Rivera plantea al PP condiciones asumibles para enmendar su posición estratégica más reconocible. Solo caben dos lecturas: o los populares han participado en la confección de estas exigencias o C’s busca escenificar que no pide imposibles y es el que más hace por desbloquear la situación.
Ciudadanos ha rectificado este martes una de sus posiciones estratégicas más reconocibles, una de las que con más energía han defendido sus líderes y probablemente la que mayores réditos electorales le ha reportado. Se abre a negociar el ‘sí’ a una investidura de Mariano Rajoy. Lo que nunca se iba a plantear, de lo que bajo ningún concepto iba a hablar con el PP, la línea roja ineludible… de pronto se ha desdibujado. Y no va a compensarla con un hipotético gran botín, sino con seis medidas de regeneración y anticorrupción perfectamente asumibles por Génova.
Albert Rivera no exige a Rajoy que reforme la Justicia para hacerla más independiente, ni que elimine las diputaciones, ni que impulse la transformación o supresión del Senado, ni que legisle para instaurar mayor democracia interna en los partidos. Sus seis “condiciones sine qua non” son más laxas de lo que en un primer momento pudiera haberse pensado que Ciudadanos exigiría a cambio de enmendar una posición tan crucial.
La separación de los cargos públicos imputados por corrupción política es algo que en la práctica ya reclama el partido naranja cada vez que se da el caso. Su apoyo a Cristina Cifuentes o a Susana Díaz está sujeto a la adopción y cumplimiento de este compromiso, que se ha cobrado una larga serie de cabezas políticas. La intolerancia social a los desmanes ha crecido tanto, además, que ya prácticamente no hay escándalo que salpique a un cargo público y no vaya acompañado de su dimisión. El PP lleva en su programa electoral hacer obligatorio el cese de los altos cargos encausados. El concepto “corrupción política”, además, admite diferentes interpretaciones y otorga a Rivera margen suficiente como para no pillarse los dedos con esta medida. “No es lo mismo meter la pata que meter la mano”, ha defendido en alguna ocasión para justificar esa variabilidad en la ejecución.
Eliminación de los aforamientos. Esta medida ya fue incluida en el pacto PSOE-Ciudadanos de febrero y también fue planteada como irrenunciable por Rivera. El PP está abierto a reducirlos, así lo lleva en el programa electoral y así lo ha defendido públicamente. El líder de C’s no ha hecho matices más allá de proclamar que “se acabaron los privilegios para los políticos”, por lo que se entiende que la medida no afectaría a la Casa Real, a los jueces o a los miembros del Gobierno, sino a diputados, senadores y parlamentarios autonómicos. Requeriría, en cualquier caso, de una reforma de la Constitución y de los estatutos de autonomía, por lo que no está exclusivamente en manos de los populares desarrollarla, por mucho que se comprometan.
Reforma electoral. Ciudadanos solo fija tres principios: eliminar el voto rogado, imponer mayor proporcionalidad e instaurar listas desbloqueadas. Los dos últimos son los que con más dificultad casarían con el ideario del PP, aunque Rivera no ha entrado en detalles, no ha dicho si está pensando en una reforma constitucional para que la provincia deje de ser la circunscripción o solo en una más sencilla reforma de la LOREG. Las listas desbloqueadas ya figuran para la elección al Senado, donde Rajoy conservó la mayoría absoluta en diciembre y en junio. Génova ha dado múltiples señales en los últimos tiempos sobre su disponibilidad a hablar de una reforma electoral, punto que incluyó en el documento programático que hace unos días envió al resto de partidos para negociar un acuerdo de Gobierno, aunque comprometiéndose solo a la revisión del voto rogado.
Acabar con los indultos por corrupción política. Esto es algo ya defendido por el PP e incluido en el texto programático antes citado. Está por ver el modo en que Rivera pide que se articule, pero no hay fricción posible.
Limitación de mandatos para el presidente del Gobierno. Otra de las banderas clásicas de Ciudadanos, ya incluida en el pacto con el PSOE. La limitación a ocho años o dos mandatos para el jefe del Ejecutivo fijaría el horizonte a la retirada de Rajoy: al término de esta legislatura. Aceptarlo convertiría al presidente en un pato cojo, pero en la práctica lo sería de cualquier modo porque es sencillamente impensable que vuelva a presentarse a unos comicios si logra la reelección y un mínimo de estabilidad esta legislatura. Aznar y Zapatero fijaron un camino que, al margen de que lo recoja o no la ley, es difícil de sortear.
Comisión de investigación sobre el caso Bárcenas. Esto podría implementarse perfectamente al margen del PP, puesto que el resto del Congreso -mayoría absoluta- ya está a favor de investigar la posible financiación ilegal de Génova. De hecho, es algo que iba a hacerse en la legislatura fallida. Los llamados a declarar por la comisión están obligados a acudir, no es algo voluntario, por lo que no se entiende muy bien por qué C’s necesita el ‘sí’ del PP a una iniciativa parlamentaria que podría desarrollarse al margen del parecer del partido en el Gobierno, que además sería el objeto de la investigación. Por otra parte, la comisión lograría una gran atención mediática, pero no hay motivos para pensar que vaya a ser más eficiente que la de los ERE en Andalucía o la de la Gürtel y otras tramas en Madrid.
En conclusión, caben dos posibles interpretaciones a esta maniobra de Rivera -que en todo caso solo son el estadio previo a una negociación global para el ‘sí’-. O bien busca escenificar que es el que más hace por desbloquear la situación, planteando al PP condiciones que cualquier observador externo puede percibir como razonables, o bien el “canal permanente de comunicación” que Rajoy abrió con Ciudadanos hace una semana ha funcionado a las mil maravillas y esto no es más que la manera pactada para que el partido naranja pueda explicar su tránsito hacia el ‘sí’.
No sería la primera vez que ocurre algo similar, puesto que ya chirrió sobremanera el modo en que Sánchez y Rivera recorrieron el final del camino hacia su pacto de Gobierno. El líder de Ciudadanos ofreció una rueda de prensa la mañana del martes 23 de febrero para pedir a los socialistas “un último esfuerzo”: una reforma constitucional “exprés” para eliminar aforamientos, rebajar las condiciones para tramitar ILP’s, despolitizar la Justicia, suprimir las diputaciones y limitar el mandato del presidente del Gobierno. Unas horas después, Sánchez lo aceptaba. El día anterior, ambos se habían reunido en el Congreso mientras sus respectivos equipos seguían negociando.
Como se ve, el movimiento de ahora y el de entonces presentan múltiples coincidencias. Rivera pone condiciones irrenunciables sobre la mesa antes y después de sendas citas claves; condiciones que se componen de reivindicaciones clásicas de su partido -supresión de aforamientos, limitación de mandatos- y un sapo que el adversario debe tragar para que se demuestre que no solo cede Ciudadanos -acabar con las diputaciones en el caso del PSOE, que el Parlamento investigue el caso Bárcenas en el del PP-. Lo que no sabemos es si en la maquinación de los mismos ha participado exclusivamente la cocina naranja. Solo podemos intuir que quizá no.
