El número de compañías españolas que se ha dado de alta en el registro de lobbistas del Parlamento Europeo se ha duplicado desde el 19 de noviembre de 2014. Ese día, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, prohibió que, desde entonces, los comisarios se reuniesen con lobbies no registrados.
El pasado 19 de noviembre de 2014, el recién elegido vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dio luz verde a la conocida como Iniciativa de Transparencia, una de las propuestas estrella del equipo de comisarios encabezado por el luxemburgués Jean Claude Juncker. Entre otras medidas, la aprobación de esta iniciativa suponía la publicación de todos los encuentros que los miembros del Ejecutivo Comunitario mantuvieran con lobbistas y grupos de presión.
Otra medida adherida a esta iniciativa, quizás menos llamativa en un principio, ha desatado un aluvión de inscripciones en los registros de grupos de presión (cabildeo) que mantienen las instituciones europeas. Junto a la obligación de transparencia de los comisarios, Timmermans prohibió ningún encuentro con empresas y organizaciones que no estuvieran apuntadas oficialmente en el Registro de Transparencia que publican de forma conjunta el Parlamento y la Comisión Europea.
Desde que se hizo pública la intención de Bruselas de limitar los encuentros de los altos cargos comunitarios con los lobbies, las empresas españolas han casi duplicado su presencia (al menos de manera oficial) en el registro de grupos de presión: Desde que se abrió en abril de 2008 y hasta el 19 de noviembre de 2014 se habían inscrito unas 34 empresas; sin embargo, en los apenas cinco meses desde que la Comisión ha prohibido los encuentros informales se han registrado 31 compañías españolas.
Bancos y cementeras
Entre las compañías que desde noviembre han decidido dar el paso de reconocer que defienden sus intereses directamente en Bruselas hay varios bancos (Santander, Popular y Caixabank) e incluso se ha inscrito el Sareb, conocido como el banco malo español. Más notable aún es la presencia de empresas cementeras y extractivas: hay seis compañías de estos sectores (Cementos Portland, Molins, Balboa, Cosmos, Magnesitas Navarras, Magnesitas Rubián…).
Seur, Amadeus, Isolux, Cepsa, Ecoembes… la nómina de grandes empresas españolas con una explícita actividad lobbista incluye buena parte de las mayores compañías del país y una participación mayoritaria del IBEX-35: hay un total de 19 de este índice registradas como entidades con la intención de influir en las políticas comunitarias.
En las instituciones europeas hay un total de 232 entidades españolas que se reconocen como lobbistas, un 6% de todas las registradas. De éstas, 65 son empresas privadas como las antes mencionadas (ver gráfico inferior) y 119 son asociaciones y federaciones empresariales en general: Comfemetal, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), la Asociación Española de Banca (AEB), la de operadores petrolíferos, la de instituciones de inversión… Además, hay 24 sindicatos y asociaciones profesionales y otras 24 organizaciones de todo tipo.
Pese a esta salida del armario, fuentes del sector lobbista consultadas por SABEMOS reconocen que una inmensa mayoría de la influencia se sigue ejerciendo de forma opaca. «Los empresarios españoles son en general reticentes a esto de registrarse», explica María Rosa Rotonto, lobbista y portavoz de la Asociación Profesional de las Relaciones Institucionales (APRI). Y si en Europa el tema aúne stá en pañales, peor todavía es la situación en la política española. Y es que el problema comienza precisamente en los cargos públicos que no informan de con quién se reúnen en el ejercicio de su cargo. «Casi la totalidad del cabildeo en España se hace de forma opaca, y son solo honrosas excepciones las de los políticos que publican sus encuentros».
Las «honrosas excepciones»
Según los expertos en lobbismo consultados por SABEMOS; primero de todo en cuanto a transparencia está UPyD. Sus diputados no solo publican puntualmente todas sus reuniones, sino que se dan a conocer también las agendas, las nóminas y toda la actividad parlamentaria en general del grupo en el Congreso. Ellos encarnan las mejores prácticas porque son los que las desarrollan de forma sistemática, aunque entre los diputados de otras formaciones también hay casos de una transparencia homologable al ámbito europeo.
Es el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez. El líder del PSOE publica en su página web su agenda diaria detallada, y es posible consultar sus actividades en el pasado. Otra representante socialista, Lourdes Muñoz, también mantiene una página web en la que es posible consultar sus actividades de forma detallada. Y aunque ni el Gobierno ni el Partido Popular sea precisamente la formación más destacada en cuanto a transparencia, lo cierto es que la titular del Ministerio de Agricultura, Isabel Tejerina, cuelga en la web de esta institución su agenda actualizada de encuentros y reuniones, una práctica que ya iniciara su antecesor, Miguel Arias Cañete.
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