Los partidos constitucionalistas están en caída libre en Euskadi y apenas sumarán el 22% del voto en las autonómicas de este domingo. El retroceso en escaños sería mayor con un sistema más proporcional: ahora se benefician de que Álava designe los mismos diputados que Vizcaya pese a tener un cuarto de población. Ciudadanos, que se sitúa en un pobre 2%, no capitaliza el desgaste de unos partidos tradicionales que se encaminan a la marginalidad en el Parlamento de Vitoria.
El País Vasco dispone de uno de los sistemas electorales más particulares de España. Los 75 diputados que componen la Cámara regional se eligen a razón de 25 por provincia, sin atender a consideraciones demográficas. Los tres “territorios históricos” tienen un peso idéntico en el órgano legislativo de la comunidad pese a situarse lejos de la homogeneidad en términos poblacionales. Así, este domingo están llamados a las urnas un total de 1.783.411 vascos (69.130 de ellos, residentes en el exterior): 947.630 de Vizcaya, 581.020 de Guipúzcoa y 254.761 de Álava. En el Parlamento de Vitoria habrá un representante por cada 37.905 vizcaínos, uno por cada 23.248 guipuzcoanos y uno por cada 10.190 alaveses.
Sacar un escaño en la provincia más poblada costará casi el cuádruple de votos que en la menos poblada. Una circunstancia derivada de la concepción federal de la autonomía vasca, que se entiende conformada por la suma de derechos de los territorios históricos y así lo consagra en el propio Estatuto de Guernica.
“El Parlamento Vasco estará integrado por un número igual de representantes de cada Territorio Histórico”, establece la norma en su artículo 26.1. “La circunscripción electoral es el Territorio Histórico”, añade en el siguiente punto. De este modo, no se deja margen para que la ley electoral desarrolle un sistema más proporcional, por mucho que adopte la Ley D’Hondt para el reparto de escaños en cada circunscripción, rebaje la barrera electoral (el mínimo de votos que hay que obtener para poder sacar un diputado está en el 3% provincial, por el 5% que exigen Galicia, Madrid, Baleares o Cantabria) y pueda ampliar el tamaño de la Cámara (cosa que se hizo tras la primera legislatura, elevando de 60 a 75 el número de diputados). Mientras no se reforme el Estatuto, habrá los mismos representantes por provincia, aunque una -como es el caso- tenga casi cuatro veces más habitantes que otra.
El sistema electoral vasco es el menos proporcional de España porque prima la territorialidad sobre cualquier otra cuestión
Además de la sobrerrepresentación de los alaveses y la infrarrepresentación de los vizcaínos -los guipuzcoanos no se ven afectados, pues conforman aproximadamente un tercio del censo vasco-, el sistema arroja un Parlamento con una correlación de fuerzas sensiblemente distinta a la existente en la sociedad. Y esto es así porque la región no es homogénea sociopolíticamente: el abertzalismo es muy fuerte en Guipúzcoa, el nacionalismo hegemónico en Vizcaya y el constitucionalismo tiene su mayor ascendencia en Álava. En consecuencia, los últimos se ven beneficiados por el sistema; los segundos, perjudicados; y a los terceros les resulta prácticamente indiferente.
Si el voto de todos los vascos valiera lo mismo en las elecciones autonómicas, el PNV ampliaría su ventaja sobre el resto de fuerzas, en especial sobre PP y PSE. Y es que a Vizcaya, con más del 53% de la población vasca, le correspondería designar 40 escaños de la Cámara; a Guipúzcoa, con el 32’5%, un total de 24; y a Álava, con menos del 15%, apenas 11. Tomando como base los datos del estudio preelectoral del CIS, difundidos justo antes de la campaña, Íñigo Urkullu estaría en disposición de lograr 31 actas y no 27-28 (19 vizcaínas, 9 guipuzcoanas y 3 alavesas); EH Bildu lograría las mismas 16 (7-7-2); Podemos se quedaría en 15 (7-5-3); el PSE caería hasta los 7 escaños (4-2-1); y el PP sacaría 6 (3-1-2).
Socialistas y populares, que con el actual sistema sumarían 16 diputados -ocho cada uno-, perderían el 19% de ellos (3) si se ponderara el peso poblacional de las provincias. Esos escaños los ganaría el PNV, aumentando su preeminencia y quedando a solo siete de la mayoría absoluta. Ciudadanos no tendría prácticamente ninguna posibilidad de entrar en el Parlamento, cosa que ahora roza por Álava, donde más ‘barato’ está el escaño.
Si el voto de todos los vascos valiera lo mismo, Patxi López no hubiera podido ser lehendakari
El panorama sería similar con los números que arrojaron las anteriores elecciones, en 2012. Con un sistema proporcional puro, el constitucionalismo hubiera sacado dos escaños menos -correspondientes a PP y UPYD-, que hubieran ido a parar a los jeltzales y a EH Bildu. En 2009, la cita a la que no concurrió la ilegalizada Batasuna y que propició el desalojo del PNV por primera vez, hubiera ocurrido tres cuartos de lo mismo. El PSE de Patxi López jamás hubiera podido gobernar sin sumar más avales que los del PP, puesto que la mayoría absoluta hubiera quedado de nuevo en manos del soberanismo. UPYD se hubiera quedado a cero y los populares con dos representantes menos, ganados por PNV y Ezker Batua (EB). López no habría pasado de los 36 votos y Juan José Ibarretxe hubiera podido superarle articulando un pacto con Aralar, EB y Eusko Alkartasuna para recibir 39 apoyos.
Aunque los cambios en términos cuantitativos no serían enormes, sí serían muy relevantes cualitativamente. Las fuerzas nacionalistas o independentistas hubieran tenido siempre una distancia de entre 4 y 6 escaños más sobre las constitucionalistas y el relevo en el poder de 2009-2012 hubiera sido inviable. La desviación puede pronunciarse ahora que PSE y PP están en franco retroceso en Euskadi y tienen en Álava su principal sostén. Siete de los 16 escaños que les vaticina el CIS vienen de esa provincia. Los datos son muy coincidentes con los ofrecidos por demoscópicas privadas, todas las cuales dejan a Ciudadanos a cero en Vizcaya y Guipúzcoa y con la única posibilidad de llevarse el último escaño alavés. Un acta a la que nunca aspirarían si en vez de 25 escaños se pusieran en juego los 11 que por población corresponden a dicho territorio.
Un Parlamento muy fragmentado
Con todo, se mantendría la fragmentación de una de las Cámaras más plurales de España, que en varias ocasiones ha estado conformada por hasta siete partidos distintos y no ha conocido mayorías absolutas. “Existe unanimidad en referir al sistema de partidos vasco articulado desde la reinstauración de la democracia en España como de pluralismo extremo y polarizado”, explica al respecto el politólogo Sergio Pérez Castaños, de la Universidad del País Vasco. En esta región han existido “cuatro grandes espacios políticos ocupados por sendos partidos”: nacionalismo institucional (PNV); izquierda abertzale (Batasuna y sus sucesivas secuelas); izquierda autonomista (PSE); y centro derecha españolista (PP).
A ellas habría que sumar otras que “han ido obteniendo representación parlamentaria”, algunas siendo “relevantes dado que ofrecieron apoyos parlamentarios o jugaron un papel relativo en la gobernabilidad de la CAPV en cualquiera de sus ámbitos de gobierno”: Aralar, Euskadiko Ezkerra, Eusko Alkartasuna, Unidad Alavesa, Ezker Batua o UPYD. Ciudadanos podría sumarse a la lista a partir del domingo y Podemos lo hará erigiéndose en actor central gracias al mordisco que le pegará a los electorados de Bildu y PSE.
En Euskadi conviven cuatro espacios políticos: nacionalismo institucional, izquierda abertzale, izquierda autonomista y derecha españolista
La atomización persistiría aunque se reformara el sistema electoral, concluye Pérez Castaños en un informe donde ha estudiado las alternativas propuestas -ponderación de la población y circunscripción única- porque emana del pluralismo de la sociedad vasca. En cualquier caso, los mecanismos actuales sí presentan las derivadas descritas y contribuyen a maquillar el deterioro de los partidos tradicionales. Una caída continua desde que el constitucionalismo tocara techo en 2009 con el 47% de respaldo electoral, favorecido por la ilegalización de una Batasuna que pidió el voto nulo.
Cuando la izquierda abertzale concurrió de nuevo, la suma PSE-PP-UPYD bajó al 33% (2012) y está ahora en poco más del 21%. Socialistas, populares y Ciudadanos apenas sumarán el domingo la cota que a finales de los 90 y principios de los 2000 marcaban PP y PSE por separado. Parece que ha pasado un mundo pero hace solo 15 años que Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros se quedaron a cinco diputados de la mayoría absoluta, tras obtener el 23’12% y el 17’9% del voto en las autonómicas de 2001.
El retroceso es coherente con el vivido por los grandes partidos en toda España los últimos años. Si aquí se manifiesta más acusadamente es porque ambos partían de cotas más bajas y en consecuencia, como explicaba en SABEMOS el director del Euskobarómetro, Francisco Llera, perdieron la capacidad de granjearse voto útil.
Además, están teniendo dificultades para adaptarse a esta nueva época sin violencia de ETA. “La política en el País Vasco se ha vuelto acusadamente posheroica y cada vez suenan como más anticuados, más sutilmente fuera de lugar, tanto los discursos nacionalistas de cariz sabiniano como los resistencialistas de los que sufrieron persecuciones en el pasado”, escribía recientemente Carlos Ruiz Soroa en El País. Así se explicaría la contención del PNV, el éxito de un Podemos que no existía en los tiempos en que ETA mataba y el retroceso de los abertzales desde que tocaran techo con su regreso a la legalidad.
Para Ruiz Soroa, “la Euskadi posterrorista encamina su vida intelectual por una senda burdamente pragmaticista, en la que las antiguas verdades impuestas o defendidas mediante la muerte pierden su sentido y son sustituidas por políticas nacionalistas gradualistas de baja intensidad”. De modo que “en Euskadi los dados caen ahora a favor de echar al olvido el terror pasado, y con él a todos sus protagonistas”. Por injusto que pueda parecer, como expresaba Fernando Savater en entrevista con este diario, que “los partidos que más han sufrido el acoso del terrorismo, los que pusieron los muertos” sean los más penalizados en un escenario sin violencia. Y precisamente eso es lo que ocurrirá, con independencia de las singularidades del sistema electoral.
