CCOO y CNT han impugnado el despido colectivo llevado a cabo por la empresa de mobiliario urbano propiedad de JCDecaux al presentar una memoria económica demostrando que la filial en Madrid daba beneficios cuando fue desmantelada.
Aunque la mayoría de trabajadores ya están fuera de Cemusa, los sindicatos a excepción de UGT –única organización que firmó el acuerdo de despido con la compañía- siguen la lucha por la readmisión del 85% de la plantilla -245 trabajadores de los 309 del total- que la empresa de marquesinas echó a la calle el pasado mes de abril.
El resto de organizaciones con representación en el Comité han impugnado ante la sala social de la Audiencia Nacional el ERE al observar que la actividad de Cemusa en Madrid estaba dando beneficios al grupo JCDecaux que a su vez estaba desviando a otros lugares dentro de España y negocios en el exterior, como su inversión en Nueva York.
La vista, que estaba fijada para el 25 de junio, se ha retrasado hasta septiembre ya que el propio magistrado ha calificado el conflicto como “complejo”.
“Cuando JCDecaux compró Cemusa asumió todas sus deudas. El problema es que la compañía tiene muchos créditos concedidos con otras filiales en el exterior y estas no pagan. La actividad era viable porque no se ha dejado ni un solo contrato, pretenden mantener el ritmo pero con el 75% menos de la plantilla”, explican fuentes de Comisiones Obreras (CCOO) a este periódico.
Respecto a la evolución de los despidos, fuentes internas nos confirman que la mayoría ya se han efectuado y que el plan de recolocaciones propuesto por la empresa ha sido todo un fracaso; con sólo 44 solicitudes de las 114 plazas ofertadas.
“Los afectados no han querido acogerse al acuerdo negociado por UGT porque suponía pasar a ser contratados como autónomos”, explican desde CNT Madrid.
La capital ha sido el punto más afectado por los despidos, con un 80% de su plantilla dentro del ERE. Ciertos grupos de los representantes de los trabajadores achacan al Ayuntamiento no haber hecho nada por paralizar el proceso hasta que la Audiencia se pronuncie al respecto.
Sin embargo, otras fuentes entienden que tanto el consistorio madrileño como el resto están entre la espada y la pared, ya que “mientras la empresa cumpla es imposible hacer nada”, al tratarse de acuerdos a nivel estatal.
Como señal de desacuerdo con el despido colectivo, los ayuntamientos están “más pendientes que nunca” de que se cumplan todas las condiciones de los pliegos y se respeten al pie de la letra los contratos, según explican fuentes sindicales a este periódico.
“La ley laboral estipula que una vez ejecutado el despido no se puede parar. Si prospera el proceso en la Audiencia, Cemusa estaría obligada a readmitir a los empleados bajo las mismas condiciones anteriores al ERE y sólo les quedaría la alternativa de recurrir ante el Supremo”, señalan desde CCOO.
