La violencia vivida la noche del lunes pasado en Barcelona, durante el desalojo de una sede de «Caixa Tarragona» ocupada por marginales de distintas tribus urbanas que concentran su actuación pública en las filas de la CUP, puede representar la señal de partida para que el explosivo momento actual que hoy vive el independentismo, tras los resultados del 20-D, termine por hacer reventar el imposible equilibrio al que se ha llegado casi de milagro.
Ese equilibrio sólo se sostiene por un pegamento: el objetivo de independencia. En lo demás, las contradicciones entre los burgueses comme il faut de Convergencia más cierto sector de Esquerra y el irredento anarquismo que impregna a la formación extremista, así como el radicalismo del resto de ERC, empujan hacia una desestabilización que amenaza con volver ingobernable la Comunidad. Sobre todo, su capital.
LA RUPTURA DE LA CUP DEJA A CDC CON EL CULO AL AIRE
En estos momentos, la situación roza ya con el caos. Convergencia, considera la aprobación del Presupuesto presentado como una prueba del algodón de la lealtad al pacto de gobernabilidad CDC-ERC-CUP. Esquerra lo apoya, pero sólo con la boca pequeña, ya que ve poco menos que antisocial el no recoger la subida de impuestos que propuso para las rentas superiores a 90.000 euros al año. Y la CUP (cuyos 10 diputados en el Parlament son esenciales para sumar mayoría) decidió ayer como quien dice desligarse del acuerdo, mediante un voto asambleario.
Su razón fundamental: considera que el presupuesto no sirve para iniciar ya mismo la ruptura con el Estado, y coincide con Esquerra en que ha de recogerse un incremento impositivo que castigue a lo que ella llama «rentas altas» y aporte recursos a los menos favorecidos. Ese incremento podría significar para Convergencia una huida en masa de sus electores habituales, que sentirían las nuevas tasas como una agresión directa a sus bolsillos. Y sus jerarcas lo saben.
LOS AYUNTAMIENTOS PODEMITAS Y EL ORDEN PÚBLICO
Los choques ideológicos y de intereses electorales se ven agravados por las consecuencias que en el orden público están teniendo las tomas de posición de Ada Colau y su Barcelona en Comú al apoyar, o al menos mostrar comprensión, por los altercados que provocan el anarquismo radical okupa y otras tribus proclives a la violencia, frente a cualquier intento de mantener la convivencia en las calles mediante la salvaguarda de la ley. Aunque se haga con una contención notable, como sucedió en los ya citados incidentes del pasado lunes.
El desalojo se ejecutó por iniciativa de la Generalitat, aunque en la CUP sospechan que la alcaldesa fue consultada, y decidió mirar para otro lado cuando conoció la decisión de hacer intervenir a la fuerza pública en el local antes bancario. La «okupación» se prolongaba desde 2011 y el lugar era utilizado, según la propaganda anarquista, para actividades públicas y culturales gratuítas destinadas al pueblo. Según testimonios de vecinos «en realidad, era un lugar de concentración de pandillas, divididas según tendencias y aficiones, para hacer cada uno lo que le venía en gana».
La histórica violencia de la tradición nihilista barcelonesa siempre ha inhibido a los corregidores de la ciudad y a los dirigentes de la Generalitat, que han ignorado y hasta silenciado, gracias a su forma de gestionar la presión sobre los medios, otros muchos incidentes anteriores de menor cuantía.
¿UN «IMPUESTO REVOLUCIONARIO» DE LOS BRONQUISTAS?
Es la razón por la que nadie se ha asombrado que trascendiera un dato cuanto menos chocante: el Ayuntamiento pagaba con dinero de los contribuyentes y por orden del alcalde convergente Xavier Trías (el mismo sobre el que se han publicado recientemente documentos probatorios de que poseyó al menos una cuenta muchimillonaria en un paraíso fiscal cuyos inexplicados fondos han terminado en Andorra) la cantidad de 5.500 euros al mes por el alquiler de la sede bancaria requisada por los okupas. Hasta Colau ha calificado de «muy elevado» el precio pagado por ese chantaje a los ciudadanos. Aunque, con los dedos pillados por pasadas promesas, también aseguró a los expulsados que buscaría una alternativa.
Pero Colau -lo mismo que su correligionario y colega de Cádiz, González «Kichi», cuya dimisión acaba de solicitar por escrito la Policía Municipal- se guardó muy mucho de condenar los actos de vandalismo y de respaldar la actuación de los «mossos de esquadra», uno de cuyos portavoces declaró ante testigos que las bandas que se les enfrentaron «se mueven en la bronca como peces en el agua».
El problema es que la permisividad de los Ayuntamientos manejados por Podemos o sus marcas blancas ante el matonismo de los que viven en la marginación, sea por sus circunstancias personales o porque les gusta esa existencia, está alimentando una espiral de crispación difícil ya de parar. Las prédicas sobre el «poder popular» al estilo venezolano que impregnaron su propaganda electoral, la que les llevó al triunfo, han sustituido el concepto de la ley en la calle por el de la ley de la calle. Y una marcha atrás hacia la sensatez, si se la plantearan, podría representarles una insufrible sangría de votos.
PÁNICO EMPRESARIAL A UN GOBIERNO ERC-CUP
Por eso vemos a la hasta hace poco vanguardista, culta y civilizada Barcelona encaminarse hacia un todavía inmensurable abismo desde una ceguera que no sabemos si es o no reversible.
Por lo pronto, el vértigo provocado por el miedo a lo desconocido se está instalando en los ambientes empresariales -¡ojo!, no hablamos sólo de las macro empresas-. Sobre todo, tras la declaración de guerra de la CUP a Convergencia al romper el pacto de gobernabilidad y el guiño solapado que les ha hecho Junqueras al insinuar que, si los números salen, ERC podría entenderse con ese grupo ultraizquierdista para quedarse con la Generalitat por medio de unas elecciones anticipadas, que provocarían que CDC se quedase en ridícula minoría en una votación. Y, por tanto, fuera del circuito de poder que ha sido la Barcelona del Pujolato.
La idea empieza a provocar pánico en el mundo de los emprendedores. Un importante industrial de Barcelona me dijo ayer: «Tengo que empezar a preparar el traslado, pero no sé a donde. Lo que sí sé es que con un Gobierno ERC-CUP muchos hemos de salir a la carrera o asumir pagar la revolución con nuestra ruina. Y las encuestas ya le dan a ERC, considerando desguazado Junts pel Sí, 41 diputados, y subiendo. Si la CUP gana también algún escaño pueden alcanzar la mayoría. Y, entonces, adiós».
