La difusión de conversaciones privadas del ministro del Interior con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña provoca un cataclismo político a cuatro días de las elecciones. Toda la oposición pide la dimisión de Fernández, íntimo de Rajoy, que hace dos años instó a la citada Oficina a buscar pruebas que involucraran al independentismo catalán en casos de corrupción. Los dos protagonistas restan importancia a sus reuniones y ponen el foco en la gravedad de que un miembro del Gobierno fuera espiado y grabado en su despacho.
La liebre saltó a cinco días de las elecciones. Tras semana y media de campaña monótona y plana, con los posibles pactos de gobierno como único tema de debate público y la polarización ideológica imponiendo sus marcos, salieron a la luz conversaciones privadas que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantuvo en su despacho en octubre de 2014 con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. En ellas, Fernández se interesa por pruebas de presunta corrupción en torno al independentismo catalán e insta a su interlocutor a ir por ese camino. El diálogo incluye algunos nombres propios: Roger Junqueras -hermano del vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras-, Francesc Homs -entonces consejero de Presidencia catalán y hoy cabeza de lista de Convergència al Congreso- y Felip Puig -exconsejero de Empresa de Artur Mas-.
No hay constancia de que esos diálogos -destapados en exclusiva por Público– derivaran en actuaciones concretas, pero evidencian un intento del ministro por influir en un organismo independiente siguiendo motivaciones políticas. Un hecho que toda la oposición considera intolerable y que de nuevo pone en la picota al miembro del Gabinete que más quebraderos de cabeza ha dado a Mariano Rajoy desde su llegada a La Moncloa. PSOE, Podemos y Ciudadanos exigen su cese y los secesionistas catalanes consideran así probada su tesis de que el Estado maniobra contra ellos utilizando torticeramente todos los recursos a su alcance. Junqueras tilda el caso de “GAL mediático”, Mas alude a la “matriz franquista” del régimen español y Puigdemont ve emergidas “las caras visibles de la persecución del Estado contra los independentistas”. La tormenta política se prolongó a lo largo de todo el miércoles y sus ecos se reproducirán, tengan efecto electoral o no, hasta el decisivo 26-J.
Las reuniones del ministro
Fernández Díaz reaccionó con la indignación que suele acompañarle en estos casos. Por supuesto, no es menor la gravedad de que se le haya espiado y grabado en su propio despacho para tratar de perjudicarle políticamente, pero tampoco lo son sus oscuros movimientos entre bambalinas. Y no es la primera vez que salen a la luz episodios así. En unas semanas se cumplirá un año de la reunión que mantuvo con Rodrigo Rato en la sede del Ministerio del Interior. Una cita de dos horas con un investigado por varios presuntos delitos -del fiscal al alzamiento de bienes pasando por falseamiento de cuentas en la salida a bolsa de Bankia o administración desleal en el caso de las tarjetas black– que le obligó a comparecer durante cinco horas en el Congreso. Fernández Díaz explicó que recibió a su excompañero de partido para atender su preocupación por las amenazas personales que estaba recibiendo. Amenazas que Rato no denunció y que el ministro justificó aludiendo a cientos de mensajes emitidos en las redes sociales.
La oposición no creyó la versión ni consideró aceptable que, en caso de ser cierto, el ministro dé ese trato privilegiado a una figura pública que se dice amenazada. La más dura fue la portavoz de UPYD, Rosa Díez, que abundó en sus argumentos posteriormente al ser entrevistada en este diario: “El imputado Rato le pidió una cita para hablar de su situación, de su seguridad y de sus escoltas, pues no tiene ningún sentido que lo reciba él. ¿O él es el sheriff? No, como él mismo ha dicho, las decisiones respecto a los escoltas las toman los profesionales”.
El asunto, destapado en pleno verano por el diario El Mundo, quedó enterrado y Fernández sobrevivió a su desliz más trascedente hasta ahora. Las conversaciones con De Alfonso y la reunión con Rato empequeñecen otros desmanes de Interior no precisamente triviales, como la filtración en enero de 2014 de una operación antiterrorista antes de que se produjera -le costó el puesto al director de comunicación del Ministerio- o los detalles que el propio Fernández Díaz dio en rueda de prensa sobre el esclarecimiento del caso Publio Cordón. La Audiencia Nacional le abrió una investigación por posible revelación de secretos al destripar ante los medios esa operación contra los GRAPO en julio de 2012.
Otro importante borrón en su expediente fue la tragedia de El Tarajal. Quince inmigrantes fallecieron en febrero de 2014 al intentar alcanzar a nado las costas de Ceuta, caso que terminó en la Justicia con 16 guardias civiles imputados. La magistrada que investigó el caso consideró que 13 agentes y tres mandos de la Benemérita pudieron incurrir en “homicidio imprudente” al disparar pelotas de goma contra los inmigrantes que trataban de llegar a suelo español, aunque finalmente archivó la causa en octubre de 2015.
Por el camino, ha habido más patinazos -argumentar que no excarcelar al etarra Bolinaga hubiera supuesto “prevaricar” o defender ante los micros que el aborto “tiene que ver con ETA”- de este político siempre en el ojo del huracán. Tampoco han desaparecido, ni mucho menos, las legendarias disputas intestinas en los Cuerpos de Seguridad, entre unos y otros ‘clanes’ y entre comisarios, circunstancia que algunos ven detrás de la filtración a Público. El Ministerio que tradicionalmente más apoyo popular recibía y menos quemaba a su titular se ha convertido en la era Rajoy en uno de los principales focos de problemas.
Ninguna persona tiene «capacidad alguna» para influirle, ha declarado el director de la Oficina Antifraude
El presidente del Gobierno en funciones aceptó el mismo miércoles la versión de su subordinado -los encuentros difundidos entran dentro de la normalidad, los diálogos publicados están sacados de contexto y lo grave es haber sido espiado- y aseguró que “hay alguien que intenta aprovechar y pescar en río revuelto para ver qué saca” a pocos días de las generales. También el director del Oficina Antifraude catalana negó haber sido presionado y contextualizó los encuentros con el ministro en el marco de la «normalidad» de su actuación. Desde que tomara posesión en 2011 -por designación de la mayoría cualificada del Parlamento autonómico, al que está adscrita la Oficina- se ha reunido con más de 300 personas públicas para desarrollar su actividad. Ninguno tiene «capacidad alguna» para influirle, explicó a La Sexta. La Cámara catalana ya ha iniciado los trámites para destituirle.
Como ya ocurriera en ocasiones anteriores, Rajoy defiende a Fernández, uno de los ministros más unidos a él. Y esa actitud es uno de los motivos por los que se hace inimaginable pensar en su reelección. El partido más próximo ideológicamente, Ciudadanos, que le tiene vetado como líder para la próxima etapa política, fue muy contundente al valorar el caso e hizo ver que por episodios así no respaldará un Ejecutivo que no implemente una renovación de caras de arriba a abajo.
Duras palabras de Rivera a Rajoy
“Presidente Rajoy, ¿usted conocía que existe un ministro de Interior que construía pruebas para ir contra la oposición? ¿Sí o no?”, inquirió Albert Rivera al poco de divulgarse los audios de las mencionadas conversaciones. Y fue aún más allá: “Es de extrema gravedad. Los resortes del poder son para garantizar libertades, no para pisotearlos. Esto no me parece propio de España. Me parece propio de Venezuela”.
Rivera levantaba así un poco más el muro que le separa del candidato del PP y que anula toda posibilidad de Rajoy de ser investido tras el 26-J. O deja paso a otro liderazgo en el partido, o su acuerdo con Ciudadanos -no digamos ya con el PSOE o con otras fuerzas minoritarias- será imposible. Ya era una quimera antes de que se divulgaran las escuchas, pero casos como este son los que refuerzan a Rivera en su convencimiento de que hay que cambiar de gobernantes y cargan de argumentos su discurso. Es algo similar a lo que ocurrió tras el 20-D, cuando la Operación Taula o el caso Acuamed dinamitaron las posibilidades de acercamiento PP-C’s, según admitieron los dirigentes naranjas. No están dispuestos a asumir el coste de futuros escándalos en torno a autoridades que lo serían gracias a sus votos. Y esa espada de Damocles permanecerá siempre sobre las cabezas de figuras como Fernández Díaz y, por añadidura, de quien le defiende.
