Hacienda investiga a bancos y empresarios por un posible fraude al Fisco en las devoluciones de IVA de inmuebles vendidos a filiales inmobiliarias de la banca entre 2008 y octubre de 2012.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó la tijera de podar el gasto público en mayo de 2010 y, en julio de ese mismo año, subió el IVA a todos los ciudadanos para apuntalar una recaudación que se le había venido abajo junto con la economía del ladrillo. Y mientras el ciudadano de a pie se rascaba el bolsillo para llenar las arcas del Estado, pasando de pagar un tipo general del 16% a uno del 18% y un reducido del 7% al 8%, un gigantesco roto legal permitió que cientos de millones de euros al año, según estimaciones de fuentes financieras y expertos fiscales, se sacasen del fondo común. No un año, ni dos.
Desde 2008, año en que estalló la burbuja inmobiliaria, y hasta octubre de 2012, cuando se modificó la ley (ya con el Gobierno del PP), se practicaron devoluciones de IVA a filiales inmobiliarias de la banca por cientos de millones de euros al año a pesar de que, en numerosas ocasiones, nadie pagó ese IVA. El banco compraba la promoción inmobiliaria a través de su filial al promotor pagando, lógicamente, el correspondiente IVA. Este no ingresaba el impuesto en Hacienda pero la banca sí pedía su devolución. Un roto.
El fallo estaba en la ley, que permitía sacar de Hacienda dinero que no se había pagado, pero la fuga era tan obvia que alimentó tramas de fraude y posible blanqueo de capitales, tal y como investiga la Agencia Tributaria, que ha dado traslado de algunas de sus actuaciones al Ministerio Fiscal por considerar que hay indicios de delito penal (ver documento adjunto).
La operativa y las tramas
La banca se encontró desde los primeros meses de la crisis con una morosidad disparada en las hipotecas que había concedido a los promotores inmobiliarios, incapaces de hacer frente a los intereses incluso de promociones casi terminadas o muy avanzadas y sin demanda a quien vendérselas. Como le exige el Banco de España, empezó a requerir la deuda judicialmente. Los procesos se alargaban. Con los juzgados colapsados, llegar al momento de adjudicarse las promociones podía tardar varios años. En el mejor de los casos significaba un riesgo de deterioro del edificio por el tiempo, en el peor para las entidades, encontrárselo vandalizado, que es como llaman a los inmuebles a los que se les ha robado desde las puertas a los sanitarios e incluso el cableado interior.
El agujero del ladrillo en la banca ya era lo suficientemente grande como para agrandarlo permitiendo que los inmuebles en los que habían invertido pasasen a valer entre nada y nada de nada. Había otro riesgo añadido. Si se dejaba avanzar el proceso judicial hasta llegar a la adjudicación por subasta, esta se haría con una tasación del valor del inmueble, lo que habría obligado a la banca a reconocer su verdadero valor y, con ello, el tremendo agujero que tenía en sus balances tras el estallido de la burbuja (que obviamente no fue solo cosa de las cajas de ahorros).
La práctica totalidad de las grandes entidades optó por pactar con los promotores compras de los inmuebles a un precio que mitigase las pérdidas y acortase los plazos. Se pagaba el precio acordado y el IVA correspondiente. Pero el comprador no era directamente la entidad financiera. Fueron las filiales inmobiliarias de la banca las que ejercieron de comprador lo que tenía una gran ventaja. Los bancos, por su naturaleza, no pueden pedir devolución del IVA (como el que pagan cuando compran vivienda nueva, en construcción o suelo). Se tienen que limitar a la prorrata que les corresponde, que puede estar en torno al 1% del IVA soportado (pagado). Sus inmobiliarias, sin embargo, sí podían pedir la devolución del IVA. No es de extrañar que muchas de ellas se creasen expresamente durante la crisis.
Por otro lado, las inmobiliarias de la banca se subrogaron a las hipotecas que pesaban sobre las promociones, quitándole la carga de la deuda al vendedor. El motivo por el que aceptaron quedarse con la deuda, según fuentes financieras, es que de no haberlo hecho corrían en el riesgo de que, al estar las empresas promotoras en concurso de acreedores, no se considerase correcta la venta por implicar un prejuicio y acabase anulada tiempo después.
Las filiales inmobiliarias de la banca, que sí pueden pedir devolución de IVA, compraban los inmuebles a los promotores, que no se lo pagaban al Fisco.
El IVA que había pagado la filial inmobiliaria no llegó a Hacienda muchas veces por diferentes motivos. Uno muy habitual, explican las citadas fuentes, fue el estado de solvencia limitada o insolvencia de la promotora que había recibido el impuesto junto con el importe de la venta. El promotor dedicaba el importe a pagos corrientes de la sociedad en lugar de pagar las cuotas declaradas, que nunca llegaron a las arcas públicas.
Estos, con suponer un quebranto para Hacienda, no fueron los casos más graves. El gigantesco agujero de la ley atrajo rápidamente a otro tipo de ‘empresarios’ que vieron que la banca, a través de sus inmobiliarias, pagaba el IVA y luego se podía esquivar su entrega a Hacienda declarándose insolvente, con el añadido de que no había ningún aliciente para que la propia banca evitase esta operativa, conociese o no lo que ocurría, porque tenía asegurada la devolución del IVA que había pagado.
Según las fuentes consultadas, «algunos empresarios siguieron prácticas consistentes en vaciar patrimonialmente la sociedad promotora, dejando en ella solo los activos ‘malos’, aquellos sobre los que pesaban deudas por encima del valor de los mismos» para «deshacerse de las acciones en favor de tramas de delincuentes profesionalizados (básicamente testaferros)» que buscaban precisamente quedarse con el IVA en su camino hacia el Fisco.
La Agencia Tributaria está siguiendo diferentes actuaciones que buscan responsabilizar a los empresarios que estaban tras la organización de los fraudes así como la posible responsabilidad de los directivos de las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias en el proceso. Fuentes de la banca consideran que no pueden buscar responsabilidad en ellos porque no les quedaba otra, comentan, que pagar el IVA en las operaciones. Sin embargo otras fuentes aseguran que la Agencia Tributaria sí ha detectado casos, «aunque sea de forma excepcional», en los que «la entidad financiera era conocedora de que las operaciones inmobiliarias eran fraudulentas y participó en ellas», por lo que ha incluido en las denuncias a la entidad o a su sociedad inmobiliaria.
Una trama de cien sociedades que se anunciaba por Internet
Según puede comprobarse en la documentación de una de las actuaciones de la Inspección Regional de Valencia de la Agencia Tributaria a la que ha tenido acceso Sabemos, Hacienda ha decidido dar traslado al Ministerio Fiscal de aquellos casos que ya le permiten «concluir suficientemente la existencia de conductas que pueden constituir ilícitos penales». En su opinión, «se entiende necesaria la realización de actuaciones de investigación y aseguramiento, con el uso de técnicas y prerrogativas policiales y judiciales que acrediten plenamente la existencia de los delitos, identifiquen totalmente a sus distintos autores y colaboradores y permitan asegurar la responsabilidad civil que de ellos deriva».
En este caso concreto «se han reunido importantes indicios sobre la existencia de una trama organizada de personas físicas y jurídicas cuya finalidad ha sido defraudar a la Hacienda Pública en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)». La forma de operar era «a través de un numeroso grupo de sociedades (100 aproximadamente) cuya finalidad» era: por un lado, «dejar de ingresar los importes de IVA repercutido derivados de las operaciones reales de transmisión inmobiliaria que realizan a terceros y efectivamente cobrados por estos» y, por otro lado, «obtener fondos procedentes de la Hacienda Pública derivados de solicitudes de devolución de IVA a través de la utilización fraudulenta de la mecánica liquidatoria del impuesto».
La trama se dedicaba a «adquirir sociedades en situación de crisis con propiedades inmobiliarias. (…) Se anunciaba en medios de comunicación e internet para adquirirlas y exonerar de responsabilidad a los administradores, mostrando incluso su preferencia por sociedades con inmuebles aunque se encontrasen hipotecados». El objeto de la trama, continúa la investigación «no parece ser el desarrollo de actividades económicas normales. Su actividad real es la obtención de fondos, de forma ilegal, que proceden exclusivamente del IVA».
¿Cómo se orquesta el fraude? «La mayoría de las operaciones generadoras del fraude consisten en la transmisión de inmuebles con hipotecas (en dación en pago) a entidades inmobiliarias de la entidad financiera titular del crédito hipotecario, en las que el IVA repercutido en la venta es efectivamente cobrado por parte de la entidad vendedora». Se pagaba el IVA pero, como se ha explicado previamente, este no acababa en Hacienda gracias a diferentes fórmulas, como que en sus declaraciones anuales los vendedores incluían importes ficticios de IVA soportado de presuntas operaciones también ficticias realizadas con otras entidades de la trama. El IVA recibido con la venta del inmueble a la entidad financiera se compensaba con los pagos de IVA ficticio. La fórmula más grave para el Fisco era aquella en que el IVA ficticio superaba al recibido, generando incluso devoluciones por parte de Hacienda.
El día en que al fin se cambió la ley y las reuniones con la gran banca
Hay una prueba irrefutable de que este es un ejemplo claro de que la grieta estaba en la ley y de que en este caso la responsabilidad casi plena fue del Gobierno del PSOE. La normativa que permitió el fraude del IVA inmobiliario se cambió en octubre de 2012 y el problema desapareció. ¿En qué consistió el cambio? Se invirtió el sujeto pasivo, es decir, si antes el que vendía era el que se encargaba de ingresarle el IVA a Hacienda, con la nueva norma era el comprador quien debía ingresarlo. Desde el momento en que la banca fue responsable del abono no se produjo ni una fuga más, pero ya habían pasado cuatro largos años. Ahora nadie se atreve a decir cuánto dinero se pudo perder por la gotera. «Si alguien lo sabe», comenta una fuente del sector financiero, «ha guardado la cifra con siete llaves». Lo que parece aceptado por todos, entidades y fuentes no oficiales de la Agencia Tributaria, es que fueron varios cientos de millones de euros al año y que lo que estaba ocurriendo se supo mucho antes de ponerle solución.
Según las citadas fuentes, en vista de que no se cambiaba la norma, se dieron incluso reuniones en 2012 orquestadas por la entonces directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, Luisa Fernández de Velasco, y después, Ana Fernández Daza, con representantes de las principales entidades financieras para pedirles a estos últimos un modo de atajar el problema. Algunos bancos se esforzaron por encontrar una solución, abriendo por ejemplo cuentas destinadas únicamente al ingreso de las cantidades de IVA para que desde allí fuesen transferidas a Hacienda o incluyendo en la escritura de compra de la promoción el pago a Hacienda del IVA. Otras siguieron mirando para otro lado.
Se abrió incluso un proyecto en la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) antes del cambio de la ley y fue desde allí, con Santiago Menéndez al frente (actual director general de la Agencia Tributaria), desde donde se pidió a Tributos que cambiase la normativa. Y se logró. El cambio se introdujo dentro de la Ley Antifraude.
La Agencia Tributaria y la Fiscalía llevan tiempo actuando y quizás logren recuperar parte de los cientos de millones de euros que se sacaron de las arcas públicas en el peor momento. Pero solo será una parte. El fallo estaba en la norma y gran parte del IVA devuelto que nadie había pagado no se podrá reclamar. Para colmo los delitos penales, si se produjeron, o han prescrito o están cerca de hacerlo. Fallo del regulador. Fallo del sistema. ¿Quién paga la ronda? Los de siempre.
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