuevo comité, segura Ángel Luis Franconetti, representante de CCOO en dicho organismo. Aproximadamente 3.000 trabajadores se han visto afectados por este conflicto.
Desde infracciones de la normativa de salud laboral, como las registradas en el Centro Nacional de Alimentación (Majadahonda), hasta completa desinformación sobre cualquier tipo de incidente laboral y mutismo absoluto sobre la subcontratación externa de servicios.
Uno de estos cambios es precisamente el del servicio de reconocimiento médico a los trabajadores, que está en proceso de privatización sin aviso previo. Mientras tanto, los empleados dependientes de este departamento llevan más de dos años sin pasar estos controles que por derecho les corresponden.
El límite de la paciencia
Desde CCOO indican que no están dispuestos a soportar más esta situación y se plantean adoptar medidas legales. Para empezar, planean denunciar todo lo ocurrido ante la Inspección de Trabajo, a la espera de que todavía llegue una contestación oficial por parte de la Función Pública.
“Me temo que esta situación va a ser indefinida hasta que se forme nuevo Gobierno. Pero no es nuestra culpa que la Administración sea tan lenta en sus funciones”, explica Ángel Luis Franconetti.
