Un año después de la entrada de ‘Ahora Madrid’ y de ‘Barcelona en Comú’ en los ayuntamientos, el fenómeno de la ocupación ha incrementado su presencia en las principales ciudades españolas. A pesar de que no existen censos oficiales, la sensación general es que estos colectivos se encuentran más cómodos ahora que tienen representatividad en las instituciones.
Nadie conoce cuál es el número exacto de ‘okupas’ en Madrid y Barcelona, no existen datos oficiales, pero la atención mediática creciente y el incremento de los disturbios en las barriadas urbanas hace pensar que este movimiento ha cogido fuerza en los últimos meses.
La llegada al Ayuntamiento de Manuela Carmena en la capital y de Ada Colau en Barcelona ha supuesto un antes y un después respecto al fenómeno de la ‘okupación’, según señalan el resto de fuerzas políticas y agentes sociales.
Son múltiples las ocasiones en las que ambas han hecho declaraciones públicas a favor de las ocupaciones pacíficas. Sin embargo, son quizás las acciones políticas y sus propios equipos de gobierno los que más delatan su postura respecto al fenómeno.
Madrid, territorio de las mafias
El problema de la ocupación en la capital tiene una doble vertiente: las ocupaciones de edificios municipales por colectivos y las ocupaciones de viviendas privadas por mafias.
“Cualquier ocupación es ilegal porque ataca a la propiedad privada o a la propiedad de todos los madrileños. Es evidente que ha habido un trato de favor desde el Gobierno de Ahora Madrid, que tiene hasta cinco concejales que reconocen ser ‘okupas’. Lo hemos notado todos, el Partido Popular, el resto de fuerzas políticas y cualquier persona que lea los periódicos”, señala Jorge Fanjul, concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular.
El caso del concejal Guillermo Zapata es el último que ha salpicado al consistorio, tras ser juzgado por usurpación como partícipe de la ocupación de un edificio en la calle Pez como miembro del colectivo “Patio Maravillas”.
En esta ocasión, el equipo al completo de Ahora Madrid cerró filas en torno a Zapata. «Hemos sido portada y hemos recibido insultos por nuestra vinculación con este colectivo. Nunca lo hemos negado. Estamos orgullosos de haber defendido los accesos a la ciudad», señalaba Rita Maestre.
Por su parte, Manuela Carmena prefirió hacer declaraciones menos explícitas sobre el asunto, aunque no dudó en señalar que la ‘okupación’ de edificios vacíos es algo “generalizado” en todo el mundo y que lo normal es que cuando el propietario reclame los ocupantes se marchen sin más.
“Los gobiernos que justifican cualquier tipo de ‘okupación’ están en la línea roja de cometer un acto constitutivo de delito. Lo que no se puede hacer es enfrentar a la gente e ir contra la propia ley. Sería un despropósito jurídico legislar a favor de la ocupación. Los propietarios no son los que han provocado estas situaciones”, señala Óscar Rodríguez Merino, abogado de M&R Abogados y Consultores.
El Ayuntamiento madrileño distingue claramente entre las ocupaciones que se producen por necesidad y aquellas que llevan a cabo las organizaciones mafiosas para lucrarse posteriormente.
“El trabajo del consistorio está encaminado a dar una respuesta habitacional a todas las personas que, por necesidad, han sido víctimas de las mencionadas mafias o que están abocadas a buscar soluciones desesperadas por no tener otra alternativa”, señalan en un comunicado de prensa.
Sin embargo, según la experiencia de los profesionales este tipo de personas no dan el perfil más habitual de “okupas”.
“El perfil del ocupante suele ser gente joven, clase social baja, con pocos estudios y poco poder adquisitivo. Las familias que están al borde del desahucio son las que más luchan por salir de esas situaciones y buscar legalmente una solución habitacional, piden ayuda tanto a los abogados como al banco. No dan el perfil de ocupas. No es mayoritaria la ocupación por necesidad”, explican desde el despacho M&R, especialistas en derecho inmobiliario.
“La responsabilidad del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid es dar salida a esas familias que se encuentran en situación de necesidad a través de los servicios sociales. No pueden permitir que la ocupación sea la única solución”, señala Jorge Fanjul.
Respecto a las ocupaciones mafiosas, el problema está más presente que nunca tras la denuncia de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) de la existencia de al menos un millar de casos en distintos barrios de Madrid.
Según los datos que manejan a partir de las propias asociaciones vecinales de los diferentes distritos, en Madrid existen alrededor de 4.500 y 5.000 viviendas ocupadas. Al no existir estudios anteriores al respecto, la única referencia es la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (2014), que recoge un total de 3.748 procedimientos abiertos por usurpación en los juzgados de instrucción, de los cuales sólo 516 terminaron por la vía penal.
“Sí que notamos mayor sensibilidad sobre el problema pero un enfoque político erróneo, porque el Ayuntamiento llegó con mucha voluntad pero con falta de conocimiento, comprensión y preparación de soluciones”, señalan fuentes de la PAH Madrid.
Como respuesta, la Delegación del Gobierno en Madrid, en colaboración con la Policía de Madrid y el consistorio, puso en marcha la Unidad de Coordinación Provincial de Seguimiento de Viviendas Ocupadas, la cual recibió 800 llamadas en su primer mes de funcionamiento.
Además, el departamento de Carmena se comprometió a hacer un censo de viviendas ocupadas en cuatro focos principales de la ciudad: San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) y San Isidro (Carabanchel), Entrevías (Puente de Vallecas) y Ensanche de Vallecas (Puente de Vallecas).
El nuevo organismo ha sido muy criticado por la FRAVM, la primera en poner el foco sobre el problema, al señalar que las autoridades no están distinguiendo por tipos de ocupación, lo que “criminaliza” estas prácticas y facilita el negocio a las mafias ilegales.
“Celebramos que por fin exista la figura del coordinador especial en el problema de la ocupación pero criticamos que se esté tratando de manera indiscriminada. La presión en estos casos debe centrarse en las mafias y no en las personas que se han visto obligadas a ocupar tras un desahucio. Esto permite que cualquiera pueda denunciar sin ningún seguimiento. Nosotros pedimos un cambio en la legislación y que la ocupación por causas justificadas deje de ser un delito”, señalan desde la plataforma.
Existe mayor sensibilidad sobre el problema pero un enfoque político erróneo
Por otro lado, desde la Federación reivindican que si se han comenzado a buscar soluciones en torno problema de la ocupación no ha sido gracias a la acción de Ahora Madrid en el consistorio, sino a la presión ejercida por las organizaciones sociales.
“No ha habido cambio de un gobierno a otro. La ocupación se ha convertido en un problema para la agenda pública por la presión que llevamos haciendo desde hace muchos años. Por fin han entendido que no se trata de un problema de dos barrios concretos, sino de un problema de la ciudad que antes estaba naturalizado”, añadían fuentes de la FRAVM.
Otro foco de polémica fue la iniciativa del Ayuntamiento de Ahora Madrid ceder espacios públicos en desuso a entidades ciudadanas en la capital. El requisito fundamental es que dichas entidades se constituyan legalmente en el Registro Público de Entidades Ciudadanas.
Dichos lugares podrán ser cedidos sin concurso público a las asociaciones que el consistorio considere adecuadas sin titularidad pública obligatoria, cambio fundamental respecto al anterior marco regulatorio.
“Ahora más que viviendas privadas están optando por ocupar edificios públicos. El problema que se plantea es quién va a pagar la luz, el agua, los suministros básicos… La alternativa es que lo enganchen al suministro de los los vecinos. Ya entramos a otro delito, defraudación de suministros, que suele derivar en multas”, explica Óscar Rodríguez.
El resto de grupos en la Asamblea no vieron con tan buenos ojos la medida. Desde Ciudadanos criticaban que al no exigir esta titularidad se podían colar muchos movimientos ‘okupas’ en las listas del consistorio si se registraban.
Entre los espacios cedidos se encontraba uno en la plaza de Legazpi, en el distrito de Arganzuela, otro en el barrio de Salamanca, y el resto en Chamberí, Ciudad Lineal y Fuencarral-El Pardo.
Barcelona, referente del movimiento ‘okupa’
El caso de esta región es algo distinto al de Madrid porque cuentan con colectivos más activos tanto en volumen de ocupaciones como a nivel mediático. El caso más reciente ha sido el del conocido como ‘Banco Expropiado’ en el barrio de Gràcia, que ha dejado en evidencia las ayudas económicas de la anterior administración a este colectivo –el ex alcalde de CiU, Xavier Trias, pagó 5.500 euros al mes durante 2015- y la “permisividad” del actual Gobierno.
“El movimiento ‘okupa’ está enquistado en Barcelona y se ha agravado en el último año por la relación de connivencia y permisividad de la alcaldesa. Están representados en las instituciones a través de los concejales de la CUP y prefieren los edificios de titularidad pública porque el desalojo es más difícil”, señala Carina Mejías, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona.
No existe un recuento oficial de las viviendas que actualmente se encuentran en manos de ‘okupas’. En respuesta, el grupo municipal de Ciudadanos ha elaborado su propio censo con los datos a los que ha podido tener acceso en el último año.
El documento recoge las viviendas ocupadas tanto de titularidad municipal como privada. Respecto a las primeras, desde julio de 2015 se han ocupado un total de veinte edificios de titularidad pública –a falta de actualizar los datos-, en el caso de las segundas fueron aproximadamente 260, entre propietarios privados y entidades.
Si algo es destacable en los recientes conflictos de las autoridades con estos colectivos ha sido el alto grado de violencia en los enfrentamientos. Otra de las polémicas respecto a la ‘okupación’ de Gràcia fueron las discrepancias entre el Ayuntamiento y los Mossos d’Esquadra respecto al tratamiento del conflicto y la prohibición a la Policía Urbana de intervenir.
“Están generando conflictos vecinales grandes, porque se enmascaran en actividades culturales y sólo generan malestar en los barrios. Los ciudadanos y comerciantes están muy preocupados por los daños y destrozos que no cubre el seguro. La Policía Urbana tiene un conflicto latente porque se les ha desautorizado y despreciado. Tienen la instrucción política de no actuar en los casos de ‘okupas’ y por eso no ayudaron a los Mossos en Gràcia”, añade la concejala.
Las soluciones alternativas de Ada Colau al conflicto tampoco han sentado nada bien a la oposición. En un primer momento, la alcaldesa ofreció un alojamiento alternativo a los ‘okupas’, que lo rechazaron, luego llegó a plantearse comprar el edificio aunque rechazó la idea por el “exorbitado” precio.
“Los mecanismos como pagarles el alquiler o comprarles pisos son un agravio comparativo y una ofensa para los que pagan impuestos. Hay que exigir a los alcaldes del cambio que decidan de qué parte están, de quien cumple la ley o de quien no”, sentenciaba Carina Mejías.
