Los planes de CaixaBank para completar la adquisición del 100% de las acciones de BPI han entrado en punto muerto. Debido a un proceso judicial pendiente que podría cambiar el rumbo de la operación, los accionistas de la entidad de portugal han decidido aplazar la junta de accionistas que se iba a celebrar este martes.
Esta es la segunda vez que BPI retrasa la celebración de su junta de accionistas, después de que uno de los inversores minoritarios, Violas Ferreira, consiguiera el aplazamiento de la cita anterior. En esta ocasión, tal y como ha confirmado el banco, el 91% de los tenedores de acciones han secundado la iniciativa de CaixaBank para convocar de nuevo la reunión el próximo 21 de septiembre.
Con esta prórroga decidida por la inmensa mayoría del accionariado se puede esperar al veredicto de la justicia, que tiene en vilo la operación de compra del 100% de BPI por parte de CaixaBank. El grupo catalán ya controla el 45,16% del capital de la entidad lusa pero está dispuesto a adquirir todas las acciones en una opa (oferta pública de adquisición), para lo que ha puesto algunas pegas que no gustan a todos los inversores actuales.
Desde CaixaBank son tajantes: “una de las condiciones de la opa es eliminar la limitación de voto”, han resumido fuentes del banco. Con este requisito se refieren a que BPI retire de sus estatutos la cláusula conocida como voting cap, que limita los derechos de los accionistas mayoritarios. En este caso, cualquier tenedor de títulos que supere el 20% del capital social de la entidad lusa tendría un derecho de voto del 20% como máximo. En el caso de CaixaBank, aunque posee más de un 45% de las acciones su opinión tan sólo cuenta en un 20%.
Para que el acuerdo de compra de CaixaBank salga adelante, tal y como defiende también el consejo de administración de BPI, el grupo catalán exige que se elimine el voting cap. A esta medida se opone Violas Ferreira, quien con menos de un 2,7% de las acciones del banco luso ha solicitado ante la Justicia portuguesa que de manera cautelar se anule cualquier intento de suprimir la limitación de voto.
Con el aplazamiento de la junta de accionistas se pretende “dar un poco más de tiempo” para que el juez decida si dar la razón a Violas Ferreira o a CaixaBank. No obstante, desde la entidad con sede en Barcelona han recordado que ya desistieron de una opa similar por la misma razón, porque no se eliminó el voting cap de BPI. Y ya se sabe que esperar diferentes resultados de la repetición de una misma acción no suele acabar bien.
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