La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), en lo que parece una resolución al dictado de los tres grandes operadores nacionales, en tanto que sale en una encendida defensa de sus intereses, ha enviado un informe a Bruselas en el que pide que se modere el impacto sobre nuestro país, receptor neto de turistas, de la eliminación del roaming entre fronteras europeas.
Aunque en un tiempo esta eliminación no afectará a los ingleses (representan el 23% de la llegada de turistas), que tras el Brexit pagarán el roaming a precio de oro durante sus visitas al resto de Europa, hay una cantidad importante de compatriotas europeos que podrán llegar a España sin pagar un sobrecoste.
Por ese motivo, la CNMC ha querido dejar claro que se debe vigilar la situación, dado que una vez producido el “apagón del roaming” y ya no se cobre ningún recargo a los clientes, serán Movistar y demás compañías los que tengan que correr con todas las facturas.
Para España el turismo será un factor diferencial, y sobre todo con un componente estacional (vienen en verano). Por ello, deben acondicionar las redes con el coste que eso representa. De ahí que una de las medidas, que comparte con Bruselas sobre el uso razonable, es que haya una limitación temporal que una vez pasada se cobre. Así nadie podrá abusar de su tarifa contrata en el país de origen sin pagar más donde viaje.
De dónde viene el roaming (y dónde va)
Para entender esta situación hay que desplazar la memoria hasta 2007. Ha sido desde entonces cuando el roaming ha estado en continuo estado de vigilancia por parte de los distintos reguladores. Los motivos eran, por un lado, los altos precios observados y, por otro, por la consideración de estos servicios como un instrumento para asegurar el buen funcionamiento del mercado interior, según reconoce en este caso la CNMC.
Aunque sin duda el gran paso se dio en noviembre de 2015, cuando se modificó el Reglamento de itinerancia (roaming) para introducir, entre otras medidas, la eliminación a partir del 15 de junio de 2017 de los recargos durante los viajes que realicen los usuarios dentro del marco europeo. Aunque por el momento hay un periodo de transición en el que los precios ya han bajado desde el pasado 30 de abril.
Algo fundamental será la bajada, también, de los precios mayoristas. De momento es importante porque en este periodo de transición, los operadores no pueden cobrar a sus clientes un sobrecoste superior al precio mayorista, que quedará de la siguiente manera:
No obstante, Bruselas ha querido contemplar dos excepciones a la norma para que los operadores no sufran más de la cuenta por el uso abusivo de algunos clientes.
- Se permite a los operadores la aplicación de políticas de utilización razonable para evitar el uso abusivo o anómalo de los servicios regulados de itinerancia, tal como la itinerancia permanente.
- De manera excepcional y previa autorización del regulador nacional, se podrá aplicar un recargo cuando el operador pruebe que no puede recuperar los costes de la prestación de los servicios regulados de itinerancia al por menor a precios domésticos.
El “apaño” a medida para los operadores
Pese a que la CNMC comparte los objetivos establecidos en la medida en que la eliminación de los recargos contribuirá significativamente al impulso de la construcción del mercado interior, tienen muy claro que es primordial asegurar que cualquier política de utilización razonable.
En este sentido, el regulador considera razonable que se deba favorecer que los usuarios que viajan periódicamente puedan hacer un uso normal de sus tarifas domésticas en itinerancia. No obstante, para que todos estén contentos (usuarios y compañías) estima que una buena aproximación sería utilizar el número medio de días anuales (unos 30) que los usuarios europeos disponen para sus vacaciones no siendo en todo caso inferior al número medio de días que los usuarios del entorno europeo se desplazan a otros países.
Por lo que respecta a las medidas a nivel mayorista propuestas por la Comisión Europea para garantizar la sostenibilidad del 20% de operadores a nivel europeo que no pueden acceder a las mismas condiciones mayoristas que el 80% restante, la CNMC entiende que estas medidas deberían ser proporcionadas al problema identificado. Esto es, evitando cualquier riesgo observable de distorsión de la competencia e incentivos a la inversión en los mercados nacionales y visitados así como la necesidad de garantizar que los operadores de las redes visitadas puedan recuperar todos los costes de la prestación de servicios regulados de itinerancia al por mayor, incluidos los costes conjuntos y comunes.
Para ello, la CNMC dice haber acreditado que el nivel mayorista propuesto para el servicio de datos en itinerancia no permitiría la recuperación de los costes por parte de los operadores españoles que lo ofrecen. En tal caso, se podrían producir distorsiones en los mercados nacionales: una redistribución de las pérdidas hacia el mercado minorista doméstico y sus servicios, con el consecuente aumento de sus precios.
Por todo esto, la CNMC pide a Bruselas que introduzca en su análisis las peculiaridades de la demanda en países turísticos como España con tal de asegurar que no existe una afectación indirecta de los mercados nacionales y que los usuarios de los servicios móviles en España no se vean perjudicados, así como Movistar, Vodafone, Orange y los demás operadores.
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