Más de 700.000 personas en España se han visto afectadas por el fraude de las emisiones contaminantes de la compañía alemana. Los particulares, representados por Facua, se han unido para garantizar que sus vehículos mantendrán las prestaciones tras la revisión del software y exigir una compensación similar a la de Estados Unidos.
El fraude por las emisiones de diésel contaminantes sigue trayendo cola y, en esta ocasión, son los propietarios de vehículos españoles los que exigen a las autoridades que hagan valer sus derechos frente a la compañía alemana.
Un total de 41.427 personas se han unido a través de la asociación Facua para emprender una serie de acciones -tanto a nivel legal como por medio de negociaciones- en defensa de los intereses de los afectados. En su nombre ya se han presentado denuncias contra las filiales de la compañía automovilística en España ante la CNMC y las diecisiete agencias y direcciones generales con competencias en la protección de los consumidores de las comunidades autónomas.
Además, la plataforma ha intentado en múltiples ocasiones ponerse en contacto con el Ministerio de Industria, la Agencia Española de Consumo (Aecosan) e incluso la propia firma alemana para dialogar las condiciones de reparación de los daños, aunque en ningún caso se obtuvo respuesta.
Los usuarios demandan garantías -tras la comunicación de Volkswagen de que pronto podrán llevar sus coches a revisión en los servicios oficiales de las marcas afectadas (Seat, Volkswagen, Skoda y Audi)- de que no sufrirán cambios en la potencia o el consumo de sus vehículos. De hecho, exigen que la firma alemana indique “por escrito y de forma expresa” que no se verán afectados por la actualización del software.
¿Qué pasa con Europa?
El fraude de las emisiones trucadas ha tenido una mayor repercusión en Estados Unidos que en Europa, desde que fuera descubierto en septiembre de 2015. Allí, la compañía automovilística está obligada jurídicamente a compensar a los propietarios de dichos vehículos por lo ocurrido, mientras que la legislación europea no contempla dicho aspecto.
A pesar de los intentos de la firma alemana por calmar los ánimos en Norteamérica –donde se disculpó con los dueños y anunció un programa de compensaciones para pagarles 500 dólares en efectivo y otros 500 dólares en descuentos-, no es suficiente para el Gobierno, que el pasado mes de marzo presentó otra demanda a través de la Comisión Federal de Comercio (CFC) ante la Corte de California pidiendo la indemnización de 550.000 coches de la marca en el país en concepto de publicidad engañosa.
La Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) también se ha unido a las reclamaciones y solicita 18.000 millones de dólares en multas a Volkswagen, por la violación de la Ley de Aire Limpio.
Sin embargo, la situación en Europa va mucho más lenta y, tras varias reuniones de la Comisión con el consejero delegado de la compañía (Matthias Müller), no se ha logrado ningún avance. La última conversación fue la mantenida por la comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska, y el máximo representante de Volkswagen para volver a pedir una compensación económica para los usuarios europeos afectados por el fraude.
Ni España ni el resto de países comunitarios han recibido ningún tipo de reconocimiento por parte de la compañía alemana, más allá de la citada actualización del software a la que están obligados.
Los últimos en reivindicar sus derechos fueron los propietarios de automóviles Volkswagen en Andalucía, que el pasado mes de octubre pusieron una denuncia ante la Dirección General de Consumo de la Consejería de salud, sin que hayan recibido respuesta a día de hoy.
