La Comisión Nacional de Mercados y Competencia cumple su advertencia e impugna la normativa de Fomento por las restricciones en la regulación del negocio de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cumplido su amenaza y demandará al Ministerio de Fomento por la normativa aprobada apenas un mes antes de las elecciones generales para regula la actividad de empresas como Cabify o Uber, y que blinda ante la nueva competencia al sector del taxi.
El superregulador ya envió el pasado enero un requerimiento al Consejo de Ministros en el que le instaba a modificar el real decreto de regula el negocio de vehículos con conductor (VTC) al considerar que incluía restricciones a la competencia, que la limitaba sin justificación económica e incluso que recortaba el bienestar general de los consumidores. Y ya en febrero remitió una segunda petición al Ministerio de Fomento para introducir cambios en la orden ministerial que desarrollaba algunos de los puntos de la nueva regulación.
La CNMC ya advirtió entonces de que impugnaría la normativa ante los tribunales en el supuesto de que el Ejecutivo no levantara las restricciones que incluye, dado que «carecen de justificación y son claramente perjudiciales para la sociedad», dijo entonces el organismo. Pero desde el Ministerio de Fomento no ha habido respuesta alguna a los requerimientos, ni siquiera un escrito defendiendo las nueva regulación. Y es por ello que el supervisor ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo para «mejorar ambas normas» y eliminar las «restricciones injustificadas a la competencia».
El superregulador entiende que deben suprimirse algunos de los artículos del real decreto y algunos de los preceptos de la orden ministerial. En concreto, la CNMC impugna ambas normas para remover precisamente aspectos que impiden competir directamente con el taxi, como los límites al número de licencias VTC (que se fija en función de una ratio de un permiso VTC por cada 30 licencias de taxi), la obligación de que se contrate previamente el servicio y la prohibición de recoger pasajeros directamente en la calle. Y el organismo también recurre las normas por las restrcciones geográficas a la prestación del servicio, y por los requisitos que se imponen a las empresas que quieren operar el servicio, como tener un número mínimo de vehículos o con una determinada antigüedad. «Restricciones innecesarias y discriminatorias«, sostiene la CNMC en un comunicado.
«Estas barreras carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general», sentencia la CNMC para justificar su impugnación.
La advertencia de la CNMC de que impugnaría el nuevo reglamento impulsado por Fomento ya puso en pie de guerra al sector del taxi, que ve en la proliferación de las empresas de VTC una amenaza directa para su actividad. Los taxistas incluso llegaron a convocar el pasado febrero una manifestación que les llevó hasta las puertas de la sede del supervisor en Madrid. En paralelo, también se ha producido una guerra entre los consejeros de la CNMC a cuenta de cómo regular la economía colaborativa y que enfrenta al presidente, José María Marín Quemada, con parte del pleno.
La batalla legal entre Competencia y el Ejecutivo coincide, además, con el regreso de Uber al mercado español. La plataforma tecnológica inauguró la pasada semana en Madrid su servicio de conductores profesionales (uberX). Y lo hacía después de algo más de un año en el dique seco en España, ya que a finales de 2014 un juez ordenó la suspensión cautelar del servicio de taxis alternativos de conductores particulares (UberPOP), precisamente por la denuncia de una de las patronales del taxi.
