La Justicia de Luxemburgo ha presentado cargos contra el periodista francés que publicó la información confidencial que sirvió para desvelar los supuestos tratos de favor concedidos por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker , para ayudar a al menos 340 empresas multinacionales a evadir impuestos.
Edouard Perrin, periodista de la agencia de prensa audiovisual Premières Lignes, realizó en mayo de 2012 un reportaje para el programa de televisión Cash Investigation, de France 2, que aportaba pruebas sobre los acuerdos secretos firmados entre el Gobierno de Luxemburgo y las grandes corporaciones multinacionales para ayudarles a eludir impuestos en otros países europeos. Los hechos habrían ocurrido en la época en que Juncker era primer ministro y ministro de Finanzas del Gran Ducado, cargos que simultaneó entre 1995 y 2009.
Posteriormente, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, con sede en Estados Unidos) entró en contacto con Perrin, cuyo resultado fue la publicación, en noviembre de 2014, de una serie de documentos filtrados que revelaban que entre las empresas multinacionales favorecidas por el Gobierno de Luxemburgo figuraban firmas como PepsiCo, AIG y Deutsche Bank.
Tras la revelación del llamado caso LuxLeaks, la Unión Europea introdujo una serie de normas para endurecer las normas fiscales y el Parlamento Europeo estableció una comisión especial sobre “transparencia y justicia” en materia fiscal presidida por el conservador francés Alain Lamassoure. Pese a todo, Juncker superó ampliamente en la Eurocámara, a finales de noviembre, una moción de censura que había sido presentada en su contra por varias organizaciones ultraderechistas.
La fuente de las informaciones de Perrin fue una filtración procedente del interior de la sucursal luxemburguesa de la empresa internacional de auditoría PricewaterhouseCoopers (PwC).
La fiscalía acusa a Perrin de jugar «un papel activo» en el robo de documentos confidenciales
Tras la denuncia presentada en junio de 2012 por la empresa por el supuesto robo de documentos confidenciales y después de que un juez de instrucción de Luxemburgo inculpara a dos antiguos empleados de PwC entre diciembre de 2014 y enero de este año, por «violar la confidencialidad empresarial», la Fiscalía del Gran Ducado anunció el pasado 23 de abril la apertura de una investigación contra el periodista, al que acusó de ser «coautor, si no cómplice, en las infracciones cometidas por uno de los antiguos empleados de PwC”.
Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa han expresado su consternación por la causa abierta contra Edouard Perrin. «Las autoridades judiciales de Luxemburgo olvidan una clave: que exponer el escándalo fiscal LuxLeaks es de interés público», ha declarado la directora de programas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Lucie Morillon. “El derecho a la información es un pilar de la democracia y debe prevalecer en un caso como éste”, ha advertido.
Por su parte, la Federación Europea de Periodistas (FEP), junto con su representante en Luxemburgo, la Asociación Luxemburguesas de Periodistas (ALJ), ha reclamado tanto a Juncker como al vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que exijan a Luxemburgo el respeto de las normas de la Unión Europea sobre libertad de expresión e información. ”El público tiene derecho a saber que el Gobierno está concediendo tasas impositivas favorables a un pequeño grupo privilegiado de corporaciones multinacionales cuando los ciudadanos normales y las pequeñas empresas están pagando su parte justa de la factura de impuestos”, ha declarado el presidente de la FEP, Mogens Blicher Bjerregård.
En respuesta a estas acusaciones, la Fiscalía de Luxemburgo aseguró este lunes que el motivo de su acción judicial era “identificar a las personas que estuvieron en el origen de la sustracción de documentos de PwC” y que la investigación no supone “una violación del derecho a la protección de las fuentes periodísticas ni, en general, de los derechos de los periodistas a ejercer su papel de perros guardianes de la democracia”.
Según la Fiscalía, los dos antiguos empleados reconocieron durante los interrogatorios que habían sido “la fuente del periodista en cuestión”, y, en el caso de uno de ellos, Perrin “no se limitó a recoger las informaciones ofrecidas por el inculpado, sino que, al contrario, le dirigió en la búsqueda de los documentos que le interesaban”. “El periodista, por tanto, jugó un papel más activo en la comisión de estas infracciones”.
