El pleno del Ayuntamiento de Madrid rechazará mañana el plan parcial para el desarrollo urbanístico de la Operación Chamartín que iba a llevar a cabo Distrito Castellana Norte (DCN). Sin embargo la alternativa planteada por la alcaldesa, Manuela Carmena, cuenta con el rechazo del Ministerio de Fomento y de la Comunidad de Madrid, que sería la autoridad responsable de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actual, un trámite que retrasaría la ratificación del proyecto hasta más allá de 2017.
Así las cosas, la Operación Chamartín tiene visos de instalarse en un estancamiento secular, del que ni siquiera las elecciones serán capaces de sacarla.
Fuentes próximas a la que iba a ser la promotora de esta actuación urbanística, DCN, han sugerido a SABEMOS que la operación se paralizaría hasta las Elecciones Generales del 26 de junio. La entrada de un equipo socialista en el Gobierno de España podría alinear los intereses de Fomento con los del Ayuntamiento, puesto que el nuevo proyecto, Madrid Puerta Norte, cuenta con el beneplácito de la formación municipal del PSOE.
Fuentes cercanas a la promotora calculan que será imposible contar con una solución antes de final de año
Pero incluso aunque un nuevo departamento de Fomento capitaneado por el PSOE asumiera el proyecto presentado por Carmena, las fuentes consultadas calculan que será imposible alcanzar una solución antes de finales de año, a no ser que el Ayuntamiento pliegue velas y reconsidere su postura. Más que nada porque los plazos para la aprobación de un nuevo PGOU, aspiración del actual equipo de gobierno, desbordarían los meses que quedan antes del 31 de diciembre.
Aunque se alinearan los planetas a nivel autonómico en una extraña carambola -tanto PP como Ciudadanos apoyan el actual proyecto de Castellana Norte-, aprobar la nueva Operación Chamartín antes de acabar este año sería imposible por una mera cuestión de plazos. Tan sólo el periodo de información pública es de varios meses, a los que hay que sumar el tiempo necesario para elaborar los informes preceptivos para elevar un nuevo PGOU al Parlamento regional. El retraso mayúsculo que conllevarían los trámites cuestiona el papel de DCN en el proyecto final.
Enfrentamiento
El tope del 31 de diciembre no es baladí: la promotora, participada en más de un 70% por BBVA y en el resto del accionariado por la constructora San José, advirtió de que su paciencia tiene un límite y que este se sitúa en 2016, que es cuando se acaba la concesión que obtuvo. Si la aprobación del plan parcial por parte del Ayuntamiento no se produce en el presente ejercicio, la compañía abandonará el proyecto en el que lleva trabajando más de dos décadas.
Las fuentes inmersas en el conflicto con las que ha contactado SABEMOS no han descartado que DCN acuda a los tribunales para defender sus intereses si el Ayuntamiento insiste en imponer su alternativa para el cierre norte de la ciudad. Ahora Madrid, esgrimen, pretende imponer un proyecto completamente diferente del que recibió el visto bueno de la Comunidad y de los técnicos del Ayuntamiento.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Foto: Efe
Ese punto podría aportar argumentos para llevar al Ayuntamiento ante el juez. Tal y como defendieron los cooperativistas de viviendas afectados por la paralización de los proyectos de la calle Raimundo Fernández Villaverde y de las cocheras de Cuatro Caminos, si el consistorio lleva la contraria a los técnicos municipales de urbanismo podría estar incurriendo en un delito de prevaricación.
En este caso el rechazo del pleno no vendría motivado por criterios técnicos, que serían los necesarios para frenar un desarrollo urbanístico en la fase del plan parcial, sino por cuestiones políticas. De hecho, el Partido Popular critica que Ahora Madrid se haya basado en un “escueto” planteamiento de 16 hojas para desmantelar la Operación Chamartín, un proyecto con 36.000 folios de documentación y con informes favorables de los técnicos municipales.
Una salida
Las fuentes consultadas explican que la vía judicial sería para DCN la última salida y que la promotora apostaría por agotar la opción de las conversaciones con el Ayuntamiento. El 31 de diciembre es su línea roja, dicen, pero la puerta de las negociaciones amistosas no está cerrada.
Pero pese a la mayor o menor voluntad de encuentro entre las partes, las posiciones están enfrentadas.
La paciencia de los inversores estaría cerca de agotarse, después de que la operación lleve en el aire desde 1993 y de que el anterior equipo regidor de Madrid, liderado por Ana Botella, dejara el proyecto con el lacito puesto a la espera de la aprobación del plan parcial por parte del pleno del Ayuntamiento.
El equipo de Ana Botella dejó el proyecto a falta tan sólo de la aprobación del plan parcial en el pleno del Ayuntamiento
La llegada de Ahora Madrid al Palacio de Cibeles postergó la convocatoria de la votación en la cámara municipal. La candidatura ciudadana siempre se mostró contraria a las grandes operaciones inmobiliarias de la capital -Campamento, Calderón, Chamartín- tal y como estaban planteadas. Y al enredo urbanístico ha contribuido la incertidumbre política que se ha instalado en España tras las últimas elecciones.
Carmena ya había anunciado con anterioridad que la cristalización de la Operación Chamartín iba a depender de los planes con los que llegara el nuevo Gobierno; no obstante, la regidora también había manifestado en las últimas semanas que el proyecto, tal y como estaba, no iba a salir adelante.
A la postura de Ahora Madrid se ha sumado el PSOE, aliado de Carmena en el consistorio y principal puntal para descartar la Operación Chamartín. Todo ello en mitad de los susurros de entrada de los socialistas en el equipo de gobierno de la Villa de Madrid.
Si se produjera un cambio de siglas en el Ejecutivo nacional y PSOE o Podemos obtuvieran el control en el Ministerio de Fomento -propietario de la estación de Chamartín y de gran parte de los terrenos colindantes a través de Adif-, Carmena conseguiría sumar un aliado para su frente. Ya serían 2 contra 2 (Fomento y Ayuntamiento contra Comunidad de Madrid y DCN). De esta forma, el desgaste político de Cristina Cifuentes sería considerable, aunque el parlamento regional seguiría teniendo la última palabra y podría seguir bloqueando el PGOU.
Aunque el Gobierno de España cambiara de signo y secundara el nuevo plan, la última palabra del PGOU la tendría Cristina Cifuentes
La solución, de acuerdo con las fuentes cercanas a DCN, pasaría por que el Ayuntamiento retirara su propuesta y por el consenso entre todas las partes de un nuevo plan parcial que cupiera en los requisitos establecidos en el PGOU actual.
Sea como fuere, depender de un nuevo Fomento implica irse a más allá de septiembre, si las conversaciones para formar un Gobierno resultan tan improductivas como las de la presente -y efímera- legislatura. Eso es muy poco margen de maniobra antes de que llegue el 31 de diciembre, el deadline para que DCN empiece su proyecto.
Inversión
El proyecto inicial de la promotora preveía una inversión de 5.974 millones de euros en la zona norte de Madrid, con más de 3,1 millones de metros cuadrados para edificar múltiples edificios residenciales y babélicos rascacielos para oficinas. En total, el plan actual contempla la construcción de 16.000 viviendas, 1.700 de ellas protegidas.
Frente a este proyecto, Madrid Puerta Norte reduce la superficie edificable a 1,7 millones de metros cuadrados, mientras que las viviendas se reducen a 3.587 (1.000 de ellas protegidas). La merma se debe, en parte, a que un área de vías que quedaría soterrada en el proyecto de DCN pasa a estar al aire libre en los planos del Ayuntamiento.
Propuesta de Madrid Puerta Norte. Foto: Ayuntamiento de Madrid
También descenderían los metros cuadrados dedicados a equipamientos públicos, de 289.916 metros cuadrados a 187.550. Asimismo, de 3 estaciones de metro y 2 de cercanías se pasa a tan sólo 1 de metro, mientras que la superficie destinada a zonas verdes pasa de 510.000 metros cuadrados a 274.000.
La diferencia también está en el dinero, ya que la Operación Chamartín de DCN incluye una inversión de 1.500 millones de euros en infraestructuras públicas que serían costeadas por la promotora, mientras que Madrid Puerta Norte prescindiría de esta aportación privada y le pasaría una factura de casi 600 millones a las administraciones.
Donde no preocupa tanto el vil metal es en BBVA. El presidente de la entidad, Francisco González, aseguró tras la reunión con las administraciones involucradas en la actuación urbanística que el proyecto no es relevante desde el punto de vista económico para el banco. No obstante, sí subrayó la importancia del proyecto para la ciudad de Madrid.
Muchas caras, en fin, de una misma moneda que mañana dejará de dar vueltas. El Ayuntamiento ya adelanta en la convocatoria del pleno que se va a denegar la aprobación del plan parcial de la Operación Chamartín. A unos les saldrá cara y a otros, cruz.
Foto principal: Distrito Castellana Norte
