La adjudicación a entidades privadas de la gestión de servicios públicos es una práctica cada vez más extendida en España. Lo que se incidió en el ámbito sanitario ya tiene eco en las televisiones públicas autonómicas, que cada vez tienden más a subcontratar la gestión a productoras privadas.
El primer ejemplo de éxito y el único de privatización total hasta el momento es el de Murcia, cuyo canal 7RM está gestionado por la productora Secuoya desde enero de 2015. Desde que se hiciera con el contrato público por casi 27 millones de euros, la productora de ‘Victor Ros’ (TVE) o ‘Apaches’ (Atresmedia) ha logrado reformar por completo la cadena regional y reducir la aportación pública de 30 millones de euros anuales a tan sólo 10 millones en la actualidad.
La televisión murciana estaba a punto de desaparecer en 2012 como consecuencia del exceso de déficit de las administraciones autonómicas, como última solución se planteó la externalización de los servicios de gestión a través de adjudicación vía concurso, un proceso en el que participaron productoras de la talla de Mediapro.
Al final, fue Secuoya la que se hizo con los derechos de explotación, con una concesión por tres años que les garantiza una facturación de 9 millones de euros en cada ejercicio. El compromiso de la productora gira en torno a la reducción de costes en base al aprovechamiento de los recursos regionales y a la producción propia, con un modelo basado casi íntegramente en la contratación de personal y productoras locales.
La empresa se comprometió también a desarrollar una fuerte inversión tecnológica en la plataforma Web TV con el objetivo de patrocinar la marca Murcia de cara al turismo y generalizar la presencia de 7RM en todo tipo de dispositivos y canales como Youtube.
El tirón de Secuoya ya se ha exportado a otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Asturias, con las que mantiene contratos parciales. Además compagina la actividad local con la producción de contenidos para las grandes casas a nivel nacional, como Atresmedia y TVE, y mantiene una joint venture con la Agencia EFE dedicada a la producción de vídeos y contenidos informativos en Latinoamérica.
Otro caso de éxito en la externalización de los servicios es el de la Corporación de la Radio Televisión Aragonesa, cuyos servicios están subcontratados en un 90% y no presenta ningún tipo de déficit ni pérdidas en sus cuentas.
El fracaso del modelo público
La otra cara de la moneda son las televisiones autonómicas que todavía mantienen el antiguo modelo de gestión directa por parte de las administraciones. No hace falta llegar a casos tan extremos como el de la Radio Televisión Valenciana (RTVV), cuya emisión fue cancelada en noviembre de 2013, para observar que los canales regionales no son rentables cuando están en manos de las administraciones.
Sólo en 2015, un total de 673,7 millones fueron presupuestados en subvenciones de los gobiernos autonómicos a las siete principales televisiones locales, incluyendo a la Comunidad Valenciana, que todavía está pagando el agujero de RTVV. La media de 96 millones anuales choca frontalmente con la partida de 10 millones presupuestada en Murcia, donde la gestión es privada.
Cataluña y Andalucía son las que más invirtieron el año pasado en sus televisiones, con un total de 225 y 137 millones de euros, respectivamente. Ambas cuentan con los presupuestos más altos de la parrilla autonómica, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) alcanzó los 307,9 millones en 2015, con un 73,07% de cobertura pública, mientras que la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se quedó en 164,2 millones, con un 83,43% en subvenciones públicas, según informa EFE.
