El expresidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, Miguel Revenga, defendió en un estudio de 1988 que “no es impensable” que un aspirante propuesto por el Rey rechace pedir la confianza del Congreso: “Puede suceder que el candidato encuentre dificultades políticas imprevistas en el momento de diseñar su programa o en el de encontrar el equipo encargado de ejecutarlo”. El PP y el Gobierno realizan una interpretación idéntica a esa doctrina.
¿Puede Mariano Rajoy renunciar a pedir la confianza del Congreso una vez aceptado el encargo del Rey de hacerlo? Es la pregunta del momento, la incógnita que marca esta nueva fase en que ha entrado el bloqueo institucional español. La ronda de audiencias del jefe del Estado ha concluido con la nominación de un aspirante a la Presidencia del Gobierno, el líder de la fuerza más votada, que voluntariamente ha asumido la responsabilidad. Según la Constitución, tal cosa implica presentar un proyecto político a la Cámara, en la fecha en que decida la Presidencia de las Cortes.
Sin embargo, Rajoy ha dejado en el aire ese supuesto, asegurando que su compromiso es el de hacer “todo lo posible” por alcanzar un acuerdo de Gobierno, no el de someterse a veredicto del Congreso en cualquier caso. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le avaló ayer: el presidente en funciones ha aceptado “intentar formar un Gobierno” y sobre lo demás es mejor que “no adelantemos acontecimientos”.
Génova asegura que la CE «contempla unas posibilidades y otras no, pero no las prohíbe»
El PP respalda la postura y, a través de sus vicesecretarios, ha defendido que la Carta Magna no es taxativa al respecto. “Contempla unas posibilidades y otras no, pero no las prohíbe”, según el responsable de Organización, Fernando Martínez-Maíllo. “No obliga a que [la investidura] se produzca”, coincide la titular de Estudios y Programas, Andrea Levy. Santamaría va un paso más allá: “Antes de la coherencia jurídica, está la coherencia política y la coherencia personal”. El Ejecutivo cree que el problema no es de interpretación de la norma fundamental, sino de voluntad política y defiende que su líder es el que ha asumido la responsabilidad de desbloquear la situación. Por eso, ha cerrado nuevas citas bilaterales con Pedro Sánchez (martes 2, 11.30h) y Albert Rivera (miércoles 3, 9.30h). Espera que los demás respondan con la misma actitud.
“En un plazo razonable de tiempo, informaré de las gestiones que he realizado, del resultado de las mismas, de los apoyos que he conseguido para una eventual investidura y, en consecuencia, si estoy o no estoy en condiciones de formar gobierno”, declaró el candidato en rueda de prensa tras reunirse con Felipe VI. De sus palabras y de las de sus compañeros de partido se refleja la intención de no pedir la confianza de la Cámara si previamente no se garantizan la reelección. Una postura coherente con la mantenida a lo largo de todo este año, según la cual un aspirante no debe ir a la investidura si no es “para ser investido”, pero sin ningún tipo de precedentes y con dudosa cobertura constitucional.
La clave está en que ya se ha asumido el encargo del Rey. Toda la oposición y numerosos juristas consideran que ese paso obliga a someterse a juicio del Congreso, en virtud de lo establecido en el artículo 99.2 de la Constitución. No hacerlo, asegura el PSOE, sería vulnerar la norma fundamental del país.
Recogido en la doctrina
En efecto, con la ley en la mano el candidato está impelido a ir a la investidura… Mientras conserve tal condición. Del discurso de Rajoy se desprende la determinación de renunciar si no consigue adhesiones. Un supuesto inédito, no contemplado en la Carta Magna, que sería la única forma de eludir la responsabilidad que conlleva recibir la designación regia. La doctrina deja un resquicio a esta tesis, puesto que uno de los más prestigiosos intérpretes de la Constitución, el catedrático Miguel Revenga, publicó un estudio en 1988 que la recoge y desarrolla.
La obra, titulada La formación de gobierno en la Constitución de 1978 y editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (dependiente del Ministerio de la Presidencia), señala que “no parece posible la revocación unilateral” por parte del Rey de la propuesta realizada. Pero sí que el encargado renuncie voluntariamente.
“Sí cabe, en cambio, por idénticas razones a las aducidas para justificar el derecho a presentar la dimisión del cargo de presidente del Gobierno, la renuncia del candidato a comparecer ante la Cámara”. El autor, expresidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, asegura que “el supuesto no es impensable, pues bien puede suceder que el candidato encuentre dificultades políticas imprevistas en el momento de diseñar su programa o en el de encontrar el equipo encargado de ejecutarlo”. Exactamente los horizontes marcados por Rajoy en su comparecencia del jueves: se compromete a negociar para acordar un programa y un gobierno, pero recalca que la responsabilidad de conseguirlo no es solo suya.
Rajoy se comprometió a «informar» del resultado que dieran sus negociaciones, no a someterse a veredicto de la Cámara
Si el líder del PP aduce esas circunstancias, que difícilmente podría presentar como “imprevistas”, tendría un resquicio para no ir a la investidura sin vulnerar la Carta Magna. Primaría así la voluntad individual sobre otras consideraciones, como ya ocurrió con la célebre declinación de Rajoy en enero, otro hecho sin precedentes e imprevisible con el que sorprendió.
“La ortodoxia constitucional exigiría en tal caso la notificación en forma de la renuncia, tanto al Rey, encargado de conferir un nuevo impulso al procedimiento, como al Congreso de los Diputados, cuyo calendario de trabajo aparece condicionado por la disponibilidad del candidato para exponer su programa de gobierno”, añade el catedrático en una publicación que es referencia del Derecho Constitucional y aparece en la guía bibliográfica del Congreso sobre la Carta Magna.
De ahí que Rajoy subrayara su intención de “informar” de las “gestiones” que llevará a cabo -entendemos que al Monarca- y de si está o no “en condiciones de formar gobierno”. De ahí también sus declaraciones en conversación informal con periodistas –“si tengo los apoyos, puede pasar una cosa; si no tengo los apoyos, pueden pasar dos cosas”– y el argumentario blandido por sus compañeros de formación.
Sería «un fraude»
Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política que ha estudiado la obra de Revenga -“uno de los principales especialistas en formación de Gobierno”- considera que su doctrina puede amparar al candidato si renuncia, aunque consideraría “un fraude” escudarse en ella.
“Estaría utilizando fraudulentamente una posibilidad lógica, que es la de que un político que ha asumido el rol de candidato renuncie porque se ha producido algún hecho sobrevenido, estaría aferrándose a la letra de la interpretación, vulnerando el espíritu, un fraude”. Sin embargo, “¿qué podría impedírselo?”, se pregunta. “Nadie podría pedir cuentas, más allá de que el Rey se enfadara o la opinión pública lo tomara como una media cambiada indigna; pero, desde el punto de vista jurídico, no habría consecuencias, máxime si la presidenta del Congreso lo apoya”.
El papel de Pastor sería, en opinión de Molina, fundamental: “Es la interlocutora del Rey en todo este proceso que desarrolla el artículo 99 y la encargada de fijar la fecha de investidura. Si interpreta que cabe la renuncia y se la traslada a Felipe VI… Cobraría valor institucional y jurídico. Poder, puede, aunque fuera injustificable y casi una tomadura de pelo al jefe del Estado”.
«Estaría utilizando fraudulentamente una posibilidad lógica: renunciar por hechos sobrevenidos», opina el politólogo Ignacio Molina
Se da la circunstancia de que el artículo 99 es uno de los que no tiene desarrollo legal adicional y nunca hasta ahora había sido objeto de debate. «No hay antecedentes, no hay jurisprudencia, no hay desarrollo legislativo y no hay nada comparativo porque en los países de nuestro entorno se siguen otras fórmulas para la formación de gobierno”, apunta Molina. Los únicos elementos de juicio son los comentarios de los expertos que previeron la situación -la doctrina- y solo consta el caso de Revenga.
En definitiva, “el espíritu de la ley le obliga, y hasta cierto punto la letra también, pero puede ocurrir que Rajoy se agarre a esa interpretación, probablemente pensada para el caso de que surgiera algún escándalo en torno al candidato propuesto u otra causa de fuerza mayor, para no ir a la investidura, una argucia muy criticable, pero a ver quién le dice que no puede”. «Quizá el Constitucional, dentro de unos años, pero en el corto plazo difícilmente».
Tanto el PP como su líder confían en que el deseo de todos de evitar las terceras elecciones impere sobre todo lo demás y se acabe abriendo paso un pacto de investidura, aunque parecen prepararse para renunciar a ella si finalmente no es así. De materializarse, la maniobra sumiría a España en un limbo constitucional, puesto que se necesita una votación de investidura para que arranque lo que Pedro Sánchez denomina el “motor de la democracia”. Es dos meses después de ella cuando, según la Constitución, se produce la disolución automática de las Cortes y la convocatoria de nuevos comicios. Mientras el Congreso no emita veredicto sobre un aspirante, ni hay Gobierno ni hay cuenta atrás hacia otras generales.
En ese caso, habría de innovarse un mecanismo que no contraviniera los preceptos constitucionales para superar la situación. Un mecanismo que podría partir del informe que el Consejo de Estado emitió en 2003, con ocasión del tamayazo que paralizó la Asamblea de Madrid, que establece que “la respuesta del Derecho no puede consistir, sin intolerable desdoro para la función del jurista, en propiciar la celebración de una votación de investidura de resultado negativo previsto (y hasta cierto) con el único fin de escenificar el cumplimiento de la letra de la norma”. Rajoy debería impulsar en base a esos argumentos una especie de autodisolución de las Cortes, que necesariamente debería gozar del respaldo de otros grupos. Eso, o prolongar el vacío a la espera de que un candidato diera el paso, como lo dio Sánchez en la anterior legislatura.
