La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pretenden presentar en dos semanas la denuncia contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ante la Fiscalía Anticorrupción.
En tan sólo una semana, más de un millar de personas se han adherido a la denuncia por prevaricación que se presentará contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, por el diseño «arbitrario» y «caprichoso» del nuevo modelo retributivo de las energías renovables y el recorte de las ayudas en más de 2.700 millones de euros [ver aquí el texto completo de la denuncia]. La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PX1NME) pretenden trasladarla dentro de dos semanas a la Fiscalía Anticorrupción para que abra una investigación sobre el asunto y hasta entonces buscan sumar apoyos tanto individuales como colectivos (incluidas asociaciones y también partidos políticos) que respalden la acusación. De momento, más de 1.000 personas ya se han adherido.
Ambas asociaciones consideran que el hachazo a las retribuciones a las renovables y la cogeneración, aprobado por el Gobierno en junio del año pasado, se hizo con «arbitrariedad» y sin «respaldo técnico» que sirva para justificarlo. El recorte se articuló a través de una orden ministerial del Ministerio de Industria con la que se pretendía homogeneizar el cálculo de las rentabilidades de todas las tecnologías renovables y todas las instalaciones afectadas, dado que el nuevo modelo sustituía el sistema de primas por generación vigente hasta entonces por uno nuevo que simplemente garantizaba una «rentabilidad suficiente» a cada proyecto.
No hay una metodología que lo justifique
Por este motivo, la metodología de cálculo en la que se basa el recorte es, según los denunciantes, crucial para garantizar que se ha tratado a todos los afectados por igual y que no ha existido trato de favor a unas instalaciones frente a otras. El Ministerio de Industria encargó informes técnicos a dos consultoras internacionales, Roland Berger y Boston Consulting, para que elaboraran la metodología para cálcular los nuevos párametros de retribución a las energías renovables. La contratación, realizada a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), contó con un presupuesto de 595.000 euros y se adjudicó por un procedimiento negociado (a dedo) por la urgencia que el Gobierno decía tener para contar con esa metodología.
Según se recoge en la denuncia, Roland Berger llegó a realizar hasta tres informes distintos con cálculos para realizar el recorte, presuntamente por presiones del Gobierno para que esos cálculos se ajustaran a sus necesidades para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico. En cualquier caso, el informe definitivo no se entregó hasta cuatro meses después de estar ya aprobada la orden ministerial que servía para ejecutar el recorte (ese último informe de Roland Berger está fechado el 31 de octubre de 2014, y la orden ministerial fue publicada en el BOE el 20 de junio). Y su contenido no se ha conocido hasta que el Tribunal Supremo lo ha solicitado por las múltiples causas legales abiertas contra el recorte. En paralelo, la otra consultora, Boston Consulting, ni siquiera llegó formalmente a entregar ningún informe y su contrato fue rescindido.
«Pleno conocimiento de la arbitrariedad»
«El Gobierno no tenía obligación de pedir esos informes a las consultoras, lo que sí es obligatorio es tener una metodología técnica que sirva para justificar el recorte y demostrar que no es caprichoso», explica Jorge Morales de Labra, vicepresidente de Fundación Renovables a SABEMOS. «La contratación de las consultoras servía para dar apariencia de legalidad al proceso, porque sus informes servían para establecer la metodología y para justificar cuál sería el recorte. Hay que determinar cómo se hizo el recorte, con qué metodología, y hoy no se conoce. Si no hay criterios homogéneos, hay base para investigar si el hachazo fue injusto y a sabiendas de que lo era», sentencia. Por este motivo, la denuncia es por prevaricación y se dirige personalmente contra el secretario de Estado de Energía y presidente del IDAE, Alberto Nadal, al entender que fue el quien dirigió el proceso, quien tuvo «dominio del acto».
Según el texto de la denuncia, «la Administración diseñó un mecanismo objetivo de valoración de estándares retributivos, mediante licitación con dos consultoras, las cuales emitieron sendos informes que no gustaron (…) hasta el punto de rechazar uno de ellos de plano e instar la modificación de los datos realizados por la otra consultra. De ser com los indicios evidencia, estaríamos entrando de lleno e la figura jurídica de la prevaricación administrativa (…) La orden ministerial fue dictada con grosero y pleno conocimiento de su arbitrariedad«.
Fundación Renovalbes y PX1NME entregarán la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción en dos semanas para que abra una investigación sobre los hechos. Si el fiscal considerara que no hay motivos suficientes, ambas asociaciones pretenden convertir al denuncia en querella criminal y presentarla directamente ante el juzgado.
