El partido naranja amaga con romper las negociaciones tras un miércoles improductivo en que los populares se negaron a presupuestar las medidas sociales acordadas y a aceptar las reformas institucionales de Rivera. Los emergentes transmiten «preocupación» y «consternación» porque Rajoy no quiere «tocar una coma» sobre el funcionamiento del Senado, las diputaciones o el Poder Judicial.
PP y Ciudadanos han encontrado un bache en el camino hacia el pacto de investidura. Puede que se quede en eso o que se convierta en un obstáculo definitivo, pero de momento ha provocado que las negociaciones encallen en el punto en que parecía que mejor iban. Tras los avances en política económica y social, que se han concretado en alrededor de cien medidas de consenso, los equipos de Mariano Rajoy y Albert Rivera han chocado en uno de los aspectos más importantes para Ciudadanos: regeneración democrática y reformas institucionales. Era el bloque a abordar el miércoles y se hizo con resultado desolador, a tenor de lo escenificado en el Congreso por el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta.
«Quiero llamar la atención para que no se confundan con Ciudadanos. Que no se crean que pueden pasar otro día de negociación diciéndonos que ‘no’ a todo. Para ahorrarnos eso estoy aquí». Girauta compareció tras una reunión vespertina de dos horas con el PP en la que no lograron cesiones sobre cuestiones esenciales de su ideario como la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, la supresión de las diputaciones, la eliminación o transformación del Senado o la obligatoriedad de que los partidos realicen primarias. C’s encontró un muro enfrente, a decir de su portavoz parlamentario, tras dos jornadas de avances económico-sociales que se prolongaron por la mañana pero dejaron otro importante escollo: la falta de compromiso presupuestario con algunas de las medidas aceptadas.
Girauta: «Que no se confundan con Ciudadanos. Que no se crean que pueden pasar otro día diciéndonos que ‘no’ a todo»
La suma de esas dos circunstancias hace que en la formación naranja impere la «preocupación», e incluso la «consternación». No quieren oscurecer el horizonte, pero sí ven un «estancamiento en nuestra legítima expectativa» de llegar a un pacto. C’s entiende las diferencias en materia presupuestaria y aceptaría cambios en el modo de implementar algunas de las políticas pactadas o en su cuantía, pero percibe «falta de voluntad política» en el trascendental bloque de reformas institucionales. Girauta indicó que el PP no quiere «tocar una coma» sobre eso, pese a que se le han presentado cosas «digeribles», «muy razonables» y no literalidades del programa de Rivera: «Ya hemos llegado cedidos de casa en este tema».
No quiso ser más explícito porque «esto todavía está vivo» y dio por buena la intención de los populares de presentar hoy compromisos económicos respecto a las cuatro reivindicaciones de C’s que los de Rajoy aceptan pero no cuantifican. En total supondrían un aumento del gasto de unos 7.500 millones de euros y hasta la sesión de la tarde eran “el mayor problema que tenemos encima de la mesa”, en palabras del vicesecretario naranja, José Manuel Villegas. “No vamos a firmar meras declaraciones de intenciones”, advirtió el número dos de Rivera, que quiere que los populares expliciten cuándo desarrollarán las propuestas y cuánto dinero destinarán a cada una de ellas.
Plan de emergencia social
Esas medidas son: plan de emergencia social, aumento de las bajas por maternidad y paternidad, universalización de la educación de 0 a 3 años y plan de choque contra el fracaso escolar. Ciudadanos rehusó dar públicamente una cifra sobre el coste de las mismas, pero sí las cuantificó en la memoria económica de su programa electoral y en el pacto que firmó con el PSOE en febrero.
Rivera quiere destinar 5.500 millones al complemento salarial y la lucha contra la pobreza infantil
Pedro Sánchez y Albert Rivera se comprometieron a desarrollar un plan de emergencia social que destinaría 7.000 millones de euros a implementar un ingreso mínimo vital para familias sin recursos y un complemento salarial garantizado para las rentas más bajas. Esta última medida es una de las banderas de C’s, que la llevó en su programa del 26-J y estimó en 2.800 millones su coste anual. De asumirla el PP tal y como está concebida, se beneficiarían dos millones de hogares a razón de 1.400 euros al año.
El complemento salarial garantizado sería una de las dos patas principales del plan de emergencia social que negocian populares y naranjas. La otra, la lucha contra la pobreza infantil, requeriría de una partida adicional de 2.651 millones, según la memoria económica de Rivera. El coste total del plan ascendería a casi 5.500 millones, pero el PP ha puesto reparos advirtiendo de que ellos no son “como Podemos” y tienen una prioridad muy clara en cumplir los objetivos de déficit.
«El dinero no se inventa», advierten los populares, que se resisten a presupuestar cada una de las medidas pactadas
De hecho, han incluido el compromiso con la “estabilidad presupuestaria” en el acuerdo, tal y como anunció el vicesecretario Fernando Martínez-Maíllo. Ciudadanos no ha puesto objeción, dado que comparte ese objetivo -«somos gente seria»- y propone modos alternativos al de aumentar el déficit para financiar sus iniciativas. Básicamente, mejorar la eficiencia del sistema impositivo y adelgazar la administración. Maíllo considera que hablar en esos términos es “lo fácil” y que hay que estudiar al detalle los Presupuestos, tocar varias partidas, para poder implementar tales planes: “El dinero no se inventa”.
Entrar en ese ámbito, en cualquier caso, implica caminar hacia un “acuerdo de Gobierno”, cosa que les parece “positivo” y que era la meta del PP desde un principio. La amplitud que va tomando el documento -ya hay entendimiento en torno a cien propuestas, según Génova- favorece el terreno para ello, pese a las desavenencias encontradas a lo largo del miércoles. La negociación de Rivera con Sánchez también pasó por esos momentos de tensión, incluyó un ultimátum para que el PSOE asumiera la supresión de las diputaciones y finalmente se llegó a buen puerto gracias a soluciones intermedias y salomónicas en los ámbitos de mayor distanciamiento.
278 millones en educación infantil
A los 5.500 millones del plan de emergencia habría que añadir además el coste de las otras tres medidas. La universalización de la enseñanza infantil de 0 a 3 años necesita una dotación de 278 millones, según el programa de Ciudadanos. La cifra podría bajar si se decide desarrollar el plan de forma progresiva, algo contemplado por el propio Villegas y que podría reducir asimismo el coste del plan contra el fracaso escolar que defienden. En su memoria, Rivera pide un aumento del gasto en educación de 700 millones, cantidad con la que combatirían el abandono escolar temprano, pero también aumentarían las becas o recuperarían la educación compensatoria.
El aumento de las bajas por maternidad o paternidad, por último, no es sencillo de cuantificar. C’s propone ampliar en ocho semanas el permiso conjunto para los dos progenitores, que ahora está en 18 (16 para la madre y dos para el padre). Serían intransferibles ocho de cada uno y las diez restantes se repartirían como mejor consideraran. En 2015, la Seguridad Social invirtió 1.579’6 millones en bajas por maternidad y 201’7 en bajas por paternidad. El nuevo plan aumentaría el periodo total de los permisos un 44% por pareja, lo que supondría un desembolso adicional superior a los mil millones (hasta los 2.780). Pero está por ver que el pacto refleje la iniciativa tal cual la concibe Ciudadanos, que en todo caso rebaja a 800 millones su sobrecoste.
Otras medidas que recogería el acuerdo y que aumentarían el gasto son potenciar la I+D, reactivar las ayudas a la dependencia, aumentar las políticas activas de empleo o lanzar un plan integral contra la violencia de género. Además, los negociadores se comprometen a no subir el IRPF, bajar el IVA cultural y mejorar las condiciones de los autónomos. El PP quiere mirar al detalle cada propuesta para no salirse de la senda de reducción del déficit, mientras Ciudadanos ve margen para desarrollarlas todas si al mismo tiempo se recupera parte de lo ‘perdonado’ a quienes se acogieron a la amnistía fiscal (2.800 millones), se reduce la estructura administrativa, se aumenta la lucha contra el fraude o se reforma el Impuesto de Sociedades.
Todas estas cuestiones, más las relativas a la regeneración democrática y a la política internacional y los flecos económico-sociales pendientes, deberán cerrarse a lo largo del fin de semana.
