España se prepara para presentar una defensa de sus esfuerzos económicos que convenza a Bruselas y al resto de países de la Unión Europea (UE) de que logrará reducir su déficit por debajo del 3% del PIB en 2017, para lo cual sus socios le piden que «actúe».
Mientras el ministro español en funciones de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se mostró una vez más «convencido» de que España eludirá una sanción por haber incumplido sus compromisos de disciplina fiscal, sus socios han insistido en que esperan algo más que una constatación de méritos pasados para decantarse por una multa más simbólica que punitiva. «Claramente existe la posibilidad de reducir la multa, potencialmente incluso a cero, pero tenemos que ver cuáles son las alegaciones» de España y de Portugal, «qué factores relevantes destacan y qué compromisos toman», aseguró este martes el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Euro, Valdis Dombrovskis.
Después de que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas ratificara que España y Portugal no tomaron «medidas efectivas» en 2015 para evitar que sus déficits se desviaran de los compromisos asumidos -en ocho décimas en el caso de España, hasta el 5 % sin contar las ayudas dadas a la banca-, el proceso sancionador se ha puesto en marcha este mismo martes.
Por su parte, De Guindos anunció que este miércoles presentará sus alegaciones, en las que dará cuenta de los esfuerzos ya llevados a cabo y de la buena deriva de la economía española, pero también de ingresos extraordinarios que el Gobierno prevé lograr. Se trata de 6.000 millones de euros a través de una subida del tipo mínimo del pago a cuenta del Impuesto de Sociedades que se aplica a las grandes empresas, así como de un ahorro de 1.500 millones en el pago de intereses y de 1.000 millones logrados a través de la lucha contra el fraude fiscal. Esto supondría una diferencia de 8.500 millones de euros, lo que coincide a grandes rasgos con los esfuerzos exigidos a España para reducir su déficit al 3,7% del PIB este año y al 2,5% el próximo, como propuso en mayo la Comisión.
En concreto, Bruselas pidió a España una mejora en su balance estructural de un 0,25% del PIB en 2016 y un 0,50% en 2017, lo que equivale a más de 8.000 millones de euros. Sin embargo, España hace frente a una dificultad añadida, que es el hecho de que su Gobierno se encuentra en funciones.
Medidas que ya se sugieren
El Gobierno en funciones liderado por Mariano Rajoy considera que el aumento de la recaudación con una medida que se aplica a las grandes empresas no debería ser difícil de aceptar por el resto de las fuerzas políticas en las negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo.
Tras las alegaciones que presente España, la Comisión propondrá una sanción en un máximo de 20 días, contando desde este martes, aunque se espera que no agote el plazo. La multa puede oscilar entre el 0,2% del PIB nacional y 0 euros, opción esta última a la que aspira España, y puede además ir acompañada de la suspensión parcial o total de los fondos estructurales y de inversión europeos que percibe el país.
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha asegurado que la aplicación de las reglas de disciplina fiscal a España y Portugal no tiene como objetivo «castigar» a estos dos países, sino «incentivarles». Se trata, precisó, de «evitar incentivos erróneos para que los países actúen y hagan lo que tienen que hacer», dijo Schäuble, quien subrayó que si «aplican rápidamente medidas eficaces para encarrilar en lo que queda de año el desvío del déficit, entonces se podrá levantar la suspensión de los fondos europeos a partir del 1 de enero de 2017», y no perderían ninguno.
