La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (APLACA) exige una fianza de 1.000 millones de euros a la concesionaria de la plataforma Castor, el almacén subterráneo de gas construido por una filial de ACS frente a las costas de Castellón, y al Estado. La acusación cree que la empresa responsable de la construcción de la plataforma, Escal, podría declararse insolvente y que la responsabilidad patrimonial difícilmente llegaría hasta ACS.
“La percepción que existe es que esta es una empresa instrumental”, resume el abogado Carlos Villacorta, que firma el escrito en el que Aplaca exige una fianza para compensar a los vecinos de Vinaròs y alrededores. En varias poblaciones castellonenses se pudieron sentir 300 terremotos, de forma paralela a la actividad en la plataforma de almacenamiento de gas, que comenzó en el año 2007.
Como explica el letrado, Escal existía antes de que comenzara el proyecto de la plataforma Castor, pero esta empresa de ingeniería no dispone de página web y ha cambiado su domicilio en mitad del proceso judicial que está dilucidando las responsabilidades penales y civiles de la compañía y sus directivos en relación con los seísmos que se sucedieron.
“Esto nos hace pensar que no es una empresa muy solvente y por eso solicitamos que la fianza se extienda a sus accionistas. Eso es más difícil que ocurra. Si ya es difícil que nos reconozcan la fianza, todavía es más difícil que levanten el velo de una sociedad pantalla”, afirma Carlos Villacorta.
La acusación teme que Escal no sea solvente, por lo que piden que la fianza la paguen también los accionistas
Pese a que la complejidad societaria detrás de la empresa que construyó la plataforma Castor, Aplaca solicita una fianza de más de 1.000 millones de euros para compensar los daños morales que sufrieron los vecinos de la zona.
En el escrito en el que la asociación exige indemnizaciones, Aplaca calcula que 86.284 personas se pudieron ver afectadas por los seísmos que se produjeron mientras la plataforma Castor estaba operando. Sin entrar a valorar los perjuicios materiales, físicos o psíquicos que sufrieron los vecinos, la acusación considera que a todos estos habitantes de los pueblos más próximos al almacén submarino de gas se les causó un daño moral.
En este sentido, Aplaca se fija en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en concreto en un caso: las indemnizaciones que recibieron algunos de los viajeros que estaban a bordo del Costa Concordia cuando el barco encalló en la costa de la Toscana italiana. El Supremo reconoció en su fallo que los pasajeros pasaron por episodios de estrés, angustia y miedo durante las horas del rescate, por lo que se les admitió un perjuicio moral y una compensación de 12.000 euros a cada uno.
Algo parecido habría sucedido en las poblaciones cercanas a la plataforma Castor, ya que los vecinos han vivido con “miedo de que sus casas se vinieran abajo en cualquier momento” desde el año 2007, según Carlos Villacorta. “Esta gente ha estado sufriendo, viviendo con los terremotos, escuchando las sirenas de los simulacros”, subraya el letrado. Por eso pide la misma cantidad, 12.000 euros para los 86.000 vecinos, lo que eleva la fianza a 1.035 millones de euros en total.
El proceso
Durante la instrucción judicial del caso de los terremotos en los alrededores de la plataforma Castor, “personas del entorno de la empresa contratista y del entorno de la Administración han dicho que esto es cuestión de regular un poco la llave, de cerrar un poco el grifo para que entre menos gas”, resalta Villacorta. Por ello, los afectados siguen preocupados ante la posibilidad de que el almacén de gas pudiera reactivarse.
“A día de hoy el miedo persiste porque el Gobierno sigue sin pronunciarse y la puerta está abierta a reiniciar las tareas en la plataforma”, precisa el abogado de Aplaca.
Por el momento, Enagás ha concluido sus trabajos para dejar la plataforma Castor en un estado de hibernación, aunque el Gobierno está a la espera del informe que encargó para decidir lo que hacer con esta infraestructura. Por lo tanto, la vía de la reactivación no se ha descartado aún.
De manera paralela circula el proceso judicial, que ya acumula 15.000 folios y que tiene visos de prolongarse en el tiempo hasta los 18 meses de duración, de acuerdo con las estimaciones de Carlos Villacorta. Quizá se tome una decisión sobre esta fianza de 1.035 millones de euros que exigen los afectados, una cifra que en cualquier caso es mucho menor que los 1.300 millones que recibió ACS por el lucro cesante que le provocó el decreto de cierre de la plataforma.
