Ya no hay vuelta atrás. El juez Gómez Bermúdez acaba de ratificar en un auto que ocho directivos y ejecutivos de la antigua Caja del Mediterráneo tendrán que someterse a un juicio oral por su actuación en la entidad, que acabó siendo nacionalizada y «lo peor de lo peor» en opinión del Banco de España.
Un sistema por y para el lucro personal de sus ejecutivos. Este es el funcionamiento que muestra en su último auto el juez de instrucción Javier Gómez Bermúdez, que allana el camino de los antiguos ocho altos cargos de la Caja del Mediterráneo hacia el banquillo de los acusados. En este documento (consultar más abajo) el magistrado rechaza los recursos interpuestos por los directivos imputados y ordena la continuación de los trámites para abrir juicio oral contra ellos.
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), reconoció en septiembre de 2011 que la CAM era «lo peor de lo peor» que había en el sistema financiero español: gestión del riesgo deficiente, excesiva acumulación de créditos del ladrillo… e indicios de presunta organización criminal. Muchos. Es por esto que ocho miembros del comité de dirección de la caja (que llegó a ser la cuarta más grande del país) están acusados de delitos como apropiación indebida, administración desleal, alteración o falsedad en las cuentas y falsificación de documentos públicos. Todo para cobrar el bonus, según dice tener probado el instructor.
La CAM es hasta ahora la entidad que más pérdidas ha supuesto para el sistema financiero. Entre la inyección de capital del FROB y las del Fondo de Garantía de Depósitos, acumulan unos 25.000 millones de euros. Los exdirectivos acusados que se sentarán en el banquillo serán el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, el exdirector general Roberto López Abad, la exdirectora general adjunta María Dolores Amorós, el exdirector general de Planificación Teófilo Sogorb, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, el exdirector general de Inversiones y Riesgo, Francisco José Martínez, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera, Salvador Ochoa.
Cuentas falseadas
Entre 2010 y 2011, los peores años en la historia de la CAM, los estados financieros y contables «no reflejaban la imagen fiel de la entidad, sobre todo a consecuencia de la indebida liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados», señala el juez Gómez Bermúdez en su auto, de forma que se ocultó un quebranto de más de 210 millones de euros. También se contabilizaron mal los dividendos repartidos por las sociedades filiales de la propia CAM y la dotación al fondo de prejubilaciones, de forma que se mostraba una entidad más sólida de lo que en realidad era. El motivo: alcanzar los objetivos y poder cobrar los bonus por ello.
Los balances mensuales, trimestrales y semestrales durante el año 2011, en el que la situación de la caja era ya insostenible, reflejaban no obstante beneficios. Aparentaban «beneficios de aproximadamente 60 millones de euros cuando en realidad había pérdidas por importe de 1.136 millones», señala el juez. Este verdadero quebranto no se descubrió hasta después de la intervención, y tras un examen de las carteras por parte del FROB, del BdE y de la auditora KPMG.
La instrucción considera probado al menos indiciariamente que existía un «plan concertado» de los ocho acusados con el fin de dar una imagen de la CAM al exterior mejor de lo que realmente era hasta la consecución de la fusión de la entidad en la entidad que ahora es Liberbank. La idea era mantener ocultas las pérdidas hasta que se firmara el SIP, y luego ir aflorándolas («diluirlas») en una entidad más grande y, por lo tanto, con una capacidad mayor de absorberlas. Desafortunadamente para estos altos cargos Cajastur y otras entidades del SIP se negaron a firmar el acuerdo, y la CAM acabó nacionalizada e intervenida por el Banco de España ante su imposibilidad de continuar sola.
Pensiones millonarias ocultas
«De forma consciente», según el juez, los ocho directivos de la CAM ocultaron a la consultora externa Towers Watson (que tenía el encargo de cuantificar el coste de las prejubilaciones de la entidad) que seis miembros del comité de dirección se había adherido al plan de despidos de la caja. Este ocultamiento deliberado ocasionó una pérdida adicional de 15,5 millones de euros en 2010, algo que volvió a suceder en 2011. En total los ocho acusados se embolsaron 47,3 millones de euros «indebidamente» cobrando para ello indemnizaciones, complementos salariales e intereses por una prima de seguro.
Precisamente esta prima tiene su origen en 2007, después de que los directivos de la CAM firmaran una póliza de «prestación adicional» con la aseguradora Caser. Con ella, los directivos percibirían un complemento a su pensión de hasta un 60% de su sueldo fijo. Sólo podrían cobrarlo cumpliendo una permanencia mínima de cinco años, pero a espaldas del consejo de administración decidieron e verano de 2010 autoconcederse un adelanto de esta prima de 25,6 millones de euros. Y en noviembre de ese año, cuando el deterioro de la caja era imparable, eliminaron el requisito de la permanencia, por lo que en teoría se blindaban el cobro de la pensión.
