Gallardón ideó en 2005 un macroproyecto para obtener gas de las toneladas de basura que produce la ciudad de Madrid y con él generar electricidad, dar luz a hogares y energía a autobuses de la EMT. Tras unos costes en la construcción de tres nuevas plantas de generación y tratamiento del gas de 78 millones de euros (un 54% por encima de lo licitado) y tres años de preexplotación concedidos sin concurso ni publicidad que costaron otros 42 millones, ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial amañaron el concurso para repartirse la gestión hasta 2026. Las plantas de biogás, que ahora vierten a la red de Enagás la mayor parte de su producción, no han superado aún los 2 millones de euros de ingresos al año.
La cáscara de la naranja con la que se ha hecho el zumo esta mañana, el tetra brik de leche que ha arrugado y metido en la bolsa de los envases después de cortar el café y el cartón de los cereales acabarán en Valdemingómez, el gigantesco complejo en el que se gestiona la basura de la ciudad de Madrid (además de la de Rivas Vaciamadrid y Arganda) desde 1978, cuando empezó a funcionar el antiguo vertedero, ya sellado. Una macroestructura perteneciente al Ayuntamiento de la capital que creció a lomos de una buena idea: gestionar los residuos para reciclar todo lo posible por un lado, y generar abono y energía mediante el tratamiento de la basura orgánica por otro.
Desde aquella idea original al día de hoy, al Parque Tecnológico de Valdemingómez, como se llama el complejo, le ha pasado casi de todo: un alcalde como Alberto Ruiz Gallardón, tendente a sobredimensionar los proyectos, que decidió en 2005 sacar a concurso la construcción de tres plantas nuevas de transformación de la basura en gas; un concurso en el que participaron algunas de las grandes constructoras españolas, que Competencia demostró que fue amañado; una mala planificación y cambios sobre la marcha que fueron disparando los costes. Solo le faltaba un cambio en la regulación energética por parte del Gobierno del Partido Popular que ha convertido en complicada por no decir ruinosa la fórmula de generación de electricidad que fue la idea original de las nuevas plantas de Valdemingómez.
El próximo Gobierno del Consistorio, que los pronósticos de posibles pactos apuntan que estará liderado por la jueza Manuela Carmena, tendrá que lidiar con la situación y para ello no contará ni tan siquiera con un máximo responsable de Valdemingómez al que dirigirse a la hora de organizar el plan futuro. La directora general del Parque Tecnológico, ex directora en realidad, Myriam Sánchez Porcel, abandonó el barco poco antes de celebrarse las elecciones. Su cese fue aceptado con fecha efectiva del pasado 1 de mayo.
El proyecto y sus sobrecostes
Valdemingómez tiene tres plantas dedicadas a la clasificación y tratamiento de la basura diaria que genera Madrid (Las Dehesas, inaugurada en el año 2000; Las Lomas y La Paloma, en funcionamiento desde febrero de 2008) y un complejo dedicado a la biometanización, es decir, a tratar los residuos que no se pueden reciclar ni sirven para producir compost (abono), que son utilizados para producir gas o definitivamente desechados. Tiene además dos vertederos, uno ya sellado que se utilizó entre 1978 y el año 2000, y el que le sustituyó.
Hay otra planta más, la de La Galiana, la más antigua, que no recibe los residuos que los madrileños generamos cada día. Su cometido en la actualidad consiste en tratar el gas que sigue generando la basura acumulada bajo el sellado del antiguo vertedero y utilizarlo para producir electricidad. Como esa basura va perdiendo actividad, la planta producía cada vez menos energía. Se podía haber buscado una fórmula para seguir derivando a La Galiana el gas del nuevo vertedero, pero se optó por construir el nuevo complejo de biometanización citado.
En principio este nuevo complejo, compuesto a su vez por tres plantas, estaba pensado para obtener gas y con él generar electricidad, como se hace en La Galiana, pero finalmente se decidió que la mayoría del gas se vertería en la red de Enagás, un cambio de plan que tuvo sus sobrecostes. Para producir electricidad, se derivaría una parte a La Galiana.
La preexplotación de las plantas, que al final duró tres años, se adjudicó sin concurso ni publicidad a FCC, Sacyr y ACS por 14,2 millones anuales
Una vez construidas las nuevas plantas, se hizo algo más que no estaba previsto. En marzo de 2009 se dio la gestión de las plantas en régimen de preexplotación a FCC, Valoriza (del grupo Sacyr), Urbaser y Geotecnia y Cimientos (estas dos últimas filiales de ACS), por un precio anual conjunto de 14,2 millones de euros. En principio se preveía que esa fase de pruebas, que no se adjudicó por concurso sino con un contrato negociado sin publicidad, durase dos años. Pero se alargó a tres, suponiendo un coste de alrededor de 42 millones además de los 78 millones de la construcción de las plantas (un 54% más del precio por el que se adjudicó dicha construcción). Fondos europeos financiaron una parte pero solo respecto del precio de licitación, no de lo que finalmente costó.
Aunque el único argumento de la concesión de la preexplotación fue que las plantas necesitaban ser probadas, algo que reconocen todas las fuentes consultadas, se consiguió además un efecto secundario: se pagó la totalidad del precio por el que se había adjudicado la construcción a pesar de que el concurso establecía que un 20% del coste no se entregaría a las constructoras hasta que las plantas estuvieran en funcionamiento. La preexplotación se consideró funcionamieno aunque no se vertió ni un metro cúbico de gas a la red durante esos años, es decir, no se generó ningún ingreso.
Un concurso amañado que durará hasta 2026
En enero de 2012, el BOE publica la licitación de la gestión definitiva de las tres plantas de biometanización: las dos dedicadas a producir biogás y la tercera, la más pequeña, dedicada a su tratamiento para volcarlo en la red y/o derivarlo a La Galiana. El pasado mes de enero, en la parte dedicada a Valdemingómez de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que multó al sector de la construcción por repartirse contratos públicos de servicios, se describe cómo las constructoras entraron en acción al poco de salir el concurso. En febrero de 2012 empezaron a intercambiarse correos electrónicos entre Cespa (filial de Ferrovial), Valoriza (de Sacyr) y Urbaser (de ACS).
Tal y como habían pactado entre ellas, la gestión de las plantas mayores fue hasta 2026 para FCC por 92,7 millones, y para ACS y Sacyr por 61 millones. El concurso de la tercera planta quedó desierto.
Acuerdan que Cespa no va a presentarse al concurso, que se ha dividido en tres lotes, uno por cada planta de biometanización. Valoriza y Urbaser se presentarán juntas a los dos primeros y revocarán su solicitud de participar en el tercer lote (el de la planta más pequeña) con la intención de que quede desierto.
A Cespa le prometen que, a cambio de su salida de la foto del concurso, van a conseguir repartirse con ella el pastel, según los contratos que recoge la resolución de la CNMC. Hay dos formas: presentándose al siguiente concurso que se convoque para la tercera planta a través de Valdemingómez 2000 (una empresa en el que participan Cespa, con el 20%; Urbaser, 40%; y Valoriza, 40%) o, si no se lo permiten, presentándose de nuevo Urbaser y Valoriza y luego subcontratando el servicio de modo que Cespa obtenga la misma proporción de negocio que si fuese a través de la citada empresa conjunta.
Un largo tiempo en pérdidas
Cespa no se presentó a ninguno de los lotes. Según figura en la memoria de contratos de 2012 del Ayuntamiento de Madrid, consultada por SABEMOS, el resultado fue que el primero de los lotes fue adjudicado a FCC por 92,7 millones de euros que obtendrá tras los 14 años por los que se le ha concedido la gestión (lo que significa que se prolongará hasta julio de 2026); el segundo a la UTE de Urbaser y Valoriza por 61 millones en el mismo plazo; y el tercero quedó desierto.
Durante los años de preexplotación, la generación de biogás no le generó ingreso alguno a las plantas de Valdemingómez. El 10 de febrero de este año, cuando ya se conoce el multazo de la CNMC por el amaño de concursos, Ruth Porta, del grupo socialista en el Ayuntamiento, vuelve a preguntar por Valdemingómez, como han hecho tanto ella como Jaime De Berenguer, de UPyD, en numerosas ocasiones durante la legislatura. La directora general de Valdemingómez, Myriam Sánchez, presente en la sesión, informa de que, gracias a la generación y tratamiento del biogás, en 2012 se ingresaron 0,3 millones de euros; 0,5 millones en 2013; 1,8 millones en 2014; y en 2015 se espera alcanzar los 1,9 millones.
Las cifras palidecen al lado de los costes incurridos pero al fin la generación de gas y su comercialización empiezan a funcionar, seis años después de que se terminase la construcción de las plantas. Aún así, la estimación es que siga en pérdidas. Myriam Sánchez explicó en el citado pleno que los ingresos que se obtienen logran cubrir «el 74 % de los gastos de la explotación solo de la planta de tratamiento de biogás». Considera que es normal que un servicio pensado para favorecer el medioambiente no cubra todos los gastos y a la oposición no le parece mal. Su preocupación es otra. La resolución de la CNMC ha sembrado la duda razonable sobre si podía haberse hecho con un coste menor si hubiera habido verdadera competencia entre las adjudicatarias.
El concurso pendiente
La todavía directora general de Valdemingómez responde que, al no haber una resolución judicial firme por parte de las sancionadas, y estar recurrida la decisión de la CNMC por las constructoras, no se puede hacer nada respecto al concurso. Pero aún queda una tercera planta, la de tratamiento, que lleva años funcionando bajo la gestión original de la preexplotación, dado que el concurso quedó desierto en su día.
Un irregularidad que Diego Sanjuanbenito, concejal de Medioambiente, promete que está a punto de solventarse en ese mismo pleno de febrero. La licitación se convoca, en concreto en abril, con un presupuesto de 16,3 millones (impuestos incluidos). Pero las elecciones se le han echado encima al Gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento de la capital. Fuentes del Consistorio confirmaron ayer a SABEMOS que tendrá que ser el próximo equipo de Gobierno quien efectúe el contrato.
La gestión de la tercera planta, que lleva cuatro años sin adjudicar por concurso, se ha sacado a licitación pero no se ha resuelto.
Aseguraba, eso sí, Sanjuanbenito en el pleno de febrero, que esta vez se habían tomado las medidas oportunas para que hubiera competencia. Lo raro es que no se tomasen en 2012, teniendo en cuenta que Competencia pidió información al Ayuntamiento y le informó de que estaba investigando el proceso; teniendo en cuenta que lo que siempre ha llamado la atención de los concursos de Madrid (como de otros lugares de España) es que no se presenten empresas extranjeras; y teniendo en cuenta que era un jugoso contrato del sector energético al que no se presentó ninguna empresa del sector energético sino constructoras, las reinas de la contratación en Madrid.
