José de la Mata, sustituto de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, protagoniza el último caso de jueces que retoman su carrera tras pasar por la política.
¿Puede un juez mantener la necesaria independencia para el desarrollo de sus funciones después de haber pasado por la política? ¿Basta con ser honrado o además debe, como la mujer del César, parecerlo? En los últimos años se han multiplicado los casos de magistrados y jueces que dejan su labor profesional para trabajar en algún partido o institución. Varios de ellos, tras cerrar esa etapa, retoman la carrera judicial.
La de José de la Mata ha sido la postrera de estas situaciones. Exdirector general en el Ministerio de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero, De la Mata se hizo el lunes con las riendas del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en sustitución de Pablo Ruz. El que fuera alto cargo del Gobierno socialista está ahora al frente del juzgado español más mediático y activo de los últimos años, que ha asumido casos como Gürtel, Bárcenas, Neymar o Pujol bajo la lupa de todos.
Los cometidos de De la Mata a las órdenes de Francisco Caamaño en Justicia fueron muy técnicos, encargándose del área de modernización, pero su promoción por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha despertado algún recelo en el PP.
González fichó a Garzón y Pérez Mariño
Este caso recuerda inevitablemente a otros en que distintos jueces y magistrados entraron y salieron por la puerta giratoria que comunica la justicia con la política. El paradigmático es el de Baltasar Garzón, que dejó su puesto en la Audiencia para concurrir como número dos del PSOE a las elecciones generales de 1993. Tras el fiasco que le supuso no entrar en el Consejo de Ministros de Felipe González, dejó su acta de diputado y el puesto testimonial que le habían dado como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. De vuelta a la judicatura, impulsó la investigación de los GAL, trama por la que fueron finalmente condenados el exministro del Interior, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera.
A la vez que Garzón dejó la Audiencia Nacional otro instructor para desembarcar en las filas socialistas. El gallego Ventura Pérez Mariño también se distanció de González al poco de ganar las elecciones de 1993, aunque dejó el Congreso de los Diputados un año después que Garzón, tras llegar al punto de pedir la dimisión del presidente del Gobierno que le había ‘fichado’. Tiempo después, José Luis Rodríguez Zapatero volvería a recurrir a él para tratar de recuperar la alcaldía de Vigo. Logró el bastón de mando pero el apoyo del BNG gracias al cual pudo gobernar apenas le duró medio año, tiempo al cabo del cual le sucedió en la alcaldía la popular Corina Porro.
Eloy Velasco fue director general de Justicia en los Gobiernos de Zaplana y Camps
Otro de los actuales jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pasó igualmente un tiempo en la administración pública. En su caso fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana, de 1995 a 2003, con los populares Eduardo Zaplana y Francisco Camps al frente del Ejecutivo autonómico. Desde 2008 dirige un juzgado al que recientemente le han caído casos como la Operación Púnica o la Operación Pandora.
Amplio historial de participación política activa encontramos en Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ desde finales de 2013. Lesmes fue alto cargo en las dos legislaturas de José María Aznar. De 1996 a 2000 ejerció como director general de Objeción de Conciencia y de 2000 a 2004 como director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Desde que está en la cúspide del Poder Judicial le han llovido las críticas recordándole ese pasado en la administración.
El vicepresidente del órgano de Gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, por su parte, fue consejero de Justicia y Administraciones Públicas en Valencia, con Camps de presidente. Antes, había pasado por la secretaría autonómica del mismo ramo y llevaba vinculado a los populares desde su época de universitario.
La politización del TC
Pero ninguno de estos casos ha llegado a generar la polémica que tuvo como protagonista al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Él mismo reconoció ante el Pleno que había estado afiliado al PP mientras ejercía sus funciones, aunque como «mero afiliado de base» y matizando que se dio de baja al acceder a la presidencia.
Pérez de los Cobos se mantuvo como afiliado al PP cuando ya era magistrado
Lo cierto es que el TC, que está orgánicamente fuera del Poder Judicial, tiene un régimen de incompatibilidades más laxo que el de jueces y magistrados de otros destinos, que tienen prohibido ejercer si militan en partidos o sindicatos. De hecho, lo habitual en el Constitucional -donde diez de sus 12 miembros son elegidos por las Cortes y el Gobierno- es que los magistrados cuenten con experiencia política.
Entre quienes lo componen en la actualidad, sin ir más lejos, se encuentra Andrés Ollero, diputado del PP durante 17 años. El recientemente fallecido Luis Ignacio Ortega, por su parte, había sido director general de Asuntos Institucionales de Presidencia del Gobierno con Felipe González.
«Montesquieu ha muerto», dicen que dijo Alfonso Guerra tras aprobarse en 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial que habría de provocar estas situaciones. El político sevillano siempre ha negado ser el autor de la frase, aunque parezca imposible no colegir, a la vista de los acontecimientos, que las ideas del padre de la división de poderes no están plenamente vigentes en España.
