Regular los mercados es una actividad compleja. Hacerlo para 28 estados que tienen sus propios reglamentos, más todavía. Soportar, mientras de hace, la presión de grandes compañías y lobbies interesados… lo deja en imposible. El final del roaming retrata, una vez más, la incapacidad europea para gestionar su política comunitaria.
Desde hace bastante tiempo estaba en la agenda política. El final del roaming, es decir, el sobrecoste que se paga en la factura del móvil cuando se llama (o conecta a internet) desde el extranjero, tenía que ser eliminado. Había una cierta unanimidad en que era injusto pagar ese añadido cuando se viaja a un país vecino. Por lo tanto, los políticos europeos se pusieron manos a la obra. Después de muchos debates, y con un periodo de transición en el que ya están rebajados los costes, el 15 de junio de 2017 llegaría la muerte definitiva del roaming.
Pero la situación no ha resultado sencilla. En primer lugar porque los operadores de telefonía defienden sus intereses. Por una parte, el de perder unos ingresos que les venían muy bien en su cuenta de resultados. Y por otro, porque defienden que el final del roaming, además, les supondrá un gasto añadido por el mantenimiento de las redes.
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En este contexto, las partes interesadas, tanto empresas como usuarios, han jugado sus cartas. Por ejemplo, en el sopor de julio se conoció que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había remitido a Bruselas un informe en el que sacaba la cara por los operadores españoles. Argumentado en el turismo y lo que supone la llegada de ciudadanos extranjeros a España, con el pertinente acondicionamiento de las redes en los periodos estacionales de vacaciones, la CNMC proponía que el roaming no fuera ‘gratis total’. Sugería que al menos durante 30 días se cobrase un recargo a los usuarios.
Después de las pertinentes presiones que haya ejercido cada país, Bruselas lanzó la semana pasada una propuesta. Final del roaming siempre que no se pase 90 días fuera del país, o 30 de manera continuada. Como siempre, no agradó a unos y no convenció a los otros. Las organizaciones de consumidores seguían viendo en exceso la medida, mientras que las empresas lo observaban escaso. Aunque este segundo punto guarda una trampa. Fuentes del mercado aseguran a SABEMOS que tanto las compañías como reguladores nacionales veían esos días, entre 30 y 90, algo razonable. Tampoco piden más. Por lo tanto, sonrisa socarrona al rostro.
Pero el pasado viernes saltó la sorpresa. La Comisión Europea (CE) ha retirado la propuesta, presentada apenas unos días antes, que limitaba a un máximo de 90 días la eliminación de los sobrecostes. La retirada ha tenido lugar a petición del presidente de la CE, Jean-Claude Juncker. Añadieron que los servicios de la CE «están trabajando en una nueva versión».
El portavoz comunitario, Alexander Winterstein, confirmó en rueda de prensa la retirada del borrador de propuesta, y explicó que la decisión de Juncker se explica por las reacciones surgidas en los últimos días y porque el máximo responsable de la CE considera que el proyecto presentado «no es lo bastante bueno».
El ‘sindios’ europeo
Que sí, que no… La realidad es que ahora mismo nadie sabe qué hará Bruselas. Como un mono con dos pistolas, la alta política comunitaria ha despistado a todo el mundo. Fuentes del mercado apuntan a SABEMOS que todo se trata de un tema político y que, ahora mismo, ya nadie sabe los intereses de quién se defienden.
Sobre lo acontecido, al parecer varios europarlamentarios se habrían posicionado totalmente en contra de que exista alguna restricción al fin del roaming. Ni 30 días, ni 90. Nada, totalmente gratis. Tal y como se prometió. Éstos, de modo lógico, parecen representar los intereses de las organizaciones de consumidores, que no son un lobby menor dentro de Bruselas.
Así pues, Juncker se habría plegado a estas presiones, y vuelta a empezar. Fuentes cercanas al sector telco advierten de que hay extrañeza, puesto que la lógica hacía previa un límite a ese gratis total que proclaman algunos.
Abusos y otras teorías
El principal motivo para que exista un límite temporal sobre el uso de roaming gratuito tiene que ver con una palabra clave que usa Bruselas: abuso. La CE entiende que deben promover que nadie tenga en el país de origen una tarifa muy barata y la use para aprovecharse en otro.
O lo que es lo mismo, también quieren evitar que algunas compañías más pequeñas puedan hacer negocio con este movimiento. Es decir, vendiendo tarjetas SIM en terceros países, sobre las redes de los operadores de esos países, pero cobrando sus precios. Un ejemplo. Que un operador lituano haga negocio en España ganando muchos clientes aquí, pero pagando la tarifa del país báltico.
Esto, a su vez, tendría un problema para el consumidor. Si tiene un problema con su compañía de teléfono, parece bastante complicado que desde Vilna le puedan resolver los problemas. Este argumento sería el utilizado por el bando europarlamentario que está alineado con las empresas para que el final del roaming no sea total.
Imagen | Flickr – ‘Sascha Kohlmann‘
