Si los que mandan (iba a decir «gobiernan») en Guinea Ecuatorial tuvieran la costumbre de leer, cosa poco probable, podrían invocar a Carroll, Jarry, Ionesco o Kafka. Pero no es previsible que lo hagan y tampoco es necesario. El dictador Obiang se basta por sí solo para trastocar de un plumazo todo un poder judicial.
El pasado 25 de mayo, el secretario general de la opositora Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Andrés Esono Ondo, acudió al Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo en respuesta a la convocatoria dictada por el juez tres días antes, según ha informado el partido en su cuenta de Facebook.
La convocatoria del juez (que incluía la advertencia de que debía presentarse en un plazo máximo de tres días) no fue entregada en la sede de CPDS, ni en el despacho de su abogado, ni por supuesto en su domicilio. «Fue leída por radio y televisión, como si fuera un delincuente”, según explicó este martes el propio Esono a SABEMOS. El motivo de la convocatoria era la acusación lanzada por el régimen nguemista contra el líder del partido y otros miembros de la oposición (tanto del interior como del exilio) de haber intentado introducir el virus del ébola en Guinea Ecuatorial, de la que informó SABEMOS el pasado 19 de mayo.
El líder opositor fue «citado» por radio y televisión y cuando llegó al juzgado se encontró con que ya no había nadie ante quien declarar
Pues bien, cuando Esono se personó en el juzgado, acompañado por los abogados Ponciano Mbomio y Fabián Nsue Nguema, se encontró con que en las dependencias únicamente sólo estaban los funcionarios y no se encontraba ninguna autoridad judicial.
Según fuentes opositoras citadas por la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE, con sede en Madrid), Esono y sus abogados se reunieron con una persona que, finalmente, les explicó que no estaba autorizada para aceptar declaración alguna ni para tomar decisiones sobre el tema.
EL SECRETARIO GENERAL DE CPDS ACUDE AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MALABO, Y SE ENCUENTRA CON UN VACÍO JUDICIALEn la mañ…
Posted by Convergencia Para La Democracia Social CPDS on Lunes, 25 de mayo de 2015
¿Qué es lo que había pasado?
El artículo 89 de la Constitución de Guinea Ecuatorial afirma claramente, y sin posibilidad de interpretaciones, que “el Poder Judicial es independiente del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo”.
El problema de este punto es que el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, cargo que desempeña (desde 1979, y hasta que el cuerpo aguante) Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, es uno y trino y reúne en su persona los tres poderes de Montesquieu. “Artículo 92: El Jefe del Estado es el Primer Magistrado de la Nación y garantiza la independencia de la función jurisdiccional”.
Obiang reúne en su persona todos los poderes del Estado
Obiang, según la Constitución, determina la política de la nación, arbitra y modera el funcionamiento normal de todas las Instituciones del Estado, sanciona y promulga las leyes, ejerce el derecho de veto, garantiza la aplicación de la Constitución y el funcionamiento de los poderes públicos, convoca y preside el Consejo de Ministros, dicta los decretos y los decretos leyes en el Consejo de Ministros, ejerce la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas Nacionales y de la Seguridad del Estado, garantiza la seguridad del Estado en el exterior, declara la guerra y la paz, nombra y separa libremente al vicepresidente (su hijo Teodorín, dicho sea de paso), ratifica la decisión de la Cámara de los Diputados y del Senado sobre la elección y cese de sus presidentes y demás miembros de sus respectivas mesas, nombra y separa a los altos cargos civiles y militares, negocia y firma los acuerdos y tratados internacionales, representa a Guinea Ecuatorial en las relaciones internacionales, ejerce el derecho de gracia, convoca las elecciones generales, convoca el referéndum, aprueba en los Consejos de ministros los planes nacionales de desarrollo, dispone la disolución de las Cámara de los Diputados y del Senado y, por si quedara alguna, “ejerce las demás atribuciones y prerrogativas que le confieren las leyes”.
Con estas modestas «atribuciones y prerrogativas», el presidente de la República sancionó el pasado 20 de mayo (dos días antes de que se airease por televisión la convocatoria de Esono) un decreto por el que se dispone la “disolución total del Poder Judicial” por “conveniencia de mejor servicio” y en aplicación del artículo 41, inciso h, de la Constitución, que establece que el presidente de la República tiene facultad para nombrar y separar a los altos cargos civiles y militares. En cumplimiento del decreto, el ministro del Interior, Clemente Engonga Nguema, ordenó de inmediato que se retirasen los vehículos oficiales a los magistrados, según explicaron fuentes opositoras.
Finalmente, el Gobierno hizo público este miércoles el nombramiento de Juan Carlos Ondo Angue como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia para los próximos cinco años, sustituyendo en el cargo a Martín Ndong Nsue, un hombre «caído en desgracia», según diversas fuentes del país. Ondo Angue, de 47 años, es oriundo de Mongomo, localidad natal de Teodoro Obiang Nguema, en la región continental, y cantera de buena parte de los altos cargos del régimen. Es hijo de la actual embajadora de Guinea Ecuatorial en España, Purificación Angue Ondo, quien ejerció durante once años el cargo de ministra de Promoción de la Mujer y que en el documental emitido recientemente por RTVE La Paradoja de la Abundancia declaró, literalmente: “Obiang nos dijo que aprovechemos el dinero del petróleo”.
Juan Carlos Ondo Angue
El caso, detalles al margen, es que Guinea Ecuatorial ha estado sin poder judicial durante casi una semana por decisión personal del que todo lo puede, una decisión que, según declaró Esono a SABEMOS, afectó «a todos, desde el presidente de la Corte Suprema hasta el último secretario judicial». «Es la primera vez que ocurre, y es la prueba más que evidente de que, en Guinea Ecuatorial, el Estado es Obiang«, denunció Esono. «La voluntad del dictador es la ley que rige en este país», manifestó. Desde que se anunció el decreto presidencial, según afirmó en un artículo el representante del partido en España, Santiago Aparicio Abeso, «los jueces no saben si pueden tomar decisiones en esta situación especial, o deben esperar a que la única persona que decide en Guinea Ecuatorial les diga lo que tienen que hacer».
De momento, segun explicó Esono a SABEMOS, su absurda visita al juzgado se tradujo en la mera extensión de “una diligencia de comparecencia” en la que se hace constar que la acción judicial «no se ha ejecutado por impedimento del Decreto sancionado por la Presidencia de la República mediante el cual se disolvía el Poder Judicial y sus Miembros, siendo de esta forma, emplaza dicha diligencias cuando sea necesario» (sic).
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