El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía el pasado jueves, al dar cuenta de la desviación del déficit público en 2015 desde el 4,2% del PIB pactado con Bruselas hasta el 5,2% definitivo, que la consecución de la estabilidad presupuestaria tiene un fin “instrumental” y que “de lo que se debería estar hablando es de cómo se sigue con la recuperación económica”.
Esa expresión tenía un trasfondo y encierra la otra ‘herencia’ que deja el equipo económico de Mariano Rajoy al próximo Gobierno, sea del color que sea. Y es que, como ha advertido esta semana el Banco de España, la necesidad de encarrillar el desbocado saldo negativo de las cuentas públicas puede pasar factura al crecimiento económico y a la creación de empleo.
Estos días ha vuelto a sonar el término ‘herencia’ que el actual Ejecutivo en funciones ha puesto sobre la mesa hasta bien entrada la legislatura para defender lo arduo de su gestión tras llegar a la Moncloa a finales de 2011 con el reto de reducir un déficit que cabalgaba después de dos mandatos del Gobierno socialista por encima del 9% PIB. Estaba en juego ni más ni menos que recuperar la confianza en España.
Y es que al Gobierno que viene le tocará reducir el déficit en unos 24.000 millones de euros en un solo año, que es la distancia que hay entre un déficit del 5,2% y el 2,8% que figura como objetivo para 2016, algo que se antoja casi imposible. La historia de alguna forma se repite.
Sin embargo, el reto ahora no es solo el hecho de tener que reducir el déficit bajo la atenta mirada nuevamente desconfiada de Bruselas y poner las bases para reactivar la actividad, es cómo se hace para no dañar una economía que por fin, tras casi una década de crisis, crece y crea empleo. La diferencia, dicho de otra manera, es que si el Gobierno del PP tomó las riendas en 2011 de una economía que se adentraba en una segunda recesión, el problema ahora es sostener su crecimiento y no dar pasos atrás.
Al respecto, Montoro se encargó esta semana de recalcar que “la herencia que deja el Gobierno es una economía que crece y crea empleo”, pero con un déficit desbocado detrás, eso es como regalar una tarta con una bomba dentro.
La forma en que el déficit y la forma de encarrilarlo puede llevar a ralentizar la recuperación la ha expuesto claramente el Banco de España en boca de su director general de Economía y Estadística, Pablo Hernández de Cos, quien ha dicho que las medidas de consolidación fiscal que puedan implementarse “podrían tener efectos negativos en el corto plazo”.
¿CÓMO SE AJUSTAN 24.000 MILLONES?
Reducir el déficit público supone lograr que los ingresos pesen cada vez más sobre los gastos y Montoro se refirió a ello ya el pasado jueves. Para empezar, cargando el peso del gasto en las comunidades autónomas, las principales incumplidoras.
Las comunidades debían cerrar 2015 con un déficit del 0,7% y finalmente lo elevaron al 1,66%, casi un punto más. Por eso, el ministro de Hacienda avanzó que aplicaría la Ley de Estabilidad Presupuestaria poniendo en marcha la conocida como regla de gasto por la que ninguna comunidad autónoma podrá incrementar este año sus pagos por encima del crecimiento potencial de la economía, que se sitúa en el 1,8%.
Pero por detrás de las regiones se encuentra una Seguridad Social, que incurrió en un déficit del 1,26% frente al 0,6% que debía cumplir. La causa es el aumento del gasto en pensiones, que volverá a requerir echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este caso, Montoro no se refirió a los gastos, porque desde la última reforma de las pensiones, éstas deben revalorizarse al menos un 0,25% al año. El ministro de Hacienda habló de ingresos.
La razón es que si no se puede reducir el gasto de la Seguridad Social y en el caso del Estado, que cumplió en 2015 con un déficit del 2,7% del PIB frente al 2,9% previsto, no hay más margen de recortes, según defiende el Gobierno, es preciso actuar sobre los ingresos.
Así es que el Gobierno confía en que se alcance un acuerdo en el Pacto de Toledo para buscar “fórmulas alternativas a las cotizaciones” con los que incrementar los ingresos de la Seguridad Social en vista de que el empleo que se crea, aún falto de la calidad deseada, no aporta suficientes recursos por esta vía para compensar el creciente gasto en pensiones.
¿QUÉ HACER CON LOS IMPUESTOS?
Tras poner un techo de gastos a las comunidades autónomas y tratando de inyectar más savia a la Seguridad Social, habría que mirar también hacia los márgenes que pueda haber en los ayuntamientos, que ya cumplen sobradamente con un superávit del 0,44% del PIB, por encima del equilibrio que se les exigía en 2015, y del propio Estado.
En este punto entra en juego la política impositiva, que tiene un vinculo directo con el consumo doméstico o las inversiones empresariales y, por tanto, con la actividad económica. La pregunta es ¿para aumentar la recaudación es mejor subirlos o bajarlos? ¿Impuestos más bajos suponen menos ingresos o un incentivo al consumo que al final redunda en una mayor caja? ¿Subir impuestos aumenta la recaudación o frena el consumo y la actividad económica?
De entrada, se ha cuestionado si el Gobierno, a la vista de la desviación del déficit, hizo bien aplicando una rebaja fiscal de calado antes de cerciorarse de que todas las administraciones harían los deberes para con el déficit. Lo cierto es que el Gobierno aplicó, por ejemplo, una rebaja del IRPF a principios de año y adelantó al mes de julio una rebaja de las retenciones que debería haber entrado en vigor en enero de este año.
Montoro ha sostenido que la rebaja de impuestos es incuestionable y que de hecho ha tenido efectos beneficiosos sobre los ingresos, con un incremento conjunto de la recaudación del 4% en 2015, aunque en el caso del IRPF la liquidación muestra una caída del 0,4%. El ministro de Hacienda incluso indicó que su intención es seguir bajándolos.
AJUSTAR O FLEXIBILIZAR.
En esta situación, igual que se habla de ‘herencia’, desde distintas instancias, como por ejemplo los sindicatos, se teme que la situación lleve al próximo Gobierno a adoptar nuevos recortes. Pero ningún candidato a presidir el Gobierno quiere adentrarse en esa senda, a repetir los dolorosos ajustes de los últimos años, menos aún con una recuperación que, como ha recordado el Banco de España, aún puede tambalearse.
Es cierto que en 2015 se produjeron una serie de gastos no recurrentes y extraordinarios que no deberían reproducirse en 2016, como son la devolución de la paga ‘extra’ de 2012 de los funcionarios, los más de 1.000 millones destinado al tratamiento de la hepatitis o los 1.300 millones de euros imputados a las cuentas de Cataluña por decisión de Eurostat y que originalmente se habían contabilizado en 2014. Pero descontadas estas cantidades, el déficit seguiría aupado en el 4,8% del PIB, lejos aún del 4,2%.
Es por ello que, mucho antes de que se conociera la desviación definitiva del déficit en 2015, tanto PSOE, como Ciudadanos y Podemos, incluso el PP, se mostraron de acuerdo en pedir a Bruselas una flexibilización de la senda de reducción del déficit. El Gobierno está convencido de que es necesario desplegar esa demanda en Bruselas, pero no será fácil.
Detrás del incumplimiento del déficit por parte de España, lo que genera cierta desconfianza, se encuentra la sospecha de que el Gobierno ha tratado de encubrir la realidad de dicho incumplimiento.
Nada más conocerse el dato definitivo, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, se reivindicó diciendo que se veían así confirmadas las sospechas de la UE, que venía avisando ya en octubre de 2015 de que España no se ajustaría a los objetivos, mientras que desde España incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había afirmado hasta el pasado mes de febrero que no habría desviación.
La cuestión ahora es saber cuánta paciencia le queda a Bruselas con España, a la que se ve como el alumno aventajado al que se le ha pillado copiando, o qué obligaciones de ajuste conllevaría una flexibilización de la senda de cumplimiento de los objetivos de déficit.
BRUSELAS A LA ESPERA DE UN GOBIERNO ESTABLE
Pero antes, Moscovici ya ha adelantado que esperará a que haya en España un Gobierno “estable” con el que poder tratar todo tipo de cuestiones presupuestarias y posibles ajustes. Por el momento, en plenas negociaciones, Podemos ha reiterado en los últimos días que pediría más tiempo a Bruselas, pero ha cargado contra las políticas de austeridad exigidas por la Comisión Europea; Ciudadanos apuesta por un plan de vertiente reformista y teme una sanción por parte de las autoridades europeas y el PSOE también pide más tiempo y “realismo” a Podemos en sus aspiraciones de incrementar el gasto social.
Entre tanto, está por ver si se produce una pérdida de confianza en España que eleva la prima de riesgo, si vuelven a subir los tipos de interés a los que se colocan las emisiones de deuda pública, lo que conllevaría más gasto presupuestario y menos margen para destinar recursos a partidas productivas, o si se logran reflotar los ingresos por cotizaciones.
El Banco de España estima que el déficit público será este año del 4,4% del PIB, ocho décimas menos que el actual y 1,6 puntos más que el actual objetivo del 2,8%. De cumplirse, en la medida en que España logre flexibilizar la necesidad de ajustes y arrancar a Bruselas un objetivo que se acerque a esa cifra, las eventuales medidas a poner en marcha serán menos agresivas y, como ha dicho el banco emisor, ajustar puede tener un precio en términos de crecimiento.
