La patronal FETAVE denuncia que la nueva normativa de garantías que promueve la Secretaría de Estado de Turismo -que eleva un 66% los avales que se exigen a las agencias- condena a una nueva crisis del sector en plena temporada alta y hace inviable su negocio.
Cabreo en el sector de las agencias de viajes. Cabreo y miedo. Y es que tras la reforma de la Ley para la Defensa de Consumidores, y para su aplicación al sector de los viajes, el Gobierno en funciones promueve ahora un cambio normativo que implicaría elevar un 66% los avales que la Administración exige a las agencias de viajes para poder operar y para cubrir los costes de posibles problemas con el consumidor.
Una medida que, según la Federación de Agencias de Viajes de España (FETAVE), provocará una “nueva crisis en el sector turístico” coincidiendo con la nueva temporada alta. La patronal de las agencias habla de “malestar” y de “preocupación” por la propuesta que la Secretaría de Estado de Turismo, comandada en funciones por Isabel Borrego, ha trasladado a las comunidades autónomas.
Y es que la reforma que promueve el Gobierno supondría un incremento del 66% de los avales que deben presentar las agencias de viajes, que conllevaría una garantía para su actividad de un mínimo del 5% de su facturación de viajes combinados y un mínimo de 100.000 euros.
Una propuesta que “pone en peligro la viabilidad de las pymes y representa una barrera infranqueable para la creación de nuevas empresas en el sector”, al tiempo que “supone una nueva amenaza para las pymes del sector al incrementar de forma desproporcionada la cuantía de los avales que las AA.VV. estarán obligadas a garantizar”, señala FETAVE.
La patronal de las agencias se queja de que el sector no ha sido consultada por parte del Ejecutivo para el diseño de la reforma legislativa. Ahora FETAVE ha remitido cartas a todas los gobiernos de todas las comunidades autónomas solicitando reuniones urgentes para plantear alternativas a la propuesta del Ministerio de Industria con “medidas tan desproporcionadas”.
La Generalitat de Cataluña ha mostrado su rechazo a la iniciativa del Gobierno y los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del País Vasco han propuesto crear mesas de trabajo con el sector para estudiar alternativas.
