Después del revés de la Comisión Europea a las pretensiones de los taxistas y del sector turístico está claro que los políticos españoles se tienen que sentar a hablar sobre economía colaborativa. Bruselas ha dejado claro que prohibir a los Uber y Airbnb no es una opción y que los estados miembros tienen que legislar sobre estas nuevas actividades, algo que previsiblemente sucederá en esta legislatura.
Si ahora mismo hubiera que construir el primer ferrocarril de España, el Gobierno no podría decidir de manera unilateral que el ancho de vía debe ser diferente al resto del continente. Afortunadamente, las instituciones de la Unión Europea aseguran cierta cordura y unidad de criterios en las regulaciones de los mercados, lo que también afecta a las empresas de la economía colaborativa.
En el último informe de la Comisión, el organismo europeo aporta ciertas pautas que los estados deben seguir en la regulación de este tipo de actividades y en la transposición de las directivas de comercio electrónico y de servicios para dotar a la economía colaborativa de un marco legal. Entre las recomendaciones de la CE está que los países establezcan límites para discernir cuándo una determinada actividad es profesional y cuándo no lo es pero el Ejecutivo comunitario se muestra contrario a la emisión de licencias para poder prestar servicios y se opone a la prohibición de plataformas como Uber y Airbnb.
La Comisión Europea es contraria a las restricciones por licencias y la prohibición de las plataformas colaborativas
Esto supone “un antes y un después” para la economía colaborativa, según fuentes del sector en España, ya que se establecen unas reglas del juego que han de respetarse en todos los estados miembros. Asimismo, invitan a los diferentes países a ponerse manos a la obra en su tarea legislativa.
El reloj está contando, dado que la Comisión Europea va a vigilar el cumplimiento de sus pautas. Las fuentes de uno de los actores del sector son optimistas sobre los plazos de transposición de los preceptos comunitarios a España: “Esperamos que en esta legislatura”.
“Muchos partidos ya han mostrado interés en estudiar y entender mejor la economía colaborativa”, resaltan. “De hecho, ya en esta corta legislatura había entrado en el registro la constitución de una comisión de estudio sobre economía colaborativa en el Congreso”, añaden.
Hasta ahora, en España había levantado mucha polvareda la oposición del gremio de los taxistas y de las patronales hoteleras al desembarco de plataformas como Uber y Airbnb. Enfrente se han encontrado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se ha conseguido abstraer del ruido y la furia -también de los líos internos a cuenta de las diferentes sensibilidades políticas y sus intereses electorales- y se ha mostrado contraria a ponerle puertas al campo de la economía colaborativa.
Por otro lado, los juzgados también han dado alguna alegría a Airbnb. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha barrido de la legislación regional la limitación de las estancias en viviendas turísticas a 5 días.
Con los tribunales, con Europa y con Competencia en perfecta alineación cósmica, sólo falta que los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre la regulación apropiada para la economía colaborativa. Las fuentes del sector consideran que “la conversación casi ni ha empezado” aunque esperan que en el nuevo curso político “este tema se hable y se trabaje mucho a nivel legislativo”.
“Todo el mundo coincide en que es un reto, una conversación muy rica y muy compleja, pero también todo el mundo coincide en que es una conversación muy urgente. Es prioritario. Es una actividad que ya es muy conocida, involucra a muchas personas, da apoyo y resulta muy útil para las clases medias; además, tiene mucha repercusión en medios de comunicación y hay muchísimo interés”, concluyen las fuentes.
Autonomías
Si hay suerte, el Congreso podría acabar su trabajo con un documento cerrado que se convertiría en alguna ley para regular la economía colaborativa. No obstante, este escenario podría ser demasiado optimista, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas han comenzado a legislar sobre estas actividades.
Frente a la fragmentación del marco regulatorio, las empresas del sector defienden que la Administración central asuma un papel de “liderazgo”, que articule las condiciones en las que se prestan los servicios en todas las autonomías. En cualquier caso, la advertencia de la Comisión servirá de guía o línea roja para las regiones que quieran restringir la actuación de estas plataformas.
Foto: Efe
