Aragón, Baleares, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana dejarán previsiblemente de estar gobernadas por el PP como consecuencia del 24M y pasarán a ser regidas por Ejecutivos de izquierdas. Sin embargo, sus anteriores gobiernos pactaron con Hacienda adherirse a alguno de los fondos de financiación que habilitó el Estado, lo que las obliga a cumplir con un camino de ajuste fiscal y pago de la deuda. Las opciones para salir son pocas, pero las hay.
Programas, urnas, cábalas, negociaciones. España es un hervidero de encuentros entre políticos que echan sus cartas sobre el tablero: veo tu plan de viviendas y le sumo un hospital, te apoyo si sacas de tus listas a esos tres… Este país está mudando el traje, que parece que ya no se lleva el azul que se vistió en 2011 casi hasta las enaguas. Pero los que han votado cambio no deben llevarse a engaño. Los nuevos ejecutivos no tienen las manos libres ni mucho menos en un buen número de casos. Hay 15 comunidades autónomas que se han adherido a fondos del Gobierno para no ahogarse en la crisis y tienen las cuentas intervenidas por el Ministerio de Hacienda.
De esas 15, seis tienen opciones de cambiar el signo de su gobierno. En concreto, se trata de las siguientes.
– Aragón. Se logra mayoría absoluta con 34 escaños, de los que queda muy lejos el PP de la ahora presidenta en funciones, Luisa Fernanda Rudi, con 21 escaños. Aunque harán falta conversaciones a varias bandas, el socialista Javier Lambán (18) y Pablo Echenique, de Podemos (14), ya han dicho que empezarán a negociar la próxima semana. Deuda a finales de 2014: €6.010mill.
– Baleares. Se logra la mayoría absoluta con 30 escaños. El PP del ahora presidente en funciones, José Ramón Bauzá, ha logrado 20. El PSIB-PSOE cuenta con 14 y Podemos con 10. En esta comunidad, Podemos se siente más cercano a otra formación de izquierdas: Més, con seis escaños. En cualquier caso entre las tres hacen factible la gobernabilidad. Deuda a finales de 2014: €7.774mill.
– Extremadura. La autonomía que preside en funciones el popular José Antonio Monago no ha logrado la mayoría absoluta (se necesitan 33 escaños y ha logrado 30) y sin la posibilidad de que le apoye esta vez la formación que le ha permitido gobernar estos cuatro años, Izquierda Unida, que desaparece de la Junta. El PSOE (30) y Podemos (6) pueden llegar a un acuerdo que devuelva a los socialistas al gobierno extremeño. Deuda a finales de 2014: €3.092mill.
– Cantabria. El PP ha perdido la mayoría absoluta que tenía Ignacio Diego (son necesarios 18 diputados y ha caído a 13). Un pacto entre los regionalistas del PRC (12) y el PSOE (5) puede devolver la presidencia a Miguel Ángel Revilla si, como se espera, Podemos (3) se abstiene. Deuda a finales de 2014: €2.426mill.
– Castilla-La Mancha. Los cambios en la ley electoral no han servido a María Dolores de Cospedal para lograr la mayoría absoluta. Se queda a un escaño, tras lograr 16. PSOE (14) y Podemos (3) suman los apoyos necesarios para el cambio de signo. Deuda a finales de 2014: €12.858mill.
– Comunidad Valenciana. Alberto Fabra (31 escaños) no puede ni soñar con alcanzar la mayoría absoluta (se necesitan 50 escaños). PSOE (23), Compromís (19) y Podemos (13), aunque sea con el Ayuntamiento de Valencia como parte de la ecuación, pueden llegar a un acuerdo para el cambio. Deuda a finales de 2014: €37.376mill.
Consecuencias de estar intervenido
¿Y ahora qué? ¿Qué significa estar intervenido? No es que no tengan ningún margen de maniobra, hay muchos gastos que se pueden elegir frente a otros, pero la prioridad seguirá siendo el ajuste para pagar la deuda que se dejó a deber en los años locos de la burbuja y el crédito fácil. Porque estar intervenido significa estar obligado a cumplir los acuerdos alcanzados por los gobiernos autonómicos anteriores con Hacienda, tal y como establece la Ley de Estabilidad Financiera que entró en vigor el 1 de mayo de 2012, una fecha tan lejana en la crisis que no estaba ni nacionalizada Bankia, para que se hagan una idea, y Rodrigo Rato aún pagaba con su black.
Las autonomías intervenidas son las grecias de España. Se rigen por la misma filosofía de la austeridad según la cual si no hay ajuste no hay galletas. El Gobierno las financia a tipos mínimos (0% en 2015) pero con condicionalidad. El cepo a las cuentas públicas, la obligación de cumplir con los planes pactados con Cristóbal Montoro, incluye determinados objetivos de estabilidad presupuestaria, un sendero trazado de reducción de la deuda pública y la obligación de lograr no superar el plazo de 30 días que dice la ley para pagar a sus proveedores.
Cómo salir de la intervención
¿Es imposible salirse del carril? No del todo pero sólo se puede lograr cumpliendo lo pactado o bien echándose en los brazos del mercado. Esta situación no es exclusiva de las autonomías, muchos ayuntamientos están en la misma situación y algunos de los que arrastran la losa de deuda más pesada lo han logrado. Otra cosa es a costa de qué. El Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo de salirse del cerco estatal cumpliendo lo pactado. El 31 de diciembre de 2014, el Consistorio de la capital pudo anular el Fondo de Pago a Proveedores pactado con Montoro tras mucho IBI, mucha tasa de basuras y mucho, muchísimo recorte en el gasto, además de destinar todo el superávit que lograba a amortizar deuda de forma anticipada. Madrid se acogió dos veces al Fondo de Pago a Proveedores, pasando a estar intervenida por Hacienda, porque a Alberto Ruiz Gallardón se le quedaron en los cajones olvidadas facturas por importe de unos 1.370 millones de euros.
El 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento de Madrid dejó de estar intervenido por el Estado tras un largo periodo de IBI, tasas y un fuerte recorte del gasto. La otra opción es lograr financiación en los mercados para devolver el dinero al Gobierno central.
En cuanto a las autonomías, cada modalidad de financiación del Estado tiene su aquél para salirse. Se han creado tres compartimentos para adherirse al Fondo de Financiación de las CCAA, a los que de un modo u otro se han sumado casi todas las autonomías menos Madrid, País Vasco y Navarra, que optaron por buscarse la vida en los mercados aún siendo más caro con tal de no sentir el aliento de Montoro en la nuca.
Esos tres compartimentos son: la Facilidad Financiera, a la que han solicitado adhesión Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla León, Extremadura, Galicia, Baleares y La Rioja; el Fondo de Liquidez Autonómica, al que se han adherido Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, y el Fondo Social, que sirve para que las autonomías salden las deudas que tienen con algunos municipios por convenios suscritos en materia de gasto social (prestación de servicios educativos, sanitarios y servicios sociales).
La Facilidad Financiera se solicita y se pacta anualmente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una vez pactado hay que cumplir durante ese año salvo que se logre en el mercado el dinero que te ha prestado el Gobierno central para devolvérselo. Al año siguiente, eso sí, se puede optar por no solicitar la renovación y buscar financiación fuera a un precio más caro que el préstamo sin intereses que ofrece el Estado.
En el caso del Fondo de Liquidez Autonómica, para salirse es necesario amortizar los préstamos que se hayan ido asumiendo y para ello hay que buscar financiación en el mercado. Hasta que esto no se logre el plan de ajuste sigue vigente y es vinculante.
Sólo en lo que va de año, las 15 autonomías acogidas a planes de financiación han recibido 14.105 millones de euros, de los que 5.695 millones han sido para el pago a proveedores.
Hay otro factor a tener en cuenta. Desde 2014, la ley no permite a las autonomías y ayuntamientos financiarse a cualquier precio. Existe un tope establecido por lo que si el mercado se pone farruco y exige rentabilidades altas, tampoco se podrán aceptar para sustituir a los fondos del Estado.
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