Europa está dividida respecto al uso de la fractura del subsuelo para liberar gas y petróleo. 17 países de la Unión Europea han dicho que no autorizarán esta técnica dadas las dudas que existen sobre su efecto en el medio ambiente y los movimientos sísmicos, frente a once que sí lo harán. Entre tanto, con la crisis rusa de fondo, España trabaja en toda una estrategia para convertirse en el corredor hacia Europa del gas que EEUU obtiene mediante fracking. En las negociaciones del TTIP pide que se den licencias automáticas para exportar gas licuado, ha logrado un compromiso de inversión del Plan Juncker para las interconexiones gasísticas con Francia y el ministro Soria ha cantado a su homólogo estadounidense las bondades de las plantas regasificadoras de la Península.
El Tratado de Libre Comercio que negocian Europa y EEUU (TTIP por sus siglas en inglés) avanza muy lentamente, lleno de polémica y con poca luz sobre cuáles son los sectores que finalmente van a verse afectados por el levantamiento de las barreras que separan los dos gigantescos mercados de ambos lados del Atlántico. Con cuentagotas, se van conociendo posturas y peticiones de los gobiernos europeos. Ayer, en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, profundizó en algunas de las que el Gobierno del Partido Popular considera prioritarias para España. Entre ellas, García-Legaz se refirió a una concreta en materia de energía: «Conseguir la liberalización efectiva de las exportaciones de EEUU de Gas Natural Licuado (GNL) (…), al ser esta una materia prima importante para algunos sectores españoles, como los fertilizantes, y tener un precio más competitivo en EEUU».
Pero, ¿es el abaratamiente de costes de sectores tan concretos realmente la razón fundamental de que España haya puesto el foco en que se facilite la llegada de gas natural desde EEUU? Evidentemente no, como reconoció el propio García-Legaz a SABEMOS al término de su comparecencia. Que se tenga que pedir una licencia de exportación cada vez que se quiere traer gas natural licuado metido en un barco desde EEUU a Europa, como ocurre en la actualidad, en lugar de que se liberalice de forma efectiva y sea automático, puede ser un tostón, pero no como para suponer una exigencia dentro del extenso TTIP, salvo que se quiera traer de forma masiva.
Y eso es lo que está buscando el Gobierno de España con sus actuaciones en diferentes frentes: que este país se convierta en la puerta de entrada a Europa del gas barato de EEUU extraído mediante fractura hidráulica (fracking), una técnica muy cuestionada en Europa por las dudas sobre los riesgos que puede implicar para las aguas subterráneas y el medio ambiente en general, así como por su posible influencia en el incremento de movimientos sísmicos en algunas zonas en las que se está utilizando. De hecho, dado que la Comisión Europea ha optado por dar libertad a los países para regular el fracking, 11 son los que han dicho que se plantean dar autorización para utilizar esta técnica en su territorio (entre ellos España) y 17 los que han dicho que no.
Hay otra opción. Traerlo de donde esté admitida esta técnica. EEUU se ha convertido en exportador neto de gas y petróleo gracias al fracking, provocando el derrumbe de los precios. Su intención de exportar a Europa su nueva fuente de riqueza se ha visto tremendamente favorecida por el conflicto con Rusia a raíz de la crisis en Ucrania. EEUU no ha dudado en alentar dicho conflicto con exigencias de medidas más contundentes por parte de Europa contra Rusia, el principal suministrador de gas del Viejo Continente (no así de España que recibe la mayoría del gas de Argelia), al tiempo que mandaba el mensaje de que garantizaría el suministro. Pero necesitaba una puerta.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, no tardó en ofrecerle al secretario de Energía estadounidense, Ernest Moniz, el año pasado la llave de entrada. La oferta venía acompañada por el hecho de que España cuenta con una amplia infraestructura para convertir el líquido que trae el barco de nuevo en gas. La Península cuenta con siete plantas regasificadoras incluida una en Portugal.
Del fracking al Plan Juncker
¿Qué puede hacer España con el gas una vez esté aquí? Necesita infraestructura para enviarlo al norte de los Pirineos y eso cuesta dinero. Mucho. España tiene conexión de gas con Francia pero la capacidad es muy limitada y el principal proyecto de inteconexión, el gasoducto Midcat, se paró a 70 kilómetros de la frontera. Ahí entra la segunda parte de la estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de gas y en general de energía: el Plan Juncker (oficialmente Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas), la propuesta de inversión del presidente de la Comisión Europea que pretende reactivar la economía movilizando 315.000 millones de euros en tres años, con una aportación pública finalmente muy limitada (21.000 millones) y basada en el apalancamiento y la supuesta activación de inversión privada para el resto.
¿Qué papel ha jugado este país en esas negociaciones del Plan Juncker? Lo que se dice entusiasta, no se ha mostrado. España se ha comprometido a aportar a través del ICO una cantidad muy inferior a la de otros grandes países de la UE (1.500 millones de euros). Tampoco es que se haya lanzado a presentar propuestas. Los largos listados de otros países (2.000 proyectos valorados en 1,3 billones de euros) dejaban en evidencia la mínima información sin detalles de España, que sin embargo pedía una inversión valorada por este país en 53.000 millones de euros.
Aunque el Plan Juncker está muy centrado en la financiación a pymes, el foco principal de este país está puesto en un sector: el energético. Es algo que el Ejecutivo tenía claro desde que el ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó el Plan Juncker en el Congreso a finales del año pasado, cuando pronosticó que hasta la mitad de los fondos que estaba previsto captar podían ser para energía.
¿Es factible lograrlos? Lo es. Rajoy convocaba en Madrid el pasado mes de marzo al presidente francés, François Hollande; el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, y a Juncker. Acudían al encuentro además el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, y el comisario de Clima y Energía de la UE, Miguel Arias Cañete. España quería convencer de su apuesta por las inversiones en interconexión energética para aumentar la independencia de la Unión Europea respecto a Rusia. De la visita conseguía arrancar la Declaración de Madrid a Francia, Portugal y la Comisión. Se trató de un compromiso de aportación del Plan Juncker (entre otras fuentes) a interconectar la Península con proyectos que incluyen el gasoducto Midcat, que se espera esté en funcionamiento en 2020.
España está contando con un firme aliado en Bruselas durante el proceso. Arias Cañete, recién nombrado comisario de Energía (y sí, también de cambio climático), empezaba ya a mandar el mensaje de que España cumple dos importantes requisitos para ser candidata a los fondos de Juncker: la fuerte caída experimentada por las inversiones a raíz de la crisis y las deficiencias en eficiencia energética e interconexiones con el resto de Europa.
Ahora España tiene que completar los trámites pendientes antes de la votación de la Eurocámara que tendrá lugar el próximo 24 de junio.
