Un juez paraliza el concurso para ceder la gestión del Palacio de Congresos de Palma de Mallorca. Otro obstáculo en el que es ya el sexto concurso público para su adjudicación y doce años después de que el proyecto, uno de los planes estrella de Jaume Matas, echara andar.
El Palacio de Congresos de Palma de Mallorca vuelve a toparse con un parón. Doce años después del inicio de que el proyecto echara andar, transcurridos ya ocho años del inicio de los trabajos de construcción, un juez ha decidido paralizar el que ya era el sexto concurso público para adjudicar la gestión del palacio y del hotel aledaño (sí, el sexto concurso).
La sociedad pública Palacio de Congresos, participada a partes iguales por el Ayuntamiento de Palma y el Govern balear, decidió la semana pasada excluir a Hotusa en la primera fase del concurso por no haber respetado el secreto de su oferta, con lo que quedaban como únicos candidatos para tomar el control de las instalaciones los grupos hoteleros Meliá y Barceló.
Sin embargo, el grupo Hotusa presentó un recurso contra la decisión y solicitó medidas cautelarísimas para paralizar el proceso de adjudicación, que ayer tenía que haber continuado con la apertura del segundo sobre de los candidatos con sus ofertas técnicas.
El juzgado número 1 de lo contencioso administrativo de Palma ha admitido el recurso y ha decidido suspender temporalmente el concurso, y decidirá antes de septiembre si mantiene la suspensión con carácter permanente hasta adoptar una decisión definitiva sobre el caso.
El Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, uno de los grandes proyectos que puso en marcha el hoy defenestrado expresident Jaume Matas, ve cómo se aplaza de nuevo una salida definitiva tras años encallado y en medio de vaivenes políticos y legales. En el anterior concurso público, el quinto, Barceló ya resultó adjudicatario para la explotación del palacio y de hotel anexo. Pero el Ayuntamiento palmesano y el Gobierno regional decidieron paralizar la adjudicación porque los informes de valoración de los activos inmobiliarios habían caducado. Una decisión que Barceló recurrió en los tribunales, aunque finalmente se ha plegado a participar en la nueva puja.
Doce años después… otro parón
El Palacio de Congresos de Palma es un proyecto exagerado: exagerado en sus dimensiones (un mastodonte de piedra y cristal a medio construir aún), exagerado en las previsiones de éxito que lo justificaban… y también exagerado en el presupuesto que ha tenido que asumir el erario público (se han superado ya los 130 millones de euros, repartidos a partes iguales entre el Gobierno balear y el Ayuntamiento de Palma) y exagerado en los plazos (doce años dando vueltas).
El Gobierno regional de Jaume Matas y el Ayuntamiento capitalino de Catalina Cirer, ambos del PP, constituyeron en septiembre de 2004 a partes iguales la sociedad pública Palau de Congressos, SA como primer paso para levantar un gran centro de eventos y convenciones en Mallorca. El proyecto original contaba con el palacio de congresos y con dos hoteles anexos (uno de los hoteles acabó quedándose en el camino).
El proyecto de construcción de un palacio de congresos en Palma vino impulsado por el hoy caído en desgracia expresident Jaume Matas. Según han declarado en sede judicial un acusado en diferentes casos de corrupción, Matas se implicó personalmente en la elección de los terrenos en que se ubicaría el palacio. Según otras fuentes próximas al proceso en esa época, el presidente autonómico también alentó el interés de algunas empresas para participar en el concurso. Y según denuncian en privado fuentes de una empresa afectada por cómo se desarrolló el proceso, Matas también habría participado directamente en el resultado del primer concurso.
Govern y Ayuntamiento (Cort, lo llaman los mallorquines) adjudicaron en febrero de 2007 la explotación del palacio y de los dos hoteles durante 40 años a una unión temporal de empresas (UTE) liderada por Barceló, con un 50%, y en la que también participaban los grupos turísticos Globalia e Iberostar y las constructoras Acciona y Sampol. El presupuesto de construcción era de 110 millones de euros, de los que 80 millones eran aportados por las empresas y los 30 millones restantes por las Administraciones.
Entonces el proyecto iba aparentemente sobre ruedas y todas las partes se las prometían muy felices. Tres meses después de la adjudicación, llegaron las elecciones autonómicas y municipales y, contra pronóstico, el PP salió de ambas instituciones. Matas decidió abandonar la política y, en un movimiento como mínimo poco estético, el grupo Barceló contrató al expresidente tres meses después de su salida del Govern como ejecutivo en su oficina en Washington. El expresidente abandonó el grupo turístico en enero de 2009, pero mantuvo su residencia en EEUU hasta que comenzó la cascada de imputaciones por diferentes casos de corrupción.
Viaje de ida y vuelta de Barceló
Oficialmente las obras arrancaron en abril de 2008, pero en la práctica los trabajos se demoraron y las excavadoras no llegaron hasta más de un año después por un problema legal con una de las parcelas en que se ubicaba el proyecto. Los problemas legales, los retrasos, un presunto sobrecoste en el presupuesto, el inicio de la crisis (y probablemente también la salida del gobierno de Jaume Matas) fueron desalentando a algunas de las compañías que participaban en la UTE adjudicataria, en la que acabaron por quedarse sólo Barceló (con una participación del 95%) y Acciona (con 5% restante).
Pero en mayo de 2009, el grupo de la familia Barceló también anuncia su decisión de abandonar el proyecto porque, según dijo, ya no salían las cuentas. El proyecto entró en un periodo de incertidumbre que se ha venido arrastrando hasta ahora. Sin adjudicatario para la explotación de las instalaciones, de la UTE original sólo quedó vinculado a la iniciativa Acciona como grupo constructor. Las obras se fueron ralentizando y la constructora de los Entrecanales las paralizó (por primera vez) en junio de 2011 por el impago de 27 millones de euros.
Con el Partido Popular de vuelta, tanto en el Govern como en Cort, se inicia un largo serial de convocatorias de concursos que resultan infructuosas. Al segundo concurso para ceder la explotación, en abril de 2012, no se presentó ningún candidato. Al tercero, en julio de ese mismo año, sólo acudió el grupo hotelero Meliá, pero no cumplió los requisitos mínimos y también quedó desierto.
En 2013, de cara al cuarto concurso público, las administraciones deciden cambiar las condiciones para hacer más atractivo el proyecto a posibles interesados. Además de la gestión y explotación de las instalaciones durante cuatro décadas, se facilita una opción de compra del hotel anexo. Aunque esa cuarta convocatoria también quedó desierta.
Ya en 2014, Govern y Cort lanzan un quinto concurso. A la nueva licitación acuden Meliá Hotels y, otra vez, el grupo Barceló. Este último, consiguió imponer su oferta, para luego ser paralizada la cesión de la gestión a la compañía por problemas de forma en el procedimiento y en la valoración de los activos.
El proyecto queda ahora otra vez en el aire. Y ya no se sabe si siquiera a la sexta irá la vencida.
