Los permisos concedidos por el Gobierno a la petrolera caducaron la pasada semana. La compañía realizó sólo una de las dos prospecciones comprometidas y el Ejecutivo amenaza con imponer una sanción que puede alcanzar los 6 millones de euros.
Repsol luchó durante más de una década contra los obstáculos políticos, contra los vetos judiciales y contra el rechazo mayoritario de la opinión pública hasta conseguir dar comienzo a la búsqueda de petróleo y gas en aguas de Canarias.
El Gobierno podría sancionar con 6 millones de euros a la petrolera por paralizar el proyecto antes de tiempo
Y tras más de una década de pelea, a la petrolera le bastaron menos de dos meses de trabajo para suspender las prospecciones y desistir por completo de continuar con los sondeos, porque el crudo encontrado no era de suficiente calidad (y coincidiendo, además, con los albores de la actual etapa de desplome de los precios del petróleo). Los sondeos arrancaron el 18 de noviembre de 2014 y la empresa los dio abruptamente por finalizados el 15 de enero de 2015. Trece años de pelea para sólo 51 días de trabajo.
La compañía presidida por Antonio Brufau disponía de permisos para realizar prospecciones en tres áreas a unos 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Las autorizaciones contemplaban la obligación de realizar sondeos en dos de ellas (denominadas Sandía y Chirimoya), y los trabajos en la tercera (Zanahoria) quedaban a expensas de los resultados de las búsquedas en los dos campos anteriores. Pero Repsol finalizó los trabajos habiendo realizado prospección sólo en una zona y renunció a traspasar la autorización para buscar hidrocarburos en otros campos.
Los permisos caducados y un viej ‘conocido’
Ahora esos permisos concedidos por el Consejo de Ministros han caducado y la petrolera se arriesga a una multa millonaria, que podría ascender hasta los 6 millones de euros –el máximo que contempla la Ley de Hidrocarburos en caso de infracción grave-.
El encargado de recordar, a través de la agencia Efe, que las autorizaciones han expirado ha sido el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento. Y es que el representante del Ejecutivo en el archipiélago conoce muy de primera mano el expediente, ya que cuando se otorgaron los permisos, se realizaron los trabajos y la compañía dio la espantada Hernández Bento ocupaba el cargo de subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Ya entonces advirtió a la petrolera que se arriesgaba a esa sanción por dejar de buscar petróleo en aguas canarias, y ahora como delegado del Gobierno vuelve a la carga y desvela que los permisos expiraron el pasado 21 de marzo. La Abogacía del Estado estudiará si Repsol incumplió las obligaciones adquiridas al realizar sólo uno de los sondeos comprometidos.
El delegado del Gobierno en Canarias desvela que los permisos han caducado, y él conoce bien el expediente: era subsecretario del Ministerio de Industria cuando Repsol dio la espantada
«Conforme a lo que establece la Ley de Hidrocarburos se ha abierto un periodo de 60 días, en el que el operador tiene que justificar que ha cumplido el compromiso que asumió «, explica Hernández Bento. Un compromiso explicitado mediante un plan de inversión y un programa de trabajo presentados por la compañía para obtener la autorización.
En principio, Repsol no debería tener ningún problema para demostrar como más que cumplido el plan de inversiones, dado que se exigía un desembolso mínimo de 40 millones y esa cifra se superó ampliamente. “Sólo el alquiler del barco perforador era de un millón de euros al día y fueron casi 120 días los que trabajo” el buque, entre los preparativos y los días de sondeos efectivos.
«Donde si podrá tener [Repsol] algún problema será en la justificación del programa de trabajo, ya que había planificado llevar a cabo dos sondeos y al final solo realizó uno«, ha subrayado. La Abogacía del Estado, con toda la documentación que presente Repsol, determinará en el plazo de dos meses si finalmente se dan las «circunstancias» para iniciar un expediente sancionador contra la compañía.
Un proyecto que venía de largo
Los planes de Repsol para hacer prospecciones en aguas de Canarias vienen de largo, de muy largo. El Gobierno de José María Aznar ya dio en enero de 2002 los permisos necesarios para que la petrolera iniciara las prospecciones en nueve campos de exploración al este de Fuerteventura y Lanzarote.
Una iniciativa en la que entonces Repsol controlaba un 50% del proyecto y a la que acudía de la mano de dos socios, la australiana Woodside (30%) y la alemana RWE DEA (20%). El Tribunal Supremo paralizó el proyecto en 2004 por un defecto de forma en la Ley de Hidrocarburos, que no respetaba suficientemente la legislación medioambiental.
La presión social llevó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez a dejar en barbecho el plan durante años y el proyecto no se retomó hasta la pasada legislatura, con Mariano Rajoy en Moncloa y el canario José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria. A pesar del rechazo del Gobierno canario y de las organizaciones ecologistas, el Ejecutivo del PP impulsó la tramitación de los permisos hasta completar el proceso en agosto de 2014.
Por entonces, Repsol se las prometía muy felices. Sus estimaciones preliminares para los posibles yacimientos canarios auguraban que podrían llegar a producirse alrededor de 38 millones de barriles cada año, con lo que se cubriría alrededor de un 10% del consumo total de crudo de España. Y preveía que la explotación de los posibles pozos se alargaría entre 20 y 30 años. Pero el sueño acabó durando 51 días.
