El Ejecutivo lleva semanas haciendo lobby ante la Comisión Europea para demostrar que cuando garantizó los 40.000 millones en activos fiscales diferidos de la banca no fue un rescate encubierto, sino una medida para equiparar la legislación española a la europea. La decisión de abrir una investigación, en manos de Vestager.
El pasado 7 de abril saltaba la alarma en la banca española y, por tanto, en el Gobierno: La Comisión Europea anunciaba el comienzo de una investigación preliminar sobre cuatro países europeos (Italia, España, Grecia y Portugal) por un posible incumplimiento de la normativa de ayudas de Estado. El motivo: existían sospechas de que se habría beneficiado discrecionalmente a los sectores bancarios de cada uno de estos países al garantizarles los llamados DTA (activos fiscales diferidos), que en el caso de España ascendían a más de 40.000 millones de euros.
Los créditos fiscales son un tipo de activo en balance que cuantifica el derecho de una empresa a descontarse el pago de impuestos en el futuro debido a que así puede compensar pérdidas del pasado. Como la banca española presentó durante una crisis unas inmensas pérdidas, acabó por generar miles de millones en créditos fiscales (es decir, en derechos a pagar menos impuestos en el futuro). El problema es que para activarse, para poder contabilizarse como capital, una entidad financiera ha de tener asegurados unos beneficios futuros sobre los que poder rebajar los impuestos. Si no se generan los suficientes beneficios en el futuro, no habría la opción de activar esos créditos fiscales y, por lo tanto, no se podrían contabilizar como capital a efectos regulatorios de la banca.
¿Qué hizo el Gobierno? En diciembre de 2013 garantizó esos activos fiscales, de forma que le mandó un mensaje a los inversores internacionales: Los créditos fiscales se activarán sí o sí, porque incluso en el caso de que el banco no generara bastantes beneficios, el Estado los respaldará. Dicho y hecho, las autoridades regulatorias (como el Banco Central Europeo) dieron por buenos los cambios regulatorios introducidos por España y aceptaron contabilizar los DTA como parte del capital principal de los bancos. Gracias a este rescate encubierto la banca española se presentó a los test de estrés como la más solvente de Europa. El problema es que algunos países miembro han denunciado ante Bruselas esta estrategia del Gobierno español, por entender que se trata de una ayuda de estado ilegal que perjudica a los competidores.
Pedir información y poco más
Esta investigación preliminar hasta el momento ha consistido poco más que en la solicitud y recepción de información detallada sobre cómo efectivamente España ha garantizado o no los 40.000 millones de euros en créditos fiscales que se han convertido en activos fiscales, de forma que las entidades financieras españolas pueden contabilizarlas como capital regulatorio. Un cambio legislativo de finales de 2013 fue el que posibilitó que miles de millones de euros en activos fiscales en los balances de los bancos españoles pudieran contabilizarse como capital.
En caso de que Bruselas prosiguiera con la investigación y acabara dictaminando que los DTA se regularon de forma incorrecta, las entidades financieras se verían notablemente infracapitalizadas, por lo que o bien el Estado tendría que volverlas a inyectar fondos o bien éstas tendrían que ampliar capital para cubrir sus necesidades regulatorias. En el caso de España, son más de 40.000 millones de euros, una cantidad de capital que en algunas entidades como Bankia o el Banco Sabadell supone más del 60% del capital que tienen contabilizado en balance. De tener que descontarlos como parte de su common equity algunos bancos entrarían en una situación de insolvencia desde el punto de vista regulatorio.
Una norma que pueden aplicar todas las empresas
«Que corra el agua y no se hable mucho de ello». La esperanza y el objetivo tanto del Ministerio de Economía como de Banco de España y la propia patronal bancaria es que esta investigación no llegue siquiera a llevarse a cabo y todo se archive como si no hubiera pasado nada. Por esta razón, el Ejecutivo español y los bancos llevan semanas reuniéndose y tratando de convencer a la Comisión Europea de que España no incumplió la normativa de Competencia al permitir que los DTA estuvieran garantizados. Son varias las razones que esgrimen:
Por un lado, que el cambio regulatario aprobado por España en 2013 no fue ningún rescate, sino una forma de homologar el tratamiento de los créditos fiscales en España frente a otros países europeos. Esta era una reclamación histórica de la banca española: igualar el tratamiento de estos créditos fiscales, ya que la normativa española era mucho más restrictiva que otras a la hora de permitir que una empresa o banco se descontara impuestos por pérdidas del pasado. Hay ciertos gastos que la ley española no permite que sean deducibles, y sin embargo sí en el ámbito europeo, lo que en la práctica convertía en mucho más costosas las pérdidas contables para un banco español que para un banco británico, por ejemplo. Al aprobar el cambio normativo de diciembre de 2013, según el Ejecutivo, se subsanó este agravio comparativo.
Otra de las razones defendidas por bancos y Gobierno es que en realidad esta no es una norma que beneficie a un sector concreto (los bancos), sino que es un mecanismo que pueden emplear todas las empresas en España si quisieran. El hecho de que hayan sido bancos, dicen, los únicos en beneficiarse masivamente de esta medida no quiere decir que sea por tanto una medida ad hoc para rescatarlos. «Cualquier otra compañía puede emplear los DTA como la banca», aseguran desde la patronal de los bancos.
Los contactos entre Gobierno, bancos y comisarios europeos llevan a un ritmo frenético desde que se conoció la intención de abrir una investigación. El 4 de mayo, tanto el gobernador del Banco de España. Luis María Linde, como el Gobierno y algunos representantes de la banca acudieron a Bruselas para reunirse con comisarios. Al día siguiente fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, y Álvaro Nadal, de la oficina económica de Moncloa. Esta pasada semana, por su parte, también se han mantenido numerosos encuentros al más alto nivel. La comisaria de Competencia Vestager se encontró entre el 21 y el 22 de mayo tanto con el titular de Economía como la patronal AEB y el Banco de España. Todo con tal de que la Comisión Europea no diga a España que hay un agujero en su sistema financiero.
