Los taxistas siguen en pie de guerra contra las empresas y startups que han irrumpido en el sector del transporte con unos métodos dudosos, según ellos. El último enganchón ha venido a cuenta de una denuncia que ha realizado esta semana la patronal del taxi, Fedetaxi, acusando a Cabify de tener a falsos autónomos como trabajadores y llevar a cabo prácticas de “dumping” (usar precios por debajo de coste).
La guerra a dos bandas que mantiene el sector del taxi siempre tiene respuesta. Si cuando han acusado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), éstos han respondido diciendo que siempre llevan a cabo su trabajo; ahora ha sido Cabify la que no ha perdido el tiempo en reaccionar.
La plataforma española de movilidad urbana defiende en una nota que sus transportistas colaboradores «lo hacen bajo un régimen de contrato mercantil de servicios«, ya sean empresas o autónomos propietarios de flota de vehículos de turismo con conductor (VTC).
Fedetaxi y el sector estatal de Carretera de CCOO presentaron el lunes una denuncia conjunta en la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social contra esta plataforma española de movilidad urbana, por presunta competencia desleal sobre los precios. La patronal ha pedido a las autoridades del Ministerio que investiguen si Cabify pudiera estar compitiendo en el mercado del transporte urbano con prácticas de «dumping» (por debajo del coste) y con falsos autónomos.
Entre los motivos que usa Cabify para defenderse, ha recalcado que «no da de alta a autónomos», sino que éstos ya se han constituido como tales antes de comenzar su relación contractual. Ha añadido que los transportistas que colaboran con la plataforma «no perciben» un sueldo mensual, ni anual de carácter fijo de ésta, sino que sus ingresos «son consecuencia de la facturación de las horas y servicios realizados».
Asimismo, ha recalcado que cuenta con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas para la prestación del servicio y ha apuntado que «siempre se ha mantenido dentro» de su ámbito de negocio y de los «límites impuestos» por la legislación aplicable.
¿Tiene sentido esta denuncia?
Cabify, en su comunicado, pone sus argumentos sobre la mesa, sin embargo, hay ciertos matices que dejan en el aire la situación real y que, puede dar pie, a que Fedetaxi tenga razón.
No aclara nada sobre la estructura organizativa y disciplinaria a la que deben someterse los conductores. Es decir, ellos ofrecen un servicio que deben garantizar, por lo tanto tendrá que haber coches disponibles si los usuarios lo solicitan. Esto implicaría que sus conductores deben ajustarse, por tanto, a una serie de horarios y compromisos organizativos.
Según Ad&Law, firma legal especializada en asesorar a startups, si Hacienda considera que los conductores tienen una dependencia total o muy importante de la plataforma y que éstos tienen que cumplir con las condiciones que les marca la compañía, la inspección de trabajo puede llegar a estimar que hay ajenidad por lo que corren el riesgo de ser sancionados e incluso pueden verse obligados a cerrar o trasladar el ámbito geográfico de su negocio.
Ante esta situación, Cabify tendrá la importante misión de demostrar que sus trabajadores son completamente autónomos, y no incurren en las acusaciones que traslada Fedetaxi. La batalla por los precios será otra.
