Las nuevas exigencias de seguridad impuestas tras la catástrofe de Fukushima incluían la obligación de construir antes de diciembre de 2015 un centro alternativo de emergencias desde el que dirigir las centrales en caso de accidente. Ninguna de las plantas nucleares españolas lo hizo. El CSN amplió el plazo hasta el 30 de junio a Almaraz, Trillo y Cofrentes, y hasta el 30 de noviembre a Ascó y Vandellós. Las tres primeras centrales han vuelto a incumplir el plazo y el CSN se limita otra vez a concederles una nueva prórroga también hasta el 30 de noviembre, porque el diseño que han realizado las compañías no se ajusta a los requisitos obligatorios.
Todas las centrales nucleares españolas se han saltado uno de los aspectos de la normativa de seguridad que se estableció tras el desastre de Fukushima. Las plantas estaban obligadas a construir antes de que terminara el año 2015 un centro alternativo para la gestión de emergencias (CAGE), un lugar seguro para dirigir la central y las tareas de seguridad en caso de accidente. Pero ninguna de las siete centrales españoles en activo cumplió el plazo y ninguna tenía la instalación en funcionamiento para esa fecha.
Ante el incumplimiento generalizado de la normativa de seguridad, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió a finales del año pasado ampliar el plazo a las nucleares para tener operativa la instalación. La nueva fecha límite era el 30 de junio de este año para las centrales de Almaraz, Trillo y Cofrentes y del 30 de noviembre para Ascó y Vandellós.
Las tres centrales a las que les expiraba ahora el plazo lo han vuelto a incumplir y siguen sin tener lista la instalación exigida. Y el pleno del CSN –el órgano colegiado que toma todas las decisiones del supervisor- acordó la semana pasada un nuevo aplazamiento del plazo máximo que se les concede a las compañías titulares de estas tres plantas.
Incumplen requisitos para un accidente severo
Las eléctricas que gestionan estas tres plantas (Iberdrola como principal operador en todas ellas, y Endesa, Gas Natural Fenosa y EDP España con participaciones menores) tienen ahora también hasta el 30 de noviembre para cumplir la norma de seguridad y tener ya operativos sus respectivos CAGE. El CSN iguala así la prórroga que concede a todas las centrales españoles después de saltarse los anteriores plazos.
El CSN ve necesario el nuevo aplazamiento porque el diseño realizado por los dueños de las tres centrales no se ajustan a todos los requisitos establecidos en la norma, en especial los que se refieren a las condiciones de habitabilidad y protección radiológica ocupacional, según se recoge en el acta de la reunión del pleno de la pasada semana [ver el documento completo].
Según el CSN, las propietarias de Almaraz y Trillo han utilizado un término fuente para calcular la dosis del personal para determinar la habitabilidad del centro de emergencias “que no se corresponde con una situación de accidente severo”, como exige la normativa. Y en el caso de Cofrentes, el titular ha aplicado en los cálculos algunas hipótesis sobre parámetros de emisiones al exterior que el CSN considera poco exigentes.
En paralelo, el CSN advierte de que el diseño de los centros de emergencia propuestos or las tres centrales no garantizan plenamente la protección radiológica, al no existir separación físcia entre las vías de entrada y salida del personal contaminado en caso de accidente y el no contaminado.
Ante estos problemas, el CSN considera necesario “actuaciones adicionales” tanto del personal de las compañías eléctricas como del propio organismo supervisor, y es por ello por lo que se dispone el aplazamiento hasta el 30 de noviembre para que estén operativas las nuevas instalaciones. Fuentes del sector nuclear consultadas por SABEMOS ponen en duda que en el plazo adicional de cinco meses sea posible adecuar enteramente los diseños a los requisitos que se recoge en la regulación.
Los CAGE, clave en caso de accidente
El CSN aprobó en 2012 varias instrucciones técnicas complementarias (ITC), de obligadísimo cumplimiento, en las que exigía la construcción de estos centros de emergencia en cada una de ellas y les daba de plazo a las compañías eléctricas titulares de las plantas hasta diciembre de 2015 para tenerlos ya operativos.
Los CAGE sirven para poder gestionar la planta y todas las tareas de emergencia si hay un accidente desde un lugar seguro fuera de los edificios principales de la central, en caso de que los empleados estuvieran obligados a abandonar la sala de control habitual.
Los requisitos técnicos que exige el CSN para esos CAGE que deberían estar ya operativos establecen, entre otros aspectos, que deben ser edificios ubicados a 100 yardas (unos 91 metros) de los edificios significativos para la seguridad nuclear, a una cota que impida que se inunden, ser resistentes a movimientos sísmicos, tener blindaje radiológico, con capacidad suficiente para acoger a todo el personal necesario para gestionar la emergencia (70 personas si hay un solo reactor, 120 si son dos), y con autonomía suficiente para mantenerse aislado al menos un día y con soporte parcial otros dos días más.
Las centrales nucleares han ido iniciando las obras para construir los CAGE durante los últimos años. Pero ninguna cumplió el primer límite de tenerlos listos el pasado diciembre, y las tres instalaciones que debían tenerlo operativo en junio tampoco van a cumplir el segundo plazo. Ahora el CSN se limita a darles un nuevo margen de cinco meses más.
IMAGEN: Flickr | Rodrigo Gómez Sanz.
