En la España de la reforma laboral, que de facto ha implicado un abaratamiento del despido en los últimos años, las grandes empresas mantienen (y algunas también elevan) el número de ejecutivos que cuentan con un paracaídas dorado en caso de salida de la compañía. Las empresas del Ibex 35 aún tienen casi un millar de directivos con blindajes reconocidos en sus contratos.
Según la información que las compañías desvelan en sus informes de gobierno corporativo correspondientes al ejercicio 2014, las grandes empresas del mercado español cuentan en concreto con un total de 928 ejecutivos que percibirán indemnizaciones especiales, según los casos, por despido improcedente, por cambio en el control de la compañía, por límite de edad o incluso por retirada voluntaria.
En los últimos años parecía que las instituciones, tanto comunitarias como españolas, estaban decididas a poner freno a la expansión de los blindajes entre las cúpulas de las compañías. Parecía. En plena crisis, con los parámetros de desigualdad social y económica al alza, la Comisión Europea lleva tiempo pidiendo contención a las compañías para poner coto a las indemnizaciones millonarias de sus ejecutivos.
En España, a finales de 2012 se llegó a filtrar el contenido de una reforma que preparaba el Gobierno para endurecer, y mucho, la fiscalidad de las indemnizaciones millonarias (se habló incluso de un gravamen del 75% si se superaba los 300.000 euros). Un globo sonda que incluso llegó a provocar la salida acelerada de algunos ejecutivos de grandes compañías, singularmente en Telefónica. Pero la nueva norma, finalmente, se suavizó: se elevó la tributación para compensaciones a partir de los 700.000 euros y se empezó a aplicar el tipo marginal a toda la indemnización si ésta supera el millón, al tiempo que las empresas dejaban de poder deducirse en el impuesto de sociedades indemnizaciones por encima del millón de euros).
De momento, la nueva fiscalidad (la aplicada, no la del globo sonda anterior) no parece estar teniendo efectos disuasorios. En conjunto, las empresas del índice selectivo de la Bolsa española sumaron once ejecutivos más a la lista de los que tienen condiciones de rescisión de contrato especiales durante el pasado año (de 917 hasta esos 928), según la información depositada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) correspondiente a los dos últimos ejercicios. No obstante, algunas grandes compañías sí han ido reduciendo su contingente de acorazados.
Repsol y Grifols, a la cabeza
Repsol es, con mucho, la empresa del Ibex 35 que cuenta con un mayor número de ejecutivos con algún tipo de blindaje. La petrolera cuenta con 306 ejecutivos con derecho a indemnización especial por terminar su relación laboral (en 2013 eran 296), un tercio del total de directivos acorazados de todas las compañías de Ibex. Seis miembros del comité de dirección, tres consejeros ejecutivos y 300 directivos disfrutan de esas condiciones particulares.
En realidad, de esa lista hay que descontar ya a un ejecutivo. La semana pasada, Antonio Brufau renunció a cobrar los 14,25 millones de euros que le correspondía por su blindaje tras dejar de ser presidente ejecutivo de Repsol y por un pacto de no competencia. Pero Brufau ingresará al menos 10 millones sólo como retribución fija (a la que hay que sumar una parte variable) por ejercer los próximos cuatro años como presidente no ejecutivo del grupo. Y si saliera antes de la compañía se le abonaría el importe pendiente hasta alcanzar esos 10 millones.
Grifols, con 94 blindajes, ocupa la segunda posición en este figurado ranking con más directivos acorazados. Los siguientes en la lista son BBVA (con 68 directivos, desde los 90 con que contaba en 2013), Iberdrola (con 62 ejecutivos), Caixabank (57), Abertis (51) y Telefónica (48). Según los datos incluidos en los informes, Abertis ha disparado su número de ejecutivos con condiciones especiales desde sólo tres en 2013 hasta los 51 con que cerró el pasado año. Fuentes de Abertis consultadas por SABEMOS aclaran que se trata sólo de un cambio de criterio en la contabilización de los ejecutivos con blindaje, pero no una ampliación del número de contratos especiales (esos 48 nuevos directivos tendrían reconocida una indemnización de una anualidad, pero todos ellos recibirían un importe mayor según la legislación vigente).
Compañías sin blindajes
Las únicas entidades del Ibex que dicen en sus informes de gobierno corporativo no ofrecer blindajes a sus ejecutivos son Banco Popular, Bankinter y OHL. El grupo Arcelor Mittal no ha depositado el informe gobierno corporativo en la CNMV, pero en el informe anual de 2014 de la matriz internacional se explica que sus consejeros y directivos no disponen de condiciones especiales de compensación en el momento de dejar la compañía.
Sólo Popular, Bankinter y OHL dicen no tener ningún blindaje. Mapfre dice no tener, pero sí reconoce a sus consejeros una indemnización relativamente modesta tras su marcha
Por su parte, Mapfre dice no tener ejecutivos con blindaje. Sin embargo, la aseguradora especifica en su informe que sus consejeros ejecutivos pueden percibir una compensación variable tras su retirada. Los consejeros ejecutivos del grupo deben abandonar el cargo a los 60 años, salvo excepciones de mutuo acuerdo, y la aseguradora les abona una compensación a razón de 750 euros por cada mes transcurrido desde el enero siguiente a cumplir 60 años y hasta que cumplan los 65 años (lo que implica un máximo de 45.000 euros).
Los grupos del Ibex que, en términos absolutos, más han reducido el contingente de ejecutivos con contratos blindados son BBVA (que pasó de 90 a 68 blindajes el año pasado), Endesa (de 43 a 34), Santander (de 24 a 17) y Telefónica (de 55 a 48). Telefónica aprobó el pasado julio la eliminación de los blindajes de su alta dirección, pero a cambio de aportaciones a sus respectivos fondos de pensiones.
¿Límite de dos anualidades?
La CNMV presentó el pasado febrero el nuevo código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Una serie de 64 recomendaciones del supervisor para garantizar las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo por parte de las compañías. Y, claro, el código incluye recomendaciones concretas sobre blindajes (tanto sobre su cuantía como en torno a su merecimiento por parte del ejecutivo).
La CNMV, siguiendo el principio que desde hace años propugna la Comisión Europea, pide a las empresas cotizadas españolas que limiten el importe de las compensaciones de sus ejecutivos a un máximo de dos anualidades de su retribución. Al tiempo, el supervisor solicita que la compañía no abone ese importe hasta comprobar que el ejecutivo ha cumplido con los criterios de cumplimiento de su labor previamente establecidos.
Repsol cuenta con 306 ejecutivos con derecho a una indemnización especial, un tercio de todos los blindajes del Ibex
Lo dicho, son sólo recomendaciones, no normas de obligado cumplimiento. En cualquier caso, en los últimos años ya varias compañías cotizadas españolas han ido adaptando su política de blindajes y han adoptado ese máximo de dos años de sueldo en sus nuevos contratos (por lo general, sólo a los nuevos). Y otras incluso han eliminado blindajes o reducido su cuantía, aunque, en muchos casos, a cambio de aportaciones a los planes de pensiones de sus directivos u otras compensaciones.
No obstante, aún son muchas las empresas del Ibex que reconocen en sus informes anuales mantener indemnizaciones por rescisión de la relación laboral por encima (o incluso muy por encima) de esos dos años recomendados. Casi una veintena de los 35 valores del selectivo tienen en sus filas a ejecutivos que superan esa cota de las dos anualidades de retribución.
Las más generosas con los blindajes
Las compañías no están obligadas a precisar a qué ejecutivo concreto o a qué cargos se les asigna una determinada indemnización. En sus informes remitidos a la CNMV pueden aportar información genérica, por lo que no siempre es posible conocer a quién corresponde una compensación específica (Jazztel por ejemplo no precisa siquiera en qué consisten las indemnizaciones pactadas con los tres directivos que tienen derecho a ellas). No obstante, algunos grupos sí que aportan información más o menos detallada y revelan los términos concretos de los contratos de sus primeros ejecutivos.
Caixabank mantiene aún indemnizaciones que van desde las dos anualidades a un máximo de siete anualidades de retribución, aunque no especifica a quién corresponde esa compensación máxima. Y ACS explica que la indemnización máxima que contempla equivale a cinco años de retribución, sin explicitar cuál es la horquilla de compensaciones ni a quién están vinculadas. Por su parte, Grifols ha comprometido indemnizaciones de entre dos y cinco anualidades en el caso de cambio de control en el accionariado de la sociedad.
De entre las compañías que sí explicitan a qué ejecutivos corresponden algunos de los blindajes pactados (a las que hay que reconocerles este mayor ejercicio de transparencia), el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, mantiene uno de los más generosos. El primer ejecutivo de la eléctrica cuenta con una compensación de tres años de sueldo más otras dos anualidades por no trabajar durante ese periodo para una compañía que compita con Iberdrola. Galán percibió el año pasado una retribución de 9,1 millones de euros (entre pagos en efectivo y en acciones), por lo que una eventual indemnización por su salida del grupo podría ascender a 45,5 millones de euros.
Por su parte, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, también cuenta con un blindaje de tres anualidades y una más por no competencia tras su marcha, por lo que la eventual compensación podría alcanzar los 13,5 millones si fuera despedido durante este ejercicio (el año pasado percibió 3,375 millones de euros).
¿Quién decide los blindajes?
Sólo una compañía del Ibex permite que sean sus accionistas los que aprueben las cláusulas de blindaje de sus ejecutivos. Tan sólo Indra delega en su junta de accionistas la decisión de dar luz verde a las compensaciones especiales de sus directivos.
Sólo Indra permite que sean sus accionistas los que apruben los blindajes, En la mayoría de cotizadas, el encargado es el consejo. Ocho empresas no informan a la junta de las cláusulas
En la mayoría de compañías del Ibex la política de indemnizaciones depende exclusivamente de los consejos de administración. Con algunas salvedades. Y es que en el caso de BME, Ferrovial, Gas Natural Fenosa y Sacyr, el contenido de los acuerdos de indemnización con sus ejecutivos no pasan ni por el consejo de administración ni por la junta de accionistas, según se recoge en sus informes anuales. Pero no especifican qué órgano o qué responsables se encargan de pactar los blindajes.
En paralelo, la gran mayoría de compañías del Ibex informa a sus accionistas en las juntas generales de las cláusulas pactadas con sus directivos. Aunque las compañías no cedan a sus accionistas la potestad de dar el visto bueno, lo normal es que en la junta se ofrezca información sobre estas compensaciones en las juntas. Sin embargo, aún ocho sociedades no informan a sus accionistas en los cónclaves anuales: Abertis, ACS, BME, Caixabank, Enagás, Ferrovial, Jazztel y Mediaset).
La pasada semana marca un antes y un después en la historia de Repsol. Antonio Brufau abandonaba tras una década la presidencia ejecutiva de la petrolera. No abandona la compañía, sino que cede el testigo a Josu Jon Imaz como máximo ejecutivo, con el cargo de consejero delegado, y él ocupará la presidencia no ejecutiva, encargado de labores de representación y de asesoramiento sobre la estrategia futura del grupo.
Brufau deja las riendas de Repsol y lo hace renunciando a la indemnización a la que tiene derecho por cese de sus funciones. En total, 14,25 millones de euros, fruto de un blindaje que contempla el pago de tres anualidades de sueldo monetario y una anualidad más por no marcharse a una empresa rival durante el año posterior a su marcha. Pero él renuncia a ese pago.
Renuncia, pero firma un nuevo contrato como presidente no ejecutivo a razón de 2,5 millones de euros anuales hasta 2019. Un sueldo por encima de lo que suelen percibir los presidentes no ejecutivos de las sociedades españolas. En total, Brufau recibirá 10 millones de euros. Y ese importe lo tiene asegurado, porque, en caso de rescisión anticipada del contrato, el directivo percibirá el importe pendiente hasta completar esos 10 millones.
El pasado julio, Telefónica también anunció la supresión del blindaje al que tenía derecho su presidente, César Alierta. La compensación ascendía a 35,5 millones de euros, equivalente a cuatro años de salario. El presidente renunciaba al blindaje a cambio de una aportación única y extraordinaria a su fondo de pensiones por esos mismos 35,5 millones de euros. El grupo de telecomunicaciones no realizará nuevas aportaciones al plan de pensiones de Alierta, que quedará congelado en los 48,8 millones de euros con que cuenta en la actualidad.
